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Año XII, 10 de agosto de 2020

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Lorena Pizarro: “La lentitud de la justicia permite que violadores de DDHH vivan en la impunidad”

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la condena emitida por la Corte Suprema en contra de 33 agentes de la CNI por crímenes cometidos en 1987. Si bien valoró el fallo, señaló que a treinta años de ocurridos los hechos, es más lo que han vivido en la impunidad estos violadores de los DDHH que en prisión efectiva.

Gonzalo Castillo

  Miércoles 22 de marzo 2017 21:50 hrs. 





El mayor número de agentes de la Dictadura condenados fue el que se dio a conocer este miércoles luego que la Corte Suprema sentenciara a 33 ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército, por su responsabilidad en los secuestros calificados de los miembros del FPMR Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados a partir del 1 de septiembre de 1987.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo Tribunal, acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, modificando la sentencia original.

En la resolución, la Corte Suprema condenó a los agentes de la CNI Álvaro Corbalán Castilla y Hugo Salas Wenzel a de 15 años de presidio, en calidad de autores en los secuestros calificados. Mientras que 21 ex agentes fueron condenados a diez años de prisión, nueve uniformados a cinco años y un día de reclusión y el restante condenado a 3 años y un día, en calidad de cómplice.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer que las cinco víctimas fueron secuestradas por agentes del Estado en represalia por el rapto del coronel de Ejército Carlos Carreño, y hechas desaparecer en un operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército, arrojando sus restos al mar en las costa de Quintay.

En el aspecto civil, se confirmaron las demandas de indemnización presentadas en contra del Estado de Chile, fijándose el monto total a pagar en 380 millones a familiares de las víctimas.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró tardío este fallo de la justicia, que recién a 30 años de ocurridos los hechos han logrado determinar a los responsables, lo que en la práctica les ha permitido vivir en la impunidad, con la “impunidad” del Poder Judicial, “salvo honrosas excepciones”.

“Siempre a uno le queda esa sensación que la justicia en Chile ha sido tan lenta que, finalmente estos sujetos han vivido, prácticamente su vida en impunidad. Uno no puede sólo decir que bueno que se les condenaron, aquí hace mucho tiempo que se sabe quiénes y dónde están los responsables, así como sabemos dónde están los civiles y no se les condena”.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, valoró este fallo de la Corte Suprema y destacó que a pesar de los treinta años “en los que no hubo colaboración” de parte de los acusados, de todas formas se ha logrado hacer justicia.

“Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como Subsecretaría, y como Programa de Derechos Humanos que se hizo parte de esta causa, nos sentimos satisfechos porque avanzar en verdad y justicia significa que vamos consolidando un futuro respetuoso que se ancla en los derechos humanos. No es menor que hayan pasado treinta años en los que no hubo colaboración, en muchos casos se obstaculizó la investigación, y eso da cuenta de la tardanza, pero la justicia llegó y el resultado de esto es que 33 personas han sido condenadas”.

Sobrepoblación en Punta Peuco

Uno de los problemas logísticos que plantea esta última condena contra violadores de derechos humanos es que de los 33 sentenciados, 20 tendrán que ser internados en un recinto penal distinto de Punta Peuco, ya que sólo quedan seis cupos en la cárcel especial, considerando que seis de los condenados se encuentran actualmente en prisión por otros casos.

El ministro en visita Mario Carroza señaló que el más probable recinto que deberá acoger a estos nuevos condenados por violaciones a los DDHH será la cárcel de Colina Uno, aunque la decisión deberá ser ratificada por Gendarmería.

“Entiendo que la dirección de Gendarmería, de una u otra manera ya ha estado viendo cuáles son las posibilidades como para habilitar otro lugar que no sea Punta Peuco. Comprendo yo que es una de las posibilidades puede ser Colina Uno, me imagino que lo verán cuando el caso se concrete”.

En tanto, el abogado de algunos de los militares presos en Punta Peuco, Raúl Meza, señaló que existe inquietud entre los condenados que ya se encuentran internos en Punta Peuco, como Álvaro Corbalán, que sean trasladados a otro recinto penitenciario, por lo que esperan que sólo los nuevos condenados sean quienes deban ser trasladados a otra cárcel como Colina Uno.

“Yo quiero entender como así se ha informado, extraoficialmente a las familias de Punta Peuco y a los internos de que estaría dispuesto Colina Uno para los nuevos condenados. Esperamos que sea una decisión que se tome pronto y sean una decisión tomada por Gendarmería que le corresponde de acuerdo a las normas de carácter administrativo. Así que, si bien es cierto existe una inquietud, esperamos que los condenados de Punta Peuco que hoy cumplen condena se mantengan en ese recinto, y los nuevos condenados cumplan en el nuevo recinto que es Colina Uno”.