Una nueva denuncia sobre malos procedimientos judiciales realizó Carolina Torres, dueña de un cibercafé en la comuna de Cañete, región del Bío Bío.
Torres aseguró que luego de acusar ante Carabineros a un hombre que descargaba pornografía infantil en sus instalaciones y quien, además, presuntamente estaría involucrado en un caso de abuso sexual contra un menor, le fueron incautados sus computadores durante varias semanas. La acción le suprimió su única fuente de ingresos y provocó pérdidas en su negocio del orden de los 500 mil pesos.
Y pese a que el procedimiento contó con su consentimiento, la afectada sostuvo que “era por la razón o la fuerza. Si no los entregaba me los iban a quitar igual y la Policía de Investigaciones me dijo que me podía ir detenida por obstrucción a la justicia. Por eso los tuve que entregar voluntariamente”.
Torres reclamó también que “el fiscal a cargo de la causa nunca me llamó a declarar. No tuvo conocimiento de mi situación y jamás preguntó si yo estaba en condición de facilitar los equipos. Llegó y actúo”.
Durante este tiempo, Carolina Torres recurrió a distintas instancias como la Fiscalía Regional del Bío Bío para agilizar las pericias. Mediante un oficio esta entidad le respondió que se instruiría a la oficina de Cañete para que regresaran las máquinas lo antes posible.
El pasado 27 de julio le fueron devueltos tres de los cinco equipos con que los que contaba su cibercafé y los computadores restantes quedaron bajo el cuidado de la Policía de Investigaciones, organismo que está realizando las pericias del caso.
Según el fiscal jefe del distrito judicial de Cañete, Luis Morales, el retraso en las indagaciones se debe a que sólo hay ocho especialistas en todo el país. Morales señaló que a pesar de que se encargó realizar el proceso en un tiempo breve, aún no existen conclusiones sobre el careo a los procesadores.
“Eso depende del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Este organismo atiende las necesidades de todo el país y sólo hay ocho peritos para el territorio nacional. Se dio la instrucción de que esto se hiciera en diez días. Investigaciones me envió un correo diciendo que no era posible hacerlo en el plazo que fijó la fiscalía porque, simplemente, no tenían el personal para atender esa solicitud en el periodo estipulado. De todas formas, se les volvió a insistir que se diera un plazo corto para poder hacer la devolución de los equipos lo antes posible”, precisó el fiscal.
Sin embargo, Carolina Torres denunció además que el trato de los funcionarios de la Fiscalía de Cañete era “humillante” y que nadie la guió para encontrar una solución a su problema.
El fiscal, por su parte, manifestó que se habían llevado a cabo todos los procedimientos de acuerdo a los criterios establecidos en este tipo de casos y que las demoras en los peritajes escapaban a su función.
La demora en la indagación de los expertos en informática mantiene el caso paralizado en la actualidad y de acuerdo a lo que aseguró la denunciante, el presunto criminal todavía estaría en libertad sin podérsele formular cargos.
Una nueva denuncia sobre malos procedimientos judiciales realizó Carolina Torres, dueña de un cibercafé en la comuna de Cañete, región del Bío Bío.
Torres aseguró que luego de acusar ante Carabineros a un hombre que descargaba pornografía infantil en sus instalaciones y quien, además, presuntamente estaría involucrado en un caso de abuso sexual contra un menor, le fueron incautados sus computadores durante varias semanas. La acción le suprimió su única fuente de ingresos y provocó pérdidas en su negocio del orden de los 500 mil pesos.
Y pese a que el procedimiento contó con su consentimiento, la afectada sostuvo que “era por la razón o la fuerza. Si no los entregaba me los iban a quitar igual y la Policía de Investigaciones me dijo que me podía ir detenida por obstrucción a la justicia. Por eso los tuve que entregar voluntariamente”.
Torres reclamó también que “el fiscal a cargo de la causa nunca me llamó a declarar. No tuvo conocimiento de mi situación y jamás preguntó si yo estaba en condición de facilitar los equipos. Llegó y actúo”.
Durante este tiempo, Carolina Torres recurrió a distintas instancias como la Fiscalía Regional del Bío Bío para agilizar las pericias. Mediante un oficio esta entidad le respondió que se instruiría a la oficina de Cañete para que regresaran las máquinas lo antes posible.
El pasado 27 de julio le fueron devueltos tres de los cinco equipos con que los que contaba su cibercafé y los computadores restantes quedaron bajo el cuidado de la Policía de Investigaciones, organismo que está realizando las pericias del caso.
