Diario y Radio U Chile

Año X, 22 de julio de 2018

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Juan Pablo Cárdenas S.

Universidades y participación interna

Juan Pablo Cárdenas S. | Domingo 1 de julio 2018 9:47 hrs.

El Rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, ha anunciado que, después de 40 años, los representantes estudiantiles de ese plantel recuperen derecho a voz y voto dentro del Consejo Superior del mismo. Una decisión que, aunque tardía, debemos celebrar cuando otras universidades públicas y privadas todavía no le recuperan, ni le otorgan, esta posibilidad al estamento más numeroso de la educación superior.

Anotemos que muchas entidades todavía se rigen por los estatutos impuestos por la Dictadura que hicieron tabla rasa de todas las conquistas de la reforma universitaria del año 1967, a excepción de la Universidad de Chile que sí se dio una nueva normativa, aunque aquí la Federación de Estudiantes (FECH) no cuente todavía con el voto de sus representantes en nuestro Consejo Universitario.

Es cosa de imaginarse cuántos conflictos, demandas y contratiempos podrían haberse evitado y bien encausados si las universidades le otorgaran a sus estudiantes voz y un razonable grado de decisión entro de sus entidades directivas. Movilizaciones sin duda saludables en su mayoría, pero que han causado indudables trastornos al proceso educativo y al prestigio de muchas entidades, especialmente las que pertenecen al Estado pero, como sabemos, no del presupuesto fiscal.

Imaginamos que la decisión de esta pontificia universidad va a servir de acicate para que otros planteles tomen la misma medida, pero también adopten otra serie de reformas que institucionalicen la participación de los maestros, los estudiantes y el personal administrativo o de colaboración. Especialmente, cuando estos últimos son frecuentemente los que por más tiempo se desempeñan en las universidades y habría que reconocerles su enorme solvencia y experiencia respecto de la gestión universitaria.

El que oficia de rector en las universidades tiene a cargo toda la administración de sus planteles, además de representarlos ante los diversos organismos del Estado y de la Sociedad. Entonces, justo y consecuente sería que, luego de otorgarle un grado de soberanía a los estudiantes, se avanzara hacia la elección de estas autoridades por votación ponderada de los tres estamentos. Algo que alcanzó a practicarse antes de nuestros quiebre institucional de 1973.

En efecto, rectores y decanos deben gobernar sobre el presente y el futuro de profesores, investigadores, profesionales, estudiantes y un amplio cuerpo de funcionarios administrativos. Resulta, por lo mismo, anacrónico y abusivo que solo los académicos tengan derecho a voto en la elección de los mismos. En una práctica que, por cierto, explica las profundas asimetrías existentes entre las remuneraciones, por ejemplo, de quienes cumplen diversas funciones en nuestras casas de estudio. Con grados de injusticia flagrantes y que manifiesta las mismas desigualdades de la sociedad chilena, donde los parlamentarios, como ya se ha demostrado, ganan unas cuarenta veces más que los trabajadores del empleo mínimo y promedio.

Es obvio que la Universidad fundada por el redactor de nuestro Código Civil debiera ser la pionera es practicar una mejor distribución del ingreso, así como suprimir una serie de privilegios y resquicios para que haya académicos que complementan abusivamente sus ingresos, mientras tantos miembros del personal deben recibir sueldos realmente ofensivos a su dignidad y productividad. Ciertamente, un mal que es generalizado en nuestro sistema de educación superior.

Nos consta que por años el Senado Universitario de nuestro plantel ha estado abogando por reformas en tal sentido. Por consolidar una mejor representatividad y participación de los estudiantes, como por valorar y mejorar la condición en que se desempeñan miles de funcionarios. Sería cuestión que el Rector Ennio Vivaldi, en su nueva administración, y después de la vorágine de campus y escuelas tomadas y paralizadas (que, por fin, parecen normalizar su actividad) se diera ahora a la tarea de legar un plantel más justo y solidario en las relaciones de sus tres estamentos.

Sin embargo, junto con valorar lo que ha hecho la Universidad Católica, las universidades estatales debieran dar varios pasos más contundentes si se quiere reconocer lo que hace cuarenta años se había consolidado y si se quiere asumir los desafíos del presente y del porvenir. Solo a modo de ejemplo, ya existen universidades en el mundo que han institucionalizado la participación de los egresados en sus decisiones. Con lo que se reconoce su experiencia laboral y la posibilidad de colaborar muy eficientemente en la actualización de las mallas curriculares y programas de estudio.