“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país”, argumenta el gobierno en su demanda, que se ha presentado ante un tribunal federal en Arizona, estado fronterizo con México. “Ese tipo de iniciativas perturbaría seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias”, se lee en el comunicado del Departamento de Justicia.
La portavoz de la organización Reforma Migratoria Pro América, Katherine Vargas, dice a Radio Nederland que, con esta acción, el gobierno de los Estados Unidos pone en claro que la cuestión de inmigración es responsabilidad única del Gobierno Federal y no de los gobiernos estatales. Vargas anticipa que la primera consecuencia de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia será el retraso en la implementación de la ley. El presidente estadounidense Barack Obama ha pedido a la Corte Suprema que paralice la entrada en vigor de la ley de Arizona hasta que no se resuelva la demanda.
Reacciones a favor y en contra
La iniciativa del gobierno estadounidense ha sido acogida con satisfacción en las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Katherine Vargas explica que desde su organización han desarrollado una campaña muy fuerte para que el gobierno asuma una posición firme contra la ley de Arizona.
“Lamentablemente hemos visto una avalancha de medidas anti inmigrantes que le están siguiendo el ejemplo a Arizona, es importante que el gobierno deje claro que la responsabilidad es del gobierno federal”, subraya Vargas.
La demanda también ha sido acogida con entusiasmo en los gobiernos de México y Guatemala. En un comunicado oficial, la cancillería mexicana “expresa el beneplácito del gobierno de México por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de interponer acciones legales para impedir la entrada en vigor de la ley SB1070 en el estado de Arizona y declarar su inconstitucionalidad”.
Por su parte, el gobierno guatemalteco saludó la decisión del Departamento de Justicia estadounidense y valoró la noticia como un anuncio muy positivo.
Como no podía ser de otra manera, no todas las reacciones han sido positivas. Dentro de los Estados Unidos se han dejado oír voces muy críticas con la iniciativa gubernamental. La reacción más contundente ha sido la de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien asegura sentirse atacada por la Administración de Barack Obama. “Arizona está bajo el ataque de violentos carteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora Arizona se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de los Estados Unidos y de su Departamento de Justicia”, denunció.
Además, quien fuera candidato republicano a la presidencia estadounidense, John McCain, ahora senador de Arizona, y su colega Jon Kyl han hecho público un comunicado en el que se muestran contrarios a la demanda interpuesta contra su estado. “Mientras el Gobierno federal no haga su trabajo no debería demandar a Arizona bajo los términos de que la aplicación de las leyes de inmigración son de responsabilidad única del Gobierno federal”, señalan.
Reforma migratoria
Según las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, toda la discusión debe llevar hacia una reforma migratoria integral, con la que desaparecerán estos conflictos entre estados y gobierno federal.
“Lo qué más nos importa”, dice Katherine Vargas, “es ver más presión en el Congreso, más presión en el partido Republicano para que apoyen un proyecto de reforma migratoria, porque al final del día es el congreso el que promulga las leyes y no el presidente”.
Los activistas advierten que el tiempo se acaba e instan al presidente Obama a utilizar su capital político para invitar a la mesa a ambos partidos de forma que se forje un acuerdo para presentar la reforma. En un discurso pronunciado la pasada semana, el mandatario estadounidense abogó por la legalización de los inmigrantes en situación irregular y reiteró su interés por promover la reforma migratoria, una de las promesas electorales de su campaña para la presidencia en noviembre del 2008.
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país”, argumenta el gobierno en su demanda, que se ha presentado ante un tribunal federal en Arizona, estado fronterizo con México. “Ese tipo de iniciativas perturbaría seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias”, se lee en el comunicado del Departamento de Justicia.
La portavoz de la organización Reforma Migratoria Pro América, Katherine Vargas, dice a Radio Nederland que, con esta acción, el gobierno de los Estados Unidos pone en claro que la cuestión de inmigración es responsabilidad única del Gobierno Federal y no de los gobiernos estatales. Vargas anticipa que la primera consecuencia de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia será el retraso en la implementación de la ley. El presidente estadounidense Barack Obama ha pedido a la Corte Suprema que paralice la entrada en vigor de la ley de Arizona hasta que no se resuelva la demanda.
Reacciones a favor y en contra
La iniciativa del gobierno estadounidense ha sido acogida con satisfacción en las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Katherine Vargas explica que desde su organización han desarrollado una campaña muy fuerte para que el gobierno asuma una posición firme contra la ley de Arizona.
“Lamentablemente hemos visto una avalancha de medidas anti inmigrantes que le están siguiendo el ejemplo a Arizona, es importante que el gobierno deje claro que la responsabilidad es del gobierno federal”, subraya Vargas.
La demanda también ha sido acogida con entusiasmo en los gobiernos de México y Guatemala. En un comunicado oficial, la cancillería mexicana “expresa el beneplácito del gobierno de México por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de interponer acciones legales para impedir la entrada en vigor de la ley SB1070 en el estado de Arizona y declarar su inconstitucionalidad”.
Por su parte, el gobierno guatemalteco saludó la decisión del Departamento de Justicia estadounidense y valoró la noticia como un anuncio muy positivo.
Como no podía ser de otra manera, no todas las reacciones han sido positivas. Dentro de los Estados Unidos se han dejado oír voces muy críticas con la iniciativa gubernamental. La reacción más contundente ha sido la de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien asegura sentirse atacada por la Administración de Barack Obama. “Arizona está bajo el ataque de violentos carteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora Arizona se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de los Estados Unidos y de su Departamento de Justicia”, denunció.
Además, quien fuera candidato republicano a la presidencia estadounidense, John McCain, ahora senador de Arizona, y su colega Jon Kyl han hecho público un comunicado en el que se muestran contrarios a la demanda interpuesta contra su estado. “Mientras el Gobierno federal no haga su trabajo no debería demandar a Arizona bajo los términos de que la aplicación de las leyes de inmigración son de responsabilidad única del Gobierno federal”, señalan.
Reforma migratoria
Según las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, toda la discusión debe llevar hacia una reforma migratoria integral, con la que desaparecerán estos conflictos entre estados y gobierno federal.
“Lo qué más nos importa”, dice Katherine Vargas, “es ver más presión en el Congreso, más presión en el partido Republicano para que apoyen un proyecto de reforma migratoria, porque al final del día es el congreso el que promulga las leyes y no el presidente”.
Los activistas advierten que el tiempo se acaba e instan al presidente Obama a utilizar su capital político para invitar a la mesa a ambos partidos de forma que se forje un acuerdo para presentar la reforma. En un discurso pronunciado la pasada semana, el mandatario estadounidense abogó por la legalización de los inmigrantes en situación irregular y reiteró su interés por promover la reforma migratoria, una de las promesas electorales de su campaña para la presidencia en noviembre del 2008.
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país”, argumenta el gobierno en su demanda, que se ha presentado ante un tribunal federal en Arizona, estado fronterizo con México. “Ese tipo de iniciativas perturbaría seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias”, se lee en el comunicado del Departamento de Justicia.
La portavoz de la organización Reforma Migratoria Pro América, Katherine Vargas, dice a Radio Nederland que, con esta acción, el gobierno de los Estados Unidos pone en claro que la cuestión de inmigración es responsabilidad única del Gobierno Federal y no de los gobiernos estatales. Vargas anticipa que la primera consecuencia de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia será el retraso en la implementación de la ley. El presidente estadounidense Barack Obama ha pedido a la Corte Suprema que paralice la entrada en vigor de la ley de Arizona hasta que no se resuelva la demanda.
Reacciones a favor y en contra
La iniciativa del gobierno estadounidense ha sido acogida con satisfacción en las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Katherine Vargas explica que desde su organización han desarrollado una campaña muy fuerte para que el gobierno asuma una posición firme contra la ley de Arizona.
“Lamentablemente hemos visto una avalancha de medidas anti inmigrantes que le están siguiendo el ejemplo a Arizona, es importante que el gobierno deje claro que la responsabilidad es del gobierno federal”, subraya Vargas.
La demanda también ha sido acogida con entusiasmo en los gobiernos de México y Guatemala. En un comunicado oficial, la cancillería mexicana “expresa el beneplácito del gobierno de México por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de interponer acciones legales para impedir la entrada en vigor de la ley SB1070 en el estado de Arizona y declarar su inconstitucionalidad”.
Por su parte, el gobierno guatemalteco saludó la decisión del Departamento de Justicia estadounidense y valoró la noticia como un anuncio muy positivo.
Como no podía ser de otra manera, no todas las reacciones han sido positivas. Dentro de los Estados Unidos se han dejado oír voces muy críticas con la iniciativa gubernamental. La reacción más contundente ha sido la de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien asegura sentirse atacada por la Administración de Barack Obama. “Arizona está bajo el ataque de violentos carteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora Arizona se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de los Estados Unidos y de su Departamento de Justicia”, denunció.
Además, quien fuera candidato republicano a la presidencia estadounidense, John McCain, ahora senador de Arizona, y su colega Jon Kyl han hecho público un comunicado en el que se muestran contrarios a la demanda interpuesta contra su estado. “Mientras el Gobierno federal no haga su trabajo no debería demandar a Arizona bajo los términos de que la aplicación de las leyes de inmigración son de responsabilidad única del Gobierno federal”, señalan.
Reforma migratoria
Según las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, toda la discusión debe llevar hacia una reforma migratoria integral, con la que desaparecerán estos conflictos entre estados y gobierno federal.
“Lo qué más nos importa”, dice Katherine Vargas, “es ver más presión en el Congreso, más presión en el partido Republicano para que apoyen un proyecto de reforma migratoria, porque al final del día es el congreso el que promulga las leyes y no el presidente”.
Los activistas advierten que el tiempo se acaba e instan al presidente Obama a utilizar su capital político para invitar a la mesa a ambos partidos de forma que se forje un acuerdo para presentar la reforma. En un discurso pronunciado la pasada semana, el mandatario estadounidense abogó por la legalización de los inmigrantes en situación irregular y reiteró su interés por promover la reforma migratoria, una de las promesas electorales de su campaña para la presidencia en noviembre del 2008.
