El gobierno promulgó, sin acto público, el proyecto de ley que establece el pago del denominado “Bono marzo”, después de los problemas que ha tenido para que se haga efectivo.
Se publicó una edición extraordinaria del Diario Oficial en el día de ayer, en la que se incluye la iniciativa del Ejecutivo, con las firmas necesarias de Sebastián Piñera y los ministros Felipe Larraín, de Hacienda; Camila Merino de Trabajo, y Felipe Kast de Mideplan.
El miércoles el Tribunal Constitucional –por 7 votos contra 3- declaró inconstitucional un artículo del texto que establece que los juzgados de familia deben resolver los casos en que haya controversia por la tuición que correspondan a una carga familiar, ya sea un menor de edad o un adulto mayor, por lo cual se cancela el bono.
El Presidente del Senado, Jorge Pizarro afirmó que, luego de este fallo, el proyecto es ley, aunque sin el artículo en cuestión, lo que no retrasará el pago del bono.
“El bono está listo y se va a pagar tal como lo aprobó el Congreso Nacional, lo único que sucede es que se despacha sin el inciso referente a los tribunales de familia y serán los tribunales civiles los que van a ver con la velocidad y el tiempo que requería la ciudadanía y lo hicimos dentro del plazo constitucional que nos fijó la urgencia establecida por el Ejecutivo que era máximo de tres días”, explicó Pizarro.
La Corte Suprema criticó la celeridad con que se tramitara el proyecto de ley, de hecho todo surgió cuando el presidente del máximo tribunal, Milton Juica afirmó que le había solicitado al titular del Senado que esperara los informes del máximo tribunal con el fin de agilizar el trámite.
“A nosotros nos parecía que había un error de procedimiento y es una lástima que se produzca, podría haberse prevenido perfectamente. Ojalá que no pasen este tipo de situaciones en el futuro porque finalmente las instituciones no quedan muy bien paradas en esta materia, pero es evidente que vamos a tener que conversar el tema. Todos podemos corregir estos errores hay que tener buena voluntad para eso, nada más. La Corte Suprema está en ese predicamento”, sostuvo Juica.
Por su lado, la Presidenta de la Cámara de Diputados Alejandra Sepúlveda, reivindicó la necesidad de que se despachara prontamente el proyecto de ley, por las críticas emanadas desde el poder judicial.
“Para nosotros era muy importante poder sacar el proyecto lo antes posible y vamos a conversar con los tribunales, la Corte para ver cómo vamos a arreglar esto. No quiero juzgar al tribunal, pero sí hay celo de parte de la Cámara de hacer esto lo antes posible. Siempre vamos a pensar primero en las personas y en las familias que nos mandataron para agilizar los procesos en la Cámara. Siempre ha ocurrido de esa forma con la Corte Suprema y con el Tribunal Constitucional, por eso me extraña”, señaló la presidenta de la corporación.
El Tribunal Constitucional afirmó que es inconstitucional el inciso 3º del artículo 1º, que establece que los Tribunales de Familia deben resolver el pago del bono en caso de tuición de menores o tutoría de adultos en conflicto.
Con esto, el proyecto rige como ley, pero sin este artículo, por lo que serán los tribunales ordinarios los que resolverán estos casos.
El Bono Marzo, o Bono Solidario para las familias de menores ingresos, consiste en 40 mil pesos por carga familiar, a pagarse por una sola vez, para los sectores más vulnerables del país.
El pago queda bajo la responsabilidad del Instituto de Previsión Social, en una cuota, y con la promulgación de la ley podrá ser recibido antes de fin de mes, tal como había comprometido el gobierno.
El gobierno promulgó, sin acto público, el proyecto de ley que establece el pago del denominado “Bono marzo”, después de los problemas que ha tenido para que se haga efectivo.
Se publicó una edición extraordinaria del Diario Oficial en el día de ayer, en la que se incluye la iniciativa del Ejecutivo, con las firmas necesarias de Sebastián Piñera y los ministros Felipe Larraín, de Hacienda; Camila Merino de Trabajo, y Felipe Kast de Mideplan.
El miércoles el Tribunal Constitucional –por 7 votos contra 3- declaró inconstitucional un artículo del texto que establece que los juzgados de familia deben resolver los casos en que haya controversia por la tuición que correspondan a una carga familiar, ya sea un menor de edad o un adulto mayor, por lo cual se cancela el bono.
El Presidente del Senado, Jorge Pizarro afirmó que, luego de este fallo, el proyecto es ley, aunque sin el artículo en cuestión, lo que no retrasará el pago del bono.
“El bono está listo y se va a pagar tal como lo aprobó el Congreso Nacional, lo único que sucede es que se despacha sin el inciso referente a los tribunales de familia y serán los tribunales civiles los que van a ver con la velocidad y el tiempo que requería la ciudadanía y lo hicimos dentro del plazo constitucional que nos fijó la urgencia establecida por el Ejecutivo que era máximo de tres días”, explicó Pizarro.
La Corte Suprema criticó la celeridad con que se tramitara el proyecto de ley, de hecho todo surgió cuando el presidente del máximo tribunal, Milton Juica afirmó que le había solicitado al titular del Senado que esperara los informes del máximo tribunal con el fin de agilizar el trámite.
“A nosotros nos parecía que había un error de procedimiento y es una lástima que se produzca, podría haberse prevenido perfectamente. Ojalá que no pasen este tipo de situaciones en el futuro porque finalmente las instituciones no quedan muy bien paradas en esta materia, pero es evidente que vamos a tener que conversar el tema. Todos podemos corregir estos errores hay que tener buena voluntad para eso, nada más. La Corte Suprema está en ese predicamento”, sostuvo Juica.
Por su lado, la Presidenta de la Cámara de Diputados Alejandra Sepúlveda, reivindicó la necesidad de que se despachara prontamente el proyecto de ley, por las críticas emanadas desde el poder judicial.
“Para nosotros era muy importante poder sacar el proyecto lo antes posible y vamos a conversar con los tribunales, la Corte para ver cómo vamos a arreglar esto. No quiero juzgar al tribunal, pero sí hay celo de parte de la Cámara de hacer esto lo antes posible. Siempre vamos a pensar primero en las personas y en las familias que nos mandataron para agilizar los procesos en la Cámara. Siempre ha ocurrido de esa forma con la Corte Suprema y con el Tribunal Constitucional, por eso me extraña”, señaló la presidenta de la corporación.
El Tribunal Constitucional afirmó que es inconstitucional el inciso 3º del artículo 1º, que establece que los Tribunales de Familia deben resolver el pago del bono en caso de tuición de menores o tutoría de adultos en conflicto.
Con esto, el proyecto rige como ley, pero sin este artículo, por lo que serán los tribunales ordinarios los que resolverán estos casos.
El Bono Marzo, o Bono Solidario para las familias de menores ingresos, consiste en 40 mil pesos por carga familiar, a pagarse por una sola vez, para los sectores más vulnerables del país.
El pago queda bajo la responsabilidad del Instituto de Previsión Social, en una cuota, y con la promulgación de la ley podrá ser recibido antes de fin de mes, tal como había comprometido el gobierno.
El gobierno promulgó, sin acto público, el proyecto de ley que establece el pago del denominado “Bono marzo”, después de los problemas que ha tenido para que se haga efectivo.
Se publicó una edición extraordinaria del Diario Oficial en el día de ayer, en la que se incluye la iniciativa del Ejecutivo, con las firmas necesarias de Sebastián Piñera y los ministros Felipe Larraín, de Hacienda; Camila Merino de Trabajo, y Felipe Kast de Mideplan.
El miércoles el Tribunal Constitucional –por 7 votos contra 3- declaró inconstitucional un artículo del texto que establece que los juzgados de familia deben resolver los casos en que haya controversia por la tuición que correspondan a una carga familiar, ya sea un menor de edad o un adulto mayor, por lo cual se cancela el bono.
El Presidente del Senado, Jorge Pizarro afirmó que, luego de este fallo, el proyecto es ley, aunque sin el artículo en cuestión, lo que no retrasará el pago del bono.
“El bono está listo y se va a pagar tal como lo aprobó el Congreso Nacional, lo único que sucede es que se despacha sin el inciso referente a los tribunales de familia y serán los tribunales civiles los que van a ver con la velocidad y el tiempo que requería la ciudadanía y lo hicimos dentro del plazo constitucional que nos fijó la urgencia establecida por el Ejecutivo que era máximo de tres días”, explicó Pizarro.
La Corte Suprema criticó la celeridad con que se tramitara el proyecto de ley, de hecho todo surgió cuando el presidente del máximo tribunal, Milton Juica afirmó que le había solicitado al titular del Senado que esperara los informes del máximo tribunal con el fin de agilizar el trámite.
“A nosotros nos parecía que había un error de procedimiento y es una lástima que se produzca, podría haberse prevenido perfectamente. Ojalá que no pasen este tipo de situaciones en el futuro porque finalmente las instituciones no quedan muy bien paradas en esta materia, pero es evidente que vamos a tener que conversar el tema. Todos podemos corregir estos errores hay que tener buena voluntad para eso, nada más. La Corte Suprema está en ese predicamento”, sostuvo Juica.
Por su lado, la Presidenta de la Cámara de Diputados Alejandra Sepúlveda, reivindicó la necesidad de que se despachara prontamente el proyecto de ley, por las críticas emanadas desde el poder judicial.
“Para nosotros era muy importante poder sacar el proyecto lo antes posible y vamos a conversar con los tribunales, la Corte para ver cómo vamos a arreglar esto. No quiero juzgar al tribunal, pero sí hay celo de parte de la Cámara de hacer esto lo antes posible. Siempre vamos a pensar primero en las personas y en las familias que nos mandataron para agilizar los procesos en la Cámara. Siempre ha ocurrido de esa forma con la Corte Suprema y con el Tribunal Constitucional, por eso me extraña”, señaló la presidenta de la corporación.
El Tribunal Constitucional afirmó que es inconstitucional el inciso 3º del artículo 1º, que establece que los Tribunales de Familia deben resolver el pago del bono en caso de tuición de menores o tutoría de adultos en conflicto.
Con esto, el proyecto rige como ley, pero sin este artículo, por lo que serán los tribunales ordinarios los que resolverán estos casos.
El Bono Marzo, o Bono Solidario para las familias de menores ingresos, consiste en 40 mil pesos por carga familiar, a pagarse por una sola vez, para los sectores más vulnerables del país.
El pago queda bajo la responsabilidad del Instituto de Previsión Social, en una cuota, y con la promulgación de la ley podrá ser recibido antes de fin de mes, tal como había comprometido el gobierno.
