Los más de ochenta mil funcionarios de ministerios y servicios públicos del país iniciarán este jueves un paro de actividades debido a que la negociación con el gobierno, enfocada en mejorar la precariedad de empleo en el sector, no ha llegado a buen puerto.
El gremio exige al Ejecutivo que entregue una respuesta a la situación de los miles de empleados fiscales que trabajan a contrata o con boletas de honorarios, de lo contrario comenzarán una paralización de actividades.
El líder sectorial, Raúl de la Puente, sostuvo que la Presidenta Bachelet se comprometió en la sede de la ANEF, a resolver la “inestabilidad y precariedad del empleo en la administración pública”, materia que, según el dirigente, no se ha cumplido.
"El Estado es como el padre Gatica, predica para el sector privado, pero no practica para la administración pública, por lo tanto, llamamos a la Presidenta a que instruya al ministro de Hacienda en virtud del compromiso que ella firmó con los trabajadores. Llamamos al ministro Velasco, que tendrá muy buen ranking en las encuestas, pero que dentro de los funcionarios públicos tiene una gran deuda", enfatizó De La Puente.
Según el gremio, el trabajo a contrata se ha duplicado en los últimos años vulnerando la legislación vigente regulada por el estatuto administrativo, que contempla una proporción de 80 por ciento de personal de planta y un 20 a contrata.
De acuerdo a datos de la Anef, existen 85 mil funcionarios bajo contrato a plazo fijo y 30 mil a honorarios, lo que representa un 51 por ciento de la fuerza laboral del fisco.
La economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa, calificó de irregular la situación que afecta a más de la mitad de los funcionarios públicos.
“El sistema de honorarios hay que entenderlo como un mecanismo para funciones que no son permanentes en el servicio. En ese sentido el porcentaje de honorarios que esté haciendo funciones permanentes del servicio sería, de alguna manera, irregular. El contrata es un mecanismo que permite dar mayor flexibilidad institucional y dar mayor incentivo en relación a la planta y, probablemente, lo que estamos observando hoy es una situación en que ninguno de los dos son lo óptimo”, afirmó la experta.
A su vez, la economista laboral Carmen Espinoza dijo que este problema tiene su génesis en la Constitución Política.
“En el sector público existe un tratamiento a los trabajadores bastante más flexible a veces que en la empresa, pero esto es un problema estructural que no tiene que ver sólo con los servicios sino que con el desarrollo de actividades que tiene que ver con la Constitución”, aseveró Espinoza.
Además de la movilización, los empleados fiscales no descartan acudir al Congreso para presionar a los parlamentarios cuando se discuta la dotación del personal de planta en la Ley de Presupuesto 2010.
La negociación sectorial se da en medio de la compleja discusión por el reajuste de los funcionarios estatales. La idea es que el incremento salarial de 8 por ciento sea escalonado para las remuneraciones más altas y de 10 para quienes perciben salarios más bajos. También se contempla el congelamiento de sueldos más altos, como en el caso de ministros y subsecretarios.
Los más de ochenta mil funcionarios de ministerios y servicios públicos del país iniciarán este jueves un paro de actividades debido a que la negociación con el gobierno, enfocada en mejorar la precariedad de empleo en el sector, no ha llegado a buen puerto.
El gremio exige al Ejecutivo que entregue una respuesta a la situación de los miles de empleados fiscales que trabajan a contrata o con boletas de honorarios, de lo contrario comenzarán una paralización de actividades.
El líder sectorial, Raúl de la Puente, sostuvo que la Presidenta Bachelet se comprometió en la sede de la ANEF, a resolver la “inestabilidad y precariedad del empleo en la administración pública”, materia que, según el dirigente, no se ha cumplido.
"El Estado es como el padre Gatica, predica para el sector privado, pero no practica para la administración pública, por lo tanto, llamamos a la Presidenta a que instruya al ministro de Hacienda en virtud del compromiso que ella firmó con los trabajadores. Llamamos al ministro Velasco, que tendrá muy buen ranking en las encuestas, pero que dentro de los funcionarios públicos tiene una gran deuda", enfatizó De La Puente.
Según el gremio, el trabajo a contrata se ha duplicado en los últimos años vulnerando la legislación vigente regulada por el estatuto administrativo, que contempla una proporción de 80 por ciento de personal de planta y un 20 a contrata.
De acuerdo a datos de la Anef, existen 85 mil funcionarios bajo contrato a plazo fijo y 30 mil a honorarios, lo que representa un 51 por ciento de la fuerza laboral del fisco.
La economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa, calificó de irregular la situación que afecta a más de la mitad de los funcionarios públicos.
“El sistema de honorarios hay que entenderlo como un mecanismo para funciones que no son permanentes en el servicio. En ese sentido el porcentaje de honorarios que esté haciendo funciones permanentes del servicio sería, de alguna manera, irregular. El contrata es un mecanismo que permite dar mayor flexibilidad institucional y dar mayor incentivo en relación a la planta y, probablemente, lo que estamos observando hoy es una situación en que ninguno de los dos son lo óptimo”, afirmó la experta.
A su vez, la economista laboral Carmen Espinoza dijo que este problema tiene su génesis en la Constitución Política.
“En el sector público existe un tratamiento a los trabajadores bastante más flexible a veces que en la empresa, pero esto es un problema estructural que no tiene que ver sólo con los servicios sino que con el desarrollo de actividades que tiene que ver con la Constitución”, aseveró Espinoza.
Además de la movilización, los empleados fiscales no descartan acudir al Congreso para presionar a los parlamentarios cuando se discuta la dotación del personal de planta en la Ley de Presupuesto 2010.
La negociación sectorial se da en medio de la compleja discusión por el reajuste de los funcionarios estatales. La idea es que el incremento salarial de 8 por ciento sea escalonado para las remuneraciones más altas y de 10 para quienes perciben salarios más bajos. También se contempla el congelamiento de sueldos más altos, como en el caso de ministros y subsecretarios.
Los más de ochenta mil funcionarios de ministerios y servicios públicos del país iniciarán este jueves un paro de actividades debido a que la negociación con el gobierno, enfocada en mejorar la precariedad de empleo en el sector, no ha llegado a buen puerto.
El gremio exige al Ejecutivo que entregue una respuesta a la situación de los miles de empleados fiscales que trabajan a contrata o con boletas de honorarios, de lo contrario comenzarán una paralización de actividades.
El líder sectorial, Raúl de la Puente, sostuvo que la Presidenta Bachelet se comprometió en la sede de la ANEF, a resolver la “inestabilidad y precariedad del empleo en la administración pública”, materia que, según el dirigente, no se ha cumplido.
"El Estado es como el padre Gatica, predica para el sector privado, pero no practica para la administración pública, por lo tanto, llamamos a la Presidenta a que instruya al ministro de Hacienda en virtud del compromiso que ella firmó con los trabajadores. Llamamos al ministro Velasco, que tendrá muy buen ranking en las encuestas, pero que dentro de los funcionarios públicos tiene una gran deuda", enfatizó De La Puente.
Según el gremio, el trabajo a contrata se ha duplicado en los últimos años vulnerando la legislación vigente regulada por el estatuto administrativo, que contempla una proporción de 80 por ciento de personal de planta y un 20 a contrata.
De acuerdo a datos de la Anef, existen 85 mil funcionarios bajo contrato a plazo fijo y 30 mil a honorarios, lo que representa un 51 por ciento de la fuerza laboral del fisco.
La economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa, calificó de irregular la situación que afecta a más de la mitad de los funcionarios públicos.
“El sistema de honorarios hay que entenderlo como un mecanismo para funciones que no son permanentes en el servicio. En ese sentido el porcentaje de honorarios que esté haciendo funciones permanentes del servicio sería, de alguna manera, irregular. El contrata es un mecanismo que permite dar mayor flexibilidad institucional y dar mayor incentivo en relación a la planta y, probablemente, lo que estamos observando hoy es una situación en que ninguno de los dos son lo óptimo”, afirmó la experta.
A su vez, la economista laboral Carmen Espinoza dijo que este problema tiene su génesis en la Constitución Política.
“En el sector público existe un tratamiento a los trabajadores bastante más flexible a veces que en la empresa, pero esto es un problema estructural que no tiene que ver sólo con los servicios sino que con el desarrollo de actividades que tiene que ver con la Constitución”, aseveró Espinoza.
Además de la movilización, los empleados fiscales no descartan acudir al Congreso para presionar a los parlamentarios cuando se discuta la dotación del personal de planta en la Ley de Presupuesto 2010.
La negociación sectorial se da en medio de la compleja discusión por el reajuste de los funcionarios estatales. La idea es que el incremento salarial de 8 por ciento sea escalonado para las remuneraciones más altas y de 10 para quienes perciben salarios más bajos. También se contempla el congelamiento de sueldos más altos, como en el caso de ministros y subsecretarios.
