Las estadísticas de accidentes fatales de trabajadores durante el 2009, indican que fueron 443 y en el primer trimestre de este año 155 lo que permite proyectar un aumento respecto al año pasado.

Pero estas cifras son subestimadas.  Muchas muertes de trabajadores no son declaradas como accidentes del trabajo. Se puede afirmar que mueren cerca de dos trabajadores diarios por condiciones inseguras de sus puestos de trabajo, es decir, más que los muertos en el terremoto y tsunami y duplican los homicidios. Sin embargo no son noticia.

El accidente minero de Atacama ha desnudado esta realidad y dejado en evidencia la ausencia de fiscalización de los organismos competentes: Sernageomin, Dirección del Trabajo y Ministerio de Salud.

La ausencia de Salud se mantiene; no está representada en la comisión presidencial de expertos que estudiará el tema y curiosamente es el ministerio responsable de aplicar la ley de accidentes del trabajo. Es más, el ministerio de Salud tiene la encuesta nacional de salud y condiciones de trabajo aplicada el año pasado a una muestra muy importante de trabajadores de todas las edades y faenas.

¿Por qué no se muestran esos resultados? ¿Señalarán nuevamente como responsables a los empresarios?

Me gustaría que el ministerio de Salud asumiera su responsabilidad y que entregara elementos y argumentos para formular una política pública que ponga el acento en las personas que trabajan. Ese es el papel del ministerio. La caja con los alimentos que recibirán los mineros puede promocionarla perfectamente algún supermercado.

Los parlamentarios deben exigir los antecedentes que he comentado. La oportunidad política para modernizar las leyes que protegen a los trabajadores es óptima.  El sacrificio de estos 33 valientes debe beneficiar en primer lugar a todos sus compañeros de clase, los trabajadores y trabajadoras de Chile.