Según el fiscal jefe del distrito judicial de Cañete, Luis Morales, el retraso en las indagaciones se debe a que sólo hay ocho especialistas en todo el país. Morales señaló que a pesar de que se encargó realizar el proceso en un tiempo breve, aún no existen conclusiones sobre el careo a los procesadores.
“Eso depende del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Este organismo atiende las necesidades de todo el país y sólo hay ocho peritos para el territorio nacional. Se dio la instrucción de que esto se hiciera en diez días. Investigaciones me envió un correo diciendo que no era posible hacerlo en el plazo que fijó la fiscalía porque, simplemente, no tenían el personal para atender esa solicitud en el periodo estipulado. De todas formas, se les volvió a insistir que se diera un plazo corto para poder hacer la devolución de los equipos lo antes posible”, precisó el fiscal.
Sin embargo, Carolina Torres denunció además que el trato de los funcionarios de la Fiscalía de Cañete era “humillante” y que nadie la guió para encontrar una solución a su problema.
El fiscal, por su parte, manifestó que se habían llevado a cabo todos los procedimientos de acuerdo a los criterios establecidos en este tipo de casos y que las demoras en los peritajes escapaban a su función.
La demora en la indagación de los expertos en informática mantiene el caso paralizado en la actualidad y de acuerdo a lo que aseguró la denunciante, el presunto criminal todavía estaría en libertad sin podérsele formular cargos.
Una nueva denuncia sobre malos procedimientos judiciales realizó Carolina Torres, dueña de un cibercafé en la comuna de Cañete, región del Bío Bío.
Torres aseguró que luego de acusar ante Carabineros a un hombre que descargaba pornografía infantil en sus instalaciones y quien, además, presuntamente estaría involucrado en un caso de abuso sexual contra un menor, le fueron incautados sus computadores durante varias semanas. La acción le suprimió su única fuente de ingresos y provocó pérdidas en su negocio del orden de los 500 mil pesos.
Y pese a que el procedimiento contó con su consentimiento, la afectada sostuvo que “era por la razón o la fuerza. Si no los entregaba me los iban a quitar igual y la Policía de Investigaciones me dijo que me podía ir detenida por obstrucción a la justicia. Por eso los tuve que entregar voluntariamente”.
Torres reclamó también que “el fiscal a cargo de la causa nunca me llamó a declarar. No tuvo conocimiento de mi situación y jamás preguntó si yo estaba en condición de facilitar los equipos. Llegó y actúo”.
Durante este tiempo, Carolina Torres recurrió a distintas instancias como la Fiscalía Regional del Bío Bío para agilizar las pericias. Mediante un oficio esta entidad le respondió que se instruiría a la oficina de Cañete para que regresaran las máquinas lo antes posible.
El pasado 27 de julio le fueron devueltos tres de los cinco equipos con que los que contaba su cibercafé y los computadores restantes quedaron bajo el cuidado de la Policía de Investigaciones, organismo que está realizando las pericias del caso.
Según el fiscal jefe del distrito judicial de Cañete, Luis Morales, el retraso en las indagaciones se debe a que sólo hay ocho especialistas en todo el país. Morales señaló que a pesar de que se encargó realizar el proceso en un tiempo breve, aún no existen conclusiones sobre el careo a los procesadores.
“Eso depende del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Este organismo atiende las necesidades de todo el país y sólo hay ocho peritos para el territorio nacional. Se dio la instrucción de que esto se hiciera en diez días. Investigaciones me envió un correo diciendo que no era posible hacerlo en el plazo que fijó la fiscalía porque, simplemente, no tenían el personal para atender esa solicitud en el periodo estipulado. De todas formas, se les volvió a insistir que se diera un plazo corto para poder hacer la devolución de los equipos lo antes posible”, precisó el fiscal.
Sin embargo, Carolina Torres denunció además que el trato de los funcionarios de la Fiscalía de Cañete era “humillante” y que nadie la guió para encontrar una solución a su problema.
El fiscal, por su parte, manifestó que se habían llevado a cabo todos los procedimientos de acuerdo a los criterios establecidos en este tipo de casos y que las demoras en los peritajes escapaban a su función.
La demora en la indagación de los expertos en informática mantiene el caso paralizado en la actualidad y de acuerdo a lo que aseguró la denunciante, el presunto criminal todavía estaría en libertad sin podérsele formular cargos.
