La diputada de Renovación Nacional Karla Rubilar, junto al presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos de Chile, Raúl Celpa, solicitaron una investigación a la Fiscalía Centro Norte por posible fraude al fisco en el caso de las Becas Valech.
“Hemos entregado todos los antecedentes con los que contamos como el informe de la Contraloría y las denuncias que hemos recibido. Solicitamos copias del programa de televisión que hizo pública la información y presentamos una denuncia que fue recepcionada, con lo cual se ha comprometido a la Fiscalía a iniciar las diligencias correspondientes”, precisó la parlamentaria.
Rubilar indicó además que existen varios antecedentes sobre presiones que ejercieron agentes de venta de diversas universidades a posibles beneficiarios para que accedieran a los cursos, a pesar de que ellos no lo habían solicitado.
De acuerdo a los datos emanados de la Controlaría, existen otras casas de estudios que participan de este asunto y pese a que los montos comprometidos son considerablemente menores a los de la Uniacc, los demandantes exigieron determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso.
“Hay una colusión de intereses en juego que no sólo tiene que ver con la Uniacc, que es la que se lleva la mayor parte porque es la que se lleva la mayor cantidad de recursos, sino que aquí está la Arcis, la Universidad Bolivariana y la del Mar. Todas universidades cuyos Consejos de Dirección están compuestos por eminentes personeros de la coalición política que nos gobernó durante veinte años”, sostuvo Raúl Celpa.
En el informe del organismo contralor se concluyen diversos temas. Entre ellos, establecer procedimientos que permitan asegurar el envío oportuno al trámite de toma de razón o registro, según corresponda de los decretos que aprueban las transferencias de fondos a las Instituciones de Educación Superior.
Además, que en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.992 y a lo prescrito en el decreto N°32 de 2005, del ministerio de Educación, relacionados con la entrega de este beneficio sólo para financiar aquellos estudios que cada persona elija en un determinado establecimiento de enseñanza superior, hasta la obtención de un título profesional o de un grado de licenciado.
El texto aclara que se deben adoptar “las acciones tendientes a
reforzar el control interno a fin de fortalecer la idoneidad del proceso de adjudicación y pago de las becas de educación superior”
Nicolás Barrientos, director del Programa Becas Valech en la Universidad Bolivariana, una de las entidades cuestionadas, dijo que los becarios responden el espíritu de la norma y que su “política en términos comunicacionales es de puertas abiertas. Si el organismo competente, ya sea el ministerio de Educación u otro del aparato estatal o diputados o medios de comunicación quieren investigar, revisar, conversar con nosotros, con los estudiantes, ir a nuestras clases, tenemos la plena disposición para que lo hagan”
Mientras, los diputados de la UDI María José Hoffmann, Mónica Zalaquett y Gonzalo Uriarte solicitaron al ministro de Educación, Joaquín Lavín, iniciar una investigación para aclarar eventuales irregularidades en el uso de estas becas. Además citarán a la comisión ad hoc de la Cámara a la ex titular de la cartera, Mónica Jiménez, para que se pronuncie sobre este asunto.
En tanto, la división jurídica del ministerio de Educación nombró a la abogada Misleya Vergara como fiscal a cargo del sumario interno para investigar la denuncia.
La diputada de Renovación Nacional Karla Rubilar, junto al presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos de Chile, Raúl Celpa, solicitaron una investigación a la Fiscalía Centro Norte por posible fraude al fisco en el caso de las Becas Valech.
“Hemos entregado todos los antecedentes con los que contamos como el informe de la Contraloría y las denuncias que hemos recibido. Solicitamos copias del programa de televisión que hizo pública la información y presentamos una denuncia que fue recepcionada, con lo cual se ha comprometido a la Fiscalía a iniciar las diligencias correspondientes”, precisó la parlamentaria.
Rubilar indicó además que existen varios antecedentes sobre presiones que ejercieron agentes de venta de diversas universidades a posibles beneficiarios para que accedieran a los cursos, a pesar de que ellos no lo habían solicitado.
De acuerdo a los datos emanados de la Controlaría, existen otras casas de estudios que participan de este asunto y pese a que los montos comprometidos son considerablemente menores a los de la Uniacc, los demandantes exigieron determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso.
“Hay una colusión de intereses en juego que no sólo tiene que ver con la Uniacc, que es la que se lleva la mayor parte porque es la que se lleva la mayor cantidad de recursos, sino que aquí está la Arcis, la Universidad Bolivariana y la del Mar. Todas universidades cuyos Consejos de Dirección están compuestos por eminentes personeros de la coalición política que nos gobernó durante veinte años”, sostuvo Raúl Celpa.
En el informe del organismo contralor se concluyen diversos temas. Entre ellos, establecer procedimientos que permitan asegurar el envío oportuno al trámite de toma de razón o registro, según corresponda de los decretos que aprueban las transferencias de fondos a las Instituciones de Educación Superior.
Además, que en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.992 y a lo prescrito en el decreto N°32 de 2005, del ministerio de Educación, relacionados con la entrega de este beneficio sólo para financiar aquellos estudios que cada persona elija en un determinado establecimiento de enseñanza superior, hasta la obtención de un título profesional o de un grado de licenciado.
El texto aclara que se deben adoptar “las acciones tendientes a
reforzar el control interno a fin de fortalecer la idoneidad del proceso de adjudicación y pago de las becas de educación superior”
Nicolás Barrientos, director del Programa Becas Valech en la Universidad Bolivariana, una de las entidades cuestionadas, dijo que los becarios responden el espíritu de la norma y que su “política en términos comunicacionales es de puertas abiertas. Si el organismo competente, ya sea el ministerio de Educación u otro del aparato estatal o diputados o medios de comunicación quieren investigar, revisar, conversar con nosotros, con los estudiantes, ir a nuestras clases, tenemos la plena disposición para que lo hagan”
Mientras, los diputados de la UDI María José Hoffmann, Mónica Zalaquett y Gonzalo Uriarte solicitaron al ministro de Educación, Joaquín Lavín, iniciar una investigación para aclarar eventuales irregularidades en el uso de estas becas. Además citarán a la comisión ad hoc de la Cámara a la ex titular de la cartera, Mónica Jiménez, para que se pronuncie sobre este asunto.
En tanto, la división jurídica del ministerio de Educación nombró a la abogada Misleya Vergara como fiscal a cargo del sumario interno para investigar la denuncia.
La diputada de Renovación Nacional Karla Rubilar, junto al presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos de Chile, Raúl Celpa, solicitaron una investigación a la Fiscalía Centro Norte por posible fraude al fisco en el caso de las Becas Valech.
“Hemos entregado todos los antecedentes con los que contamos como el informe de la Contraloría y las denuncias que hemos recibido. Solicitamos copias del programa de televisión que hizo pública la información y presentamos una denuncia que fue recepcionada, con lo cual se ha comprometido a la Fiscalía a iniciar las diligencias correspondientes”, precisó la parlamentaria.
Rubilar indicó además que existen varios antecedentes sobre presiones que ejercieron agentes de venta de diversas universidades a posibles beneficiarios para que accedieran a los cursos, a pesar de que ellos no lo habían solicitado.
De acuerdo a los datos emanados de la Controlaría, existen otras casas de estudios que participan de este asunto y pese a que los montos comprometidos son considerablemente menores a los de la Uniacc, los demandantes exigieron determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso.
“Hay una colusión de intereses en juego que no sólo tiene que ver con la Uniacc, que es la que se lleva la mayor parte porque es la que se lleva la mayor cantidad de recursos, sino que aquí está la Arcis, la Universidad Bolivariana y la del Mar. Todas universidades cuyos Consejos de Dirección están compuestos por eminentes personeros de la coalición política que nos gobernó durante veinte años”, sostuvo Raúl Celpa.
En el informe del organismo contralor se concluyen diversos temas. Entre ellos, establecer procedimientos que permitan asegurar el envío oportuno al trámite de toma de razón o registro, según corresponda de los decretos que aprueban las transferencias de fondos a las Instituciones de Educación Superior.
Además, que en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.992 y a lo prescrito en el decreto N°32 de 2005, del ministerio de Educación, relacionados con la entrega de este beneficio sólo para financiar aquellos estudios que cada persona elija en un determinado establecimiento de enseñanza superior, hasta la obtención de un título profesional o de un grado de licenciado.
El texto aclara que se deben adoptar “las acciones tendientes a
reforzar el control interno a fin de fortalecer la idoneidad del proceso de adjudicación y pago de las becas de educación superior”
Nicolás Barrientos, director del Programa Becas Valech en la Universidad Bolivariana, una de las entidades cuestionadas, dijo que los becarios responden el espíritu de la norma y que su “política en términos comunicacionales es de puertas abiertas. Si el organismo competente, ya sea el ministerio de Educación u otro del aparato estatal o diputados o medios de comunicación quieren investigar, revisar, conversar con nosotros, con los estudiantes, ir a nuestras clases, tenemos la plena disposición para que lo hagan”
Mientras, los diputados de la UDI María José Hoffmann, Mónica Zalaquett y Gonzalo Uriarte solicitaron al ministro de Educación, Joaquín Lavín, iniciar una investigación para aclarar eventuales irregularidades en el uso de estas becas. Además citarán a la comisión ad hoc de la Cámara a la ex titular de la cartera, Mónica Jiménez, para que se pronuncie sobre este asunto.
En tanto, la división jurídica del ministerio de Educación nombró a la abogada Misleya Vergara como fiscal a cargo del sumario interno para investigar la denuncia.
