Siete integrantes del movimiento “Andha Chile a Luchar”, compuesto por deudores habitacionales, se colgaron del puente Pío Nono, sobre las aguas del río Mapocho.
Dos pobladores se lanzaron al caudal del río Mapocho y fueron rescatados, y posteriormente detenidos, por carabineros.
El resto de los protestantes finalmente cedió a las negociaciones con la policía uniformada y, al bajar del puente, fueron detenidos.
Los pobladores, a quienes preside Juana Silva, volvieron a protetar en la misma zona donde hace dos meses protagonizaron dramáticas escenas en una nueva manifestación que busca que el gobierno condone la hipoteca de sus casas, que fueron trasapasas a entidades bancarias privadas y que ahora están sujetas a remate.
Siete integrantes del movimiento “Andha Chile a Luchar”, compuesto por deudores habitacionales, se colgaron del puente Pío Nono, sobre las aguas del río Mapocho.
Dos pobladores se lanzaron al caudal del río Mapocho y fueron rescatados, y posteriormente detenidos, por carabineros.
El resto de los protestantes finalmente cedió a las negociaciones con la policía uniformada y, al bajar del puente, fueron detenidos.
Los pobladores, a quienes preside Juana Silva, volvieron a protetar en la misma zona donde hace dos meses protagonizaron dramáticas escenas en una nueva manifestación que busca que el gobierno condone la hipoteca de sus casas, que fueron trasapasas a entidades bancarias privadas y que ahora están sujetas a remate.
Siete integrantes del movimiento “Andha Chile a Luchar”, compuesto por deudores habitacionales, se colgaron del puente Pío Nono, sobre las aguas del río Mapocho.
Dos pobladores se lanzaron al caudal del río Mapocho y fueron rescatados, y posteriormente detenidos, por carabineros.
El resto de los protestantes finalmente cedió a las negociaciones con la policía uniformada y, al bajar del puente, fueron detenidos.
Los pobladores, a quienes preside Juana Silva, volvieron a protetar en la misma zona donde hace dos meses protagonizaron dramáticas escenas en una nueva manifestación que busca que el gobierno condone la hipoteca de sus casas, que fueron trasapasas a entidades bancarias privadas y que ahora están sujetas a remate.
