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Año IX, 17 de diciembre de 2017

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Derechos Humanos

Londres 38 inicia ofensiva contra empresa que habría colaborado con la DINA

Nicolás Massai D. |Martes 3 de octubre 2017 19:04 hrs.

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Se trata de la Pesquera Arauco, a la que le atribuyen, entre otros hechos, el haber trasladado a presos políticos durante la dictadura por medio de sus camionetas frigoríficas. La organización detrás de esta acción judicial afirma que es la primera de estas características, que busca castigar a una compañía que habría sido integrada por militares y personas de la sociedad civil.

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La escena transcurre en 1974, según recuerda Samuel Houston. “En marzo de ese año, después de un día de intensas torturas, a un grupo de ocho personas nos subieron vendados a unos vehículos y nos trasladaron desde Londres 38 hasta Tejas Verdes”, dice.

El trayecto hasta la costa duró un par horas, y él junto a los otros presos políticos se dieron cuenta que estaban cerca de la playa por medio de la respiración. “Se olía el mar”, agrega.

Houston está frente a la fachada de los Tribunales de Justicia, de pie, con un cigarro en la mano derecha y con un cartel enrollado en la mano izquierda. Espera a que la abogada del centro de memoria Londres 38 interponga una querella criminal en contra de la Pesquera Arauco, empresa que a partir de 1973 habría facilitado sus camionetas frigoríficas para el traslado de detenidos de un lado a otro. Una de éstas, narra, lo llevaba a él en su interior.

“Nosotros veíamos las camionetas. Es más. Había una a la que le decían la Paloma Blanca. Se rumoreaba que los que eran trasladados en ella hasta Santiago, quedaban en libertad”, termina.

También está presente en el acto Erika Hennings, detenida en julio del 74’ y llevada junto a su marido –Alfonso Chanfreau, todavía desaparecido– hasta el cuartel de Londres 38, dependiente de la DINA encabezada por Manuel Contreras, mismo jefe que presidió el directorio de la compañía. Ella habla del modus operandi.

“(Las personas) Eran trasladadas a distintos centros, a Tejas Verdes o Santo Domingo, desde donde los hacían desaparecer. Trasladaban además a personas en sacos, ya muertas, es decir, la responsabilidad de la Pesquera Arauco es muy importante en relación a las personas desaparecidas”, dice.

La querella criminal en contra de esta empresa desaparecida a comienzos de los 90’ resultaría inédita; según la organización Londres 38, ésta se elevaría como la primera acción legal en contra de una organización que habría colaborado con la policía de inteligencia de Pinochet, lo que pone nuevamente en el foco de la discusión la participación por parte de miembros de la sociedad civil en los asesinatos que se vinieron a partir de 1973.

Magdalena Gálvez, abogada del centro de memoria, quien está al lado de Hennings, explica en pocas palabras el objetivo de esta movida judicial. “La acción se dirige a establecer la responsabilidad penal de los directores de estas empresas. Los antecedentes apuntan a la utilización tanto de recursos como de infraestructura por la Pesquera Arauco como la Pesquera Chile en la desaparición de las víctimas. Son 85 desaparecidos desde Londres 38”, indica.

Asimismo, complementa que “nuestra querella tiene que ver con lograr establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, y acortar la brecha de impunidad que existe en Chile, donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que no sepamos hasta el día de hoy dónde están”.

Contra la impunidad

Para la abogada de derechos humanos y mujer involucrada hace muchos años en esta lucha por la verdad histórica, Carmen Hertz, “la impunidad penal, social y política que han tenido los civiles que fueron directamente cómplices de los crímenes, es un agravio al conjunto de la sociedad, cuando se ha experimentado prácticas genocidas como es el caso de la sociedad chilena. No es un problema solo de las víctimas y de sus familiares, sino que del conjunto de la sociedad”.

La abogada aprovecha de relatar el caso de una conocida persona ajena a las Fuerzas Armadas que habría facilitado del proceso represivo.

“En el caso de la Sudamericana de Vapores –que el dueño era Ricardo Claro, fallecido en la más absoluta impunidad– al menos dos barcos, el Lebu y el Maipo, fueron cárceles flotantes y se usaron también para el traslado de prisioneros a Pisagua”, añade.

Por último, Javier Rebolledo, periodista que escribió el libro A la sombra de los cuervos –texto que describe la complicidad civil durante la dictadura–, realiza una reflexión a partir de la noticia protagonizada este martes por Londres 38.

“La mayoría de las violaciones a los derechos humanos se llevaron a cabo con la ayuda y aprobación directa o indirecta de los civiles. Lo que ha dicho Felipe Kast, por ejemplo, de que él participaría de un gobierno militar tal como lo hizo su padre, para aportar desde un punto de vista civil pero condenando los derechos humanos, eso es una mentira, es una falacia”, dice.

La gente agrupada a las afueras de Tribunales se extienden para formar una imagen; la de la fotografía. Ahí Samuel Houston extiende el cartel que llevaba enrrollado en la mano izquierda. En éste se lee el mensaje de la campaña que encabeza la agrupación, y en la que se enmarca esta querella criminal: “Toda la verdad / Toda la Justicia”.