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Año IX, 19 de noviembre de 2017

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Comisión de Educación aprueba derogar el CAE y Gobierno hace reserva de constitucionalidad

Karina Palma |Jueves 22 de junio 2017 8:29 hrs.

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En medio de fuertes críticas y con divisiones entre los miembros de la Comisión, luego de 23 horas se despachó el proyecto de reforma a la educación superior. Ahora, tendrá que pasar al hemiciclo y, después, al Senado. Esto, en medio de la posible apelación de La Moneda ante el Tribunal Constitucional por el fin del Crédito con Aval del Estado.

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Por 23 horas sesionaron los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara para discutir hasta su total despacho el proyecto de Ley sobre Educación Superior. La instancia concluyó el trámite parlamentario pasadas las ocho de la mañana de este jueves.

Si bien la iniciativa fue simplificada, al establecer una legislación paralela para las Universidades del Estado y otra para generar un mecanismo de financiamiento en reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual deberá ingresar durante el segundo semestre, la instancia no estuvo exenta de polémicas.

De este modo, uno de los aspectos que mayor controversia causó entre los parlamentarios fue el Título II del proyecto, el cual refiere a la acreditación institucional. Cristina Guirardi, diputada PPD, fue una de las más críticas respecto de los años mínimos de acreditación que debe tener una universidad, argumentando que los cuatro años que se proponen son insuficientes.

Para la diputada Girardi si la legislación busca mejorar la calidad del sistema universitario, es necesario aspirar a que las instituciones sean certificadas por la cantidad máxima de años posibles. “Lo que propone el Ejecutivo es algo insuficiente porque quiere decir que aunque una institución no cumpla con todo igual le darán la acreditación. Eso es insostenible si nuestro objetivo es que el sistema mejore”.

Sin embargo, estas indicaciones no fueron aprobadas y finalmente la acreditación quedó establecida por cuatro, cinco, seis o siete años.

Sobre este punto Camila Vallejo, diputada comunista, justificó los cuatro años mínimos argumentando que si una institución no presenta todos los requisitos, debe ser certificada nuevamente en un corto periodo de tiempo. “Lo que ocurriría si solo acreditamos por más de cinco años es que se le darán más años a universidades que no están funcionando íntegramente en todas sus áreas”.

En tanto, el diputado UDI Jaime Bellolio también manifestó su rechazo a esta indicación, afirmando que “hoy solo un puñado de universidades cuenta con cinco o más años de acreditación, de hecho gran parte de las estatales no los tiene. Si dacimos que el mínimo deben ser cinco años, estamos estableciendo de facto que no queremos que hayan más universidades”.

Del mismo modo, los parlamentarios aprobaron que todas las instituciones deberán ser complejas, ya que tendrán que ser acreditadas obligatoriamente en cinco áreas: docencia, gestión y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad, generación de conocimiento, creación e innovación y vinculación con el medio.

A temprana hora de este jueves, los parlamentarios miembros aprobaron el compromiso de derogar el Crédito con Aval del Estado. El crédito instalado en 2006 ha sido una de las principales banderas de lucha del movimiento estudiantil, sobre todo, por el endeudamiento familiar que provoca al estar mediado por la banca.

En abril de este año, el Gobierno se comprometió a terminar con esta forma de pago, sin embargo, hasta ahora, solo se ha establecido que no se condonará a los deudores afectados, sin establecer el mecanismo de reemplazo del instrumento, que ingresará vía ley durante este segundo semestre. Pese a esa promesa, una vez aprobado el punto en la Comisión, La Moneda, a través de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, anunció una reserva para poder apelar eventualmente al Tribunal Constitucional:
“El Ejecutivo hace reserva de constitucionalidad de lo que se acaba de aprobar y plantea que no es responsable y no se condice con lo que la ministra prometió a la ciudadanía en su conjunto. Esto era sujeto a que esto no iba a quedar en la indefensión de los estudiantes”.

Además aprobaron sanciones al lucro, que incluso puede ser penado con cárcel; también se incluyeron cambios al sistema de admisión a la educación superior, la que ahora quedará en manos de una Subsecretaría de Educación Superior y no del Consejo de Rectores.

Ahora, el proyecto debe pasar a la Cámara de Diputados para ser despachado hacia la Cámara Alta.

Movilizaciones y rechazo al proyecto de Universidades de Estado

Esta discusión se dio en medio de un contexto de movilizaciones, en que miles de estudiantes, convocados por la Confech, marcharon durante la jornada en distintas ciudades del país, en rechazo a los dos proyectos de educación superior que se encuentran en el Congreso: el general y el de universidades del estado.

Los estudiantes hicieron un llamado tanto al Ministerio de Hacienda como al de Educación para que establezcan plazos concretos respeto de la política de gratuidad. Además, demandaron la condonación de la deuda por el Crédito con Aval del Estado.

En la manifestación también se criticó duramente la iniciativa sobre instituciones estatales que el Ejecutivo ingresó al Congreso. Sobre esta legislación, los estudiantes mencionaron que es un atentado contra la autonomía universitaria y la democracia interna de las instituciones del Estado, perjudica las condiciones laborales de los funcionarios y no demuestra avances en materia de financiamiento.

El pasado martes, la propuesta fue públicamente cuestionada y rechazada por los distintos estamentos de la Universidad de Chile, quienes aseguraron que muchos de los articulados de este proyecto representan un retraso sobre la participación de la comunidad universitaria, que ha sido construida en diversos planteles del Estado.

Si bien, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, valoró la oportunidad de que se discuta un cuerpo legal especializado en la educación superior pública, cuestionó ciertos aspectos dentro del proyecto, calificando la iniciativa como un “golpe mortal a la autonomía universitaria”.