La ONU impotente ante las violaciones colectivas en Congo
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se ha declarado “escandalizado” y ha ordenado una investigación sobre una nueva ola de violaciones colectivas a cerca de 200 mujeres en la República Democrática de Congo. Un equipo de la ONU confirmó el pasado 21 de agosto, la violación en serie de 154 mujeres en ese país. Las organizaciones humanitarias que habían denunciado los hechos avanzan la cifra de 180 a 200 víctimas.
Radio Francia Internacional
Viernes 27 de agosto 2010 15:08 hrs.
Dada la gravedad de los hechos, Ban Ki-moon ha decidido enviar como emisario a Congo al indio Atul Khare para investigar la denuncia y ha pedido un informe así mismo a la sueca Margot Wallstrom, su representante especial en la lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados. Las violaciones colectivas se produjeron en la localidad de Luvungi, en la provincia del norte de Kivu entre el 30 de julio y el 3 de agosto del presente año.
Los cascos azules de la ONU disponen de una base militar en Kibua, a tan solo treinta kilómetros del lugar donde tuvieron lugar las violaciones. El portavoz de la Minusco, Misión de la ONU en Congo, Martin Nesirky, afirma no haber tenido noticias de esas violaciones antes del 12 de agosto. Con cerca de 20.000 soldados, la Minusco es una de las más importantes misiones de paz de la ONU y uno de los ejes de su acción en Congo es precisamente la protección de la población civil.
Los crímenes perpetrados en Luvungi por milicianos Mai-Mai y por rebeldes Hutus ruandeses del FDLR ponen ahora en tela de juicio la eficacia y la capacidad de las fuerzas de la ONU para impedir tales atrocidades. En el primer trimestre de 2010, el Alto comisionado de la ONU para los refugiados contabilizó las denuncias de 1.244 mujeres víctimas de violaciones.
A pesar de las elecciones democráticas celebradas en Congo en 2006, las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la guerra han continuado en todo el país, y muy en especial en las regiones fronterizas con Ruanda, Uganda y Burundi, en donde diversos grupos armados se han refugiado y practican las mayores atrocidades impunemente. Los abusos sexuales, las violaciones colectivas y la mutilación de las víctimas en presencia de sus familiares se han convertido en un arma de esa guerra sucia entