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Roberto Meza

Recursos para la reconstrucción: un complejo mix

Roberto Meza | Jueves 25 de marzo 2010 18:13 hrs.


El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en una exposición realizada en sesión especial ante el Senado, ha detallado el costo preliminar y aproximado de los daños económicos producidos por el terremoto, afirmando que la suma total país alcanzaría a alrededor de 30 mil millones de dólares. De esta cifra, cerca del 33%, unos 9.300 millones, correspondería a costos del Estado, mientras que el resto, a los particulares damnificados.

Explicando la cifra, Larraín dijo que la pérdida general en infraestructura alcanzaría a casi 21 mil millones de dólares, de los cuales US$10.500 millones corresponden a daño de infraestructura pública (incluidos daños en Defensa, tales como Asmar, Armada, comisarías y retenes) y 10.300 millones a privada. Los 9 mil millones restantes son pérdidas productivas por lucro cesante por casi 8 mil millones y unos mil millones costos en levantamiento de escombros, alimentación y atención de emergencia a los perjudicados.

A los 21 mil millones de dólares citados, empero, hay que descontarles lo que pagarán las aseguradoras.  Considerando estimaciones de las compañías, habría seguros comprometidos por unos US$1.250 millones en el caso del sector público y casi US$3.700 millones, privados. Es decir, el daño neto a la infraestructura pública, descontando seguros, es del orden de US$9.300 millones y el privado, de 6.700 millones de dólares. O sea, los perjuicios totales netos bajan a casi 16 mil millones.

La cifra de 30 mil millones de dólares contiene, pues, los daños en la industria y comercio privados, los que suman unos 5.300 millones de dólares; los 3.900 millones correspondientes a unas 256 mil viviendas afectadas, 72 mil de las cuales están destruidas e inhabitables; y 3 mil millones para reparar o reconstruir alrededor de dos mil colegios y escuelas. Sin embargo, de esta última cifra, el costo directo para el Fisco debería ser sólo los 1.500 millones de dólares de los colegios municipales. El resto corresponde a 1.300 millones de dólares en daños en colegios particulares subvencionados; 70 millones en colegios de corporaciones privadas y 115 millones en colegios particulares, centros en los que el total o parte del costo es asumido por los dueños de esos establecimientos.

Otra área relevante del costo Estado es la salud, cuyos daños generales estimados llegan a unos 2.800 millones de dólares para reparar 54 hospitales y reconstruir 17 fuera de servicio y 8 con daños estructurales. En Obras públicas, en tanto, los perjuicios llegarían a US$ 1.500 millones en puertos y vialidad, la mayoría concesionada, y cuyos operadores cuentan con sus respectivos seguros. El costo Estado por este concepto es de unos 950 millones. Otros gastos como remoción de escombros, alimentación y atención de emergencia a los damnificados equivalen a cerca de US$1.000 millones y han corrido y correrán por parte del Estado y la solidaridad de privados. Es decir, el costo Estado total llega a unos 9.300 millones de dólares, incluida la decisión de ir en ayuda subsidiaria de las 256 mil familias cuyas viviendas fueron afectadas.

En efecto, si se considera egreso del Estado, en la forma de subsidios, la reconstrucción de aquellos hogares que quedaron devastados en sectores más desposeídos y las reparaciones de viviendas utilizables, aquello implica un costo total de unos 3.900 millones de dólares, de los cuales unos 3.100 millones se transformarán en costo para el Fisco. Una situación similar se asume en materia de recuperación de fuentes laborales en el sector pesquero artesanal, donde la estimación del Ministro es que se perdieron más de 4.200 embarcaciones, por un valor total de 40 millones de dólares, que serían costeados por el Estado como subsidio a unos 27 mil pescadores que lo perdieron todo, sin considerar el trabajo de reparación en el que han estado ocupados distinguidos empresarios de la plaza.

De esta forma, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Ministro de Hacienda, el costo Estado se remitiría a los subsidios con que concurriría a ayudar a parte de las 256 mil familias damnificadas; reparar o reconstruir parte de las escuelas, hospitales y cárceles dañadas; los puentes dependientes de Obras Públicas y vías y puertos estatales; caletas pesqueras y compra de embarcaciones; el patrimonio nacional histórico cultural en 75 edificaciones; el levantamiento de escombros y la mantención de la atención de emergencia. Todo aquello implica el citado gasto de 9.300 millones de dólares. El resto será esfuerzo de todos los chilenos, incluidas las instituciones armadas y el cuerpo militar del trabajo, que solidariamente están concurriendo a ayudar a la reconstrucción. Las empresas privadas de servicios públicos concesionarias de redes de energía eléctrica, de agua potable y telecomunicaciones ya comienzan a superar la crisis con sus propios recursos.

Es decir, casi dos tercios de los costos del terremoto será absorbido por los particulares, mientras el Fisco asumirá el resto, para lo cual deberá definir una compleja estrategia de fuentes de gastos. De acuerdo a declaraciones del ministro del Interior estos recursos provendrán aleatoriamente del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que cuenta con 11 mil millones de dólares; de un difícil proceso de ahorros del Estado y reasignaciones de gastos que ya han provocado más de alguna molestia en autoridades locales y regionales; de créditos externos disponibles gracias a nuestra buena posición financiera; y finalmente, de una eventual alza de impuesto a grandes empresas, nunca a las Pymes, que según sea el aumento, podría aportar entre US$ 300 hasta US$ 3 mil millones anuales.

¿Pero porqué simplemente no usar los ahorros del FEES? Porque si esos recursos que están en dólares se inyectaran a la economía sin la debida prudencia, el tipo de cambio caería fuertemente, afectado nuestras exportaciones. Seríamos ricos por un momento, pero pobres en el mediano plazo; ¿Y por qué no más crédito extenso y blando?, porque la presión monetaria sobre una producción insuficiente, afectada por el terremoto, aumentaría los precios y la inflación. ¿Y qué hay de los impuestos a las empresas? La experiencia muestra que finalmente esos costos se trasladan a precios, elevan la inflación, el más regresivo de los tributos y hacen subir las tasas de interés, retrasando la urgente reactivación. Como vemos, en cada solución simple, la vaina resulta más cara que el sable. De allí que el mix de recursos que defina el Gobierno para la reconstrucción es de enorme relevancia para nuestro futuro inmediato.

El contenido vertido en esta Columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Diario y Radio Universidad de Chile.