“Mi hijo tiene un año y no llora por hambre, llora por los gases lacrimógenos lanzados por la policía”. “Mi hijo se llama Jaime Mendoza Collío y lo mató una bala cobarde que entró por su espalda”.
 
Estos fueron parte de los mensajes que un grupo de pobladores y estudiantes de teatro mostraron en un lienzo dentro del patio de comidas del Mall Plaza Vespucio, el pasado 23 de diciembre, para denunciar la violencia policial a la que estarían siendo sometidos los niños mapuches en el sur de Chile.
 
Un tema que continúa en conflicto, pues las negociaciones entre las comunidades y el gobierno no han sido fructíferas y las diversas demandas de los mapuches siguen pendientes.
 
Esta mañana, en conversación con Vivian Lavín en el programa A Fondo de Radio Universidad de Chile, Monseñor Jorge Hourton, quien fue obispo auxiliar de Temuco, manifestó que la comunidad está descontenta ante el oído sordo de las autoridades.
 
“Yo creo que los mapuches tienen derecho a quejarse de que no los toman muy en cuenta, los consideran como ciudadanos chilenos pobres y conflictivos, pero el Estado no satisface lo que los mapuches piden que es un reconocimiento, de un estatuto especial, una cierta autonomía”, aseguró Hourton.
 
En este escenario, los viajes de ministros a la zona para dialogar, la propuesta del Ejecutivo sobre la  creación un ministerio de Asuntos Indígenas y la entrada en vigencia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no son medidas suficientes para los dirigentes.
 
Incluso han denunciado las irregularidades  sobre  la puesta en marcha de este convenio internacional, pero sin duda el mayor rechazo de las comunidades es hacia la aplicación de la Ley de Antiterrorista. Por esta razón, realizaron una manifestación frente al Tribunal de Victoria.
 
Jorge Huenchullán, dirigente de la comunidad Temocuicui, señaló que actualmente hay cinco personas,  incluyendo a su hermano, que están siendo procesados por esta ley.
 
“Estamos en una manifestación frente al tribunal de Victoria en repudio a la ampliación de la investigación que se le está realizando en este momento a los hermanos mapuches que están acusados por ley antiterroristas, ellos todos son pertenecientes a la comunidad Temocuicui de la cual soy dirigente. Cinco miembros de la comunidad que fueron formalizados por la ley antiterrorista”, afirmó Huenchullán.
 
En este sentido, el abogado del Observatorio Ciudadano, Blas Plantel, alertó sobre la permanencia de la judicialización en estos casos.
 
“Las atribuciones que otorga la ley antiterrorista  al fiscal, Carabineros y a la Policía de Investigaciones son demasiado amplias, donde abusan de la prisión preventiva de sujetos que serían peligrosos para la sociedad. Creemos que es una respuesta desproporcionada por parte de los aparatos de justicia y del gobierno que se hace parte de las querellas, como es el caso de varios comuneros presos en la cárcel de Concepción”, señaló Plantel.
 
Sumado a ello, aún quedan otros temas pendientes para la comunidad mapuches, como la restitución del territorio y la instauración de una consulta indígena, que pasan otro año más sin ser resueltos.