El gobierno invocará la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables de los ataques incendiarios contra camiones y el asalto contra un peaje en la provincia de Malleco en la región de la Araucanía.
 
La decisión la informó el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien dijo que el Ejecutivo condena abiertamente estos ataques que se alejan de lo que calificó como un esfuerzo para resolver las demandas de los mapuches.

"Estamos frente a un grupo de delincuentes que no quieren que la Araucanía tenga la cordura, que no quiere resolver los problemas de los pueblos mapuches y por eso hemos tomado la decisión en estos casos de invocar la Ley Antiterrorista para perseguir a este grupo de gente que lo único que quiere es causar desorden, delitos, e intranquilidad en una región que busca un camino de concordia y de salida", puntualizó el subsecretario.

La Ley Antiterrorista ha sido aplicada 16 veces en la última década, la mayoría de las ocasiones contra los mapuche. Las últimas, luego de un compromiso de la Presidenta Bachelet de no acudir a ella.

Este punto es el que relevó el director del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, Alejandro Herrera, que ve en la decisión de La Moneda una reacción apresurada, en donde sólo se toman en cuenta factores coyunturales.

"Por una parte hay un compromiso presidencial de no recurrir a la Ley Antiterrorista nuevamente y por otro lado aparece el subsecretario indicando que se va aplicar esta ley y al mismo tiempo la vocera de gobierno indica que se trata de hechos delictuales, entendiendo que la Ley Antiterrorista se aplica para situaciones de una índole bien definida que no tiene que ver con este tipo de hechos, por lo tanto, me parece que ha habido una descoordinación entre distintos sectores de gobierno en relación a cómo enfrentar la situación y que está respondiendo a la contingencia que eventualmente podría vincularse a la decisión del gremio camionero de llegar a una suerte de paro nacional", destacó el experto.       

Herrera además afirmó que el gobierno tiene las herramientas legales para no invocar esta normativa, por lo que estima que el gobierno desde un inicio ha actuado de manera errada.

Ante estos hechos, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, aseguró que se evalúa dejar de operar en las áreas de mayor conflictividad.

Consultado por las críticas de los empresarios camioneros, Rosende afirmó que las medidas de seguridad en la zona se están implementando, como por ejemplo mayores controles en la ruta y el aumento del contingente de policías en la región para evitar otros ataques de estas características.