El alcalde de Colina, Mario Olavarría, permanecerá con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los ejecutivos de D&S que declararon en la indagatoria que actualmente lleva la Fiscalía Centro Norte por supuestos pagos ilícitos vinculados a la llegada de un supermercado a la comuna.
Así se resolvió este miércoles luego de que el jefe comunal fuera formalizado en el juzgado de garantía de Colina, por los delitos de cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes.
Lo anterior, luego de que Olavarría fuera indagado por, supuestamente, haber aceptado 120 millones de pesos en coimas para arrendar el terreno donde actualmente está instalado el supermercado Tottus.
Según los antecedentes expuestos por la fiscalía, las irregularidades se remontarían a 2006, en medio de las negociaciones para arrendar los terrenos ubicados en la avenida Inmaculada Concepción 47. Las negociaciones comenzaron con una empresa encargada de la administración de los supermercados Tottus.
Así, mediante un intermediario, identificado como Nabil Mansour, el alcalde Olavarría habría solicitado a esta empresa el pago de seis mil unidades de fomento (unos 105 millones del pesos al año 2006) para “asegurar” la adjudicación del contrato, pero bajo la figura de una comisión por corretaje de propiedad.
De acuerdo al Ministerio Público los hechos están acreditados y por ello solicitó el arraigo del edil y la imposibilidad de acercarse a testigos e imputados de la causa.
Pese a ello, el alcalde Olavarría afirmó estar tranquilo con el inicio del proceso y aseguró que su administración ha sido transparente. “Me voy muy tranquilo, muy satisfecho por los planteamientos que se hicieron, ha quedado libre de toda duda la administración que presido así que todo lo legal y lo que corresponda a la formalidad lo voy a dejar a cargo de mi abogado”, señaló.
En tanto, Matías Balmaceda, abogado del alcalde de Colina, afirmó que es “imposible” que su representado haya recibido el pago de presuntas comisiones ilegales para arrendar terrenos municipales donde hoy opera un supermercado. Además acusó que el verdadero origen de la polémica tiene que ver con intereses comerciales cruzados.
“Hay una disputa comercial importante con D&S frente a la pérdida de este terreno, y nace esta idea de transformar esta comisión en una supuesta coima. En el juicio oral vamos a poder ver las caras de la gente de D&S que declara esto sobre cosas que ‘dicen’ haber escuchado”, indicó Balmaceda.
En tanto, el vocero de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Donoso, afirmó que lo que importa en estos momentos es configurar el delito: “Tenemos que probar cómo suceden estos delitos, porque son muy complejos. No se puede esperar que los hechos se presenten de forma prístina, sino que a través de maquinaciones y triangulaciones. Hasta el momento la investigación nos lleva a suponer que los dineros fueron pagados primero al señor Mansour, luego a Domingo Soto y de forma parcializada entregada al imputado Olavarría”, informó el vocero.
Por el delito de cohecho también fueron formalizados el ex jefe de gabinete de Olavarría, Domingo Soto y el empresario Nabil Mansour. En tanto, el vicepresidente de Tottus, Francisco Leyton, fue formalizado por el delito de soborno y también deberá permanecer con medidas cautelares.
La Fiscalía local de Chacabuco también investiga a Mansour por haber sido, supuestamente, el intermediario entre el municipio y el vicepresidente de Tottus. El tribunal fijó en 60 días el plazo de investigación.
El alcalde de Colina, Mario Olavarría, permanecerá con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los ejecutivos de D&S que declararon en la indagatoria que actualmente lleva la Fiscalía Centro Norte por supuestos pagos ilícitos vinculados a la llegada de un supermercado a la comuna.
Así se resolvió este miércoles luego de que el jefe comunal fuera formalizado en el juzgado de garantía de Colina, por los delitos de cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes.
Lo anterior, luego de que Olavarría fuera indagado por, supuestamente, haber aceptado 120 millones de pesos en coimas para arrendar el terreno donde actualmente está instalado el supermercado Tottus.
Según los antecedentes expuestos por la fiscalía, las irregularidades se remontarían a 2006, en medio de las negociaciones para arrendar los terrenos ubicados en la avenida Inmaculada Concepción 47. Las negociaciones comenzaron con una empresa encargada de la administración de los supermercados Tottus.
Así, mediante un intermediario, identificado como Nabil Mansour, el alcalde Olavarría habría solicitado a esta empresa el pago de seis mil unidades de fomento (unos 105 millones del pesos al año 2006) para “asegurar” la adjudicación del contrato, pero bajo la figura de una comisión por corretaje de propiedad.
De acuerdo al Ministerio Público los hechos están acreditados y por ello solicitó el arraigo del edil y la imposibilidad de acercarse a testigos e imputados de la causa.
Pese a ello, el alcalde Olavarría afirmó estar tranquilo con el inicio del proceso y aseguró que su administración ha sido transparente. “Me voy muy tranquilo, muy satisfecho por los planteamientos que se hicieron, ha quedado libre de toda duda la administración que presido así que todo lo legal y lo que corresponda a la formalidad lo voy a dejar a cargo de mi abogado”, señaló.
En tanto, Matías Balmaceda, abogado del alcalde de Colina, afirmó que es “imposible” que su representado haya recibido el pago de presuntas comisiones ilegales para arrendar terrenos municipales donde hoy opera un supermercado. Además acusó que el verdadero origen de la polémica tiene que ver con intereses comerciales cruzados.
“Hay una disputa comercial importante con D&S frente a la pérdida de este terreno, y nace esta idea de transformar esta comisión en una supuesta coima. En el juicio oral vamos a poder ver las caras de la gente de D&S que declara esto sobre cosas que ‘dicen’ haber escuchado”, indicó Balmaceda.
En tanto, el vocero de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Donoso, afirmó que lo que importa en estos momentos es configurar el delito: “Tenemos que probar cómo suceden estos delitos, porque son muy complejos. No se puede esperar que los hechos se presenten de forma prístina, sino que a través de maquinaciones y triangulaciones. Hasta el momento la investigación nos lleva a suponer que los dineros fueron pagados primero al señor Mansour, luego a Domingo Soto y de forma parcializada entregada al imputado Olavarría”, informó el vocero.
Por el delito de cohecho también fueron formalizados el ex jefe de gabinete de Olavarría, Domingo Soto y el empresario Nabil Mansour. En tanto, el vicepresidente de Tottus, Francisco Leyton, fue formalizado por el delito de soborno y también deberá permanecer con medidas cautelares.
La Fiscalía local de Chacabuco también investiga a Mansour por haber sido, supuestamente, el intermediario entre el municipio y el vicepresidente de Tottus. El tribunal fijó en 60 días el plazo de investigación.
El alcalde de Colina, Mario Olavarría, permanecerá con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los ejecutivos de D&S que declararon en la indagatoria que actualmente lleva la Fiscalía Centro Norte por supuestos pagos ilícitos vinculados a la llegada de un supermercado a la comuna.
Así se resolvió este miércoles luego de que el jefe comunal fuera formalizado en el juzgado de garantía de Colina, por los delitos de cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes.
Lo anterior, luego de que Olavarría fuera indagado por, supuestamente, haber aceptado 120 millones de pesos en coimas para arrendar el terreno donde actualmente está instalado el supermercado Tottus.
Según los antecedentes expuestos por la fiscalía, las irregularidades se remontarían a 2006, en medio de las negociaciones para arrendar los terrenos ubicados en la avenida Inmaculada Concepción 47. Las negociaciones comenzaron con una empresa encargada de la administración de los supermercados Tottus.
Así, mediante un intermediario, identificado como Nabil Mansour, el alcalde Olavarría habría solicitado a esta empresa el pago de seis mil unidades de fomento (unos 105 millones del pesos al año 2006) para “asegurar” la adjudicación del contrato, pero bajo la figura de una comisión por corretaje de propiedad.
De acuerdo al Ministerio Público los hechos están acreditados y por ello solicitó el arraigo del edil y la imposibilidad de acercarse a testigos e imputados de la causa.
Pese a ello, el alcalde Olavarría afirmó estar tranquilo con el inicio del proceso y aseguró que su administración ha sido transparente. “Me voy muy tranquilo, muy satisfecho por los planteamientos que se hicieron, ha quedado libre de toda duda la administración que presido así que todo lo legal y lo que corresponda a la formalidad lo voy a dejar a cargo de mi abogado”, señaló.
En tanto, Matías Balmaceda, abogado del alcalde de Colina, afirmó que es “imposible” que su representado haya recibido el pago de presuntas comisiones ilegales para arrendar terrenos municipales donde hoy opera un supermercado. Además acusó que el verdadero origen de la polémica tiene que ver con intereses comerciales cruzados.
“Hay una disputa comercial importante con D&S frente a la pérdida de este terreno, y nace esta idea de transformar esta comisión en una supuesta coima. En el juicio oral vamos a poder ver las caras de la gente de D&S que declara esto sobre cosas que ‘dicen’ haber escuchado”, indicó Balmaceda.
En tanto, el vocero de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Donoso, afirmó que lo que importa en estos momentos es configurar el delito: “Tenemos que probar cómo suceden estos delitos, porque son muy complejos. No se puede esperar que los hechos se presenten de forma prístina, sino que a través de maquinaciones y triangulaciones. Hasta el momento la investigación nos lleva a suponer que los dineros fueron pagados primero al señor Mansour, luego a Domingo Soto y de forma parcializada entregada al imputado Olavarría”, informó el vocero.
Por el delito de cohecho también fueron formalizados el ex jefe de gabinete de Olavarría, Domingo Soto y el empresario Nabil Mansour. En tanto, el vicepresidente de Tottus, Francisco Leyton, fue formalizado por el delito de soborno y también deberá permanecer con medidas cautelares.
La Fiscalía local de Chacabuco también investiga a Mansour por haber sido, supuestamente, el intermediario entre el municipio y el vicepresidente de Tottus. El tribunal fijó en 60 días el plazo de investigación.
