Caleta Tubul, era la última localidad que estaba aislada en la región del Bío Bío y este domingo fue conectada al país, aunque existen mil doscientos puntos que sufrieron algún tipo de daño y que necesitan reparación o reposición, obras que tendrán un costo total de más de 1200 millones de dólares.

De todas formas, hay caminos, puentes, bermas, embalses, bordes costeros, servicios de agua potable rural y pesca artesanal que presentan deterioros menores y sólo el cinco por ciento de las estructuras tienen daños graves.

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, aseguró que su repartición está en condiciones de entregar los trabajos de reparaciones encaminados al próximo gobierno y con decisiones ya tomadas gracias a un decreto presidencial.

“Superados los problemas de la emergencia más crítica, vamos a finalizar la administración con el restablecimiento de los servicios básicos de agua, luz, electricidad, conectividad y telecomunicaciones. Pueden quedar algunos puntos, pero los estamos acelerando al máximo. También vamos a entregar un país con seguridad”, aseguró la máxima autoridad del MOP.

A su vez, el secretario de Estado emplazó a las empresas concesionarias a apurar el tranco en el arreglo de las obras que están bajo su tutela.

Sólo en los casos de carreteras, puentes, aeropuertos y otras infraestructuras concesionadas, los costos de reparaciones y reposiciones alcanzan los 150 millones de dólares y los plazos se extienden hasta nueve meses en algunos casos más graves como el del puente Miraflores en la Autopista Vespucio Norte en Santiago.

Ante esto, Antonino Castelucci, gerente general de Vespucio Norte indicó que se buscará la fórmula para cobrar por los tramos utilizables.

“Estamos evaluando un mecanismo de cobro que vamos a proponer al ministerio. Básicamente, el contrato prevé que se pueda cobrar por tramos que tengan la totalidad de los servicios. Hay algunos sectores en la autopista que están cien por ciento operativos y otros que están afectados. Estamos viendo cuál sería el mejor sistema tarifario para contemplar en esta situación. Haremos todo lo posible para llegar a la mejor ecuación tanto para el usuario como para la concesionaria”, afirmó el ejecutivo.

Mientras, el presidente de la Asociación de Concesionarios, Herman Chadwick, aseguró que el costo de los arreglos no lo pagará ni el Estado ni los usuarios, por lo que descartó alzas en los precios de los peajes y del TAG.

Chadwick desestimó además las críticas del ministro Bitar y señaló que “todas las concesionarias están trabajando desde el día sábado pese a las dificultades que significó en un comienzo conseguir gente, combustibles y maquinaria. Todas las compañías que han tenido problemas, que son pocas, están trabajando arduamente para dar conectividad al país”.

En este escenario, el diputado UDI Cristián Monckeberg, miembro de la comisión de Obras Públicas, indicó que si bien no es el momento de buscar responsabilidades por los eventuales errores en las labores de construcción y fiscalización, esas equivocaciones no serán olvidadas sino analizadas en las instancias correspondientes.

“Lo urgente es apoyar al gobierno que ingresa y que se hace cargo del país en la reconstrucción, en los proyectos de ley que van a enviar al Congreso. Posteriormente no nos podemos olvidar de nuestra labor fiscalizadora y ver cuáles fueron los errores que se cometieron para poder determinar responsabilidades. Cada cosa tiene su minuto, pero no nos podemos olvidar y dar vuelta la página porque aquí hubo errores graves que produjeron mucho daño no sólo en lo público sino que a personas”, comentó el parlamentario.

En relación a los proyectos Bicentenario, el MOP indicó que las consecuencias del terremoto no se sintieron mayormente. El recién inaugurado Museo de la Memoria en la capital, sufrió el desprendimiento de cielos sin afectar el patrimonio, mientras que el Centro Cultural Gabriela Mistral, que se inauguraba el fatídico sábado 27 de febrero, sólo sufrió rotura de ventanales.

El más afectado fue el Estadio Nacional, que presenta problemas serios en la pandereta de seguridad que rodea el recinto en su parte superior, la que deberá ser sustituida, además de grietas en la marquesina y en algunos de sus pilares y vigas, parte de la estructura original. Por lo mismo, el principal recinto deportivo del país será entregado unos tres meses más tarde de lo presupuestado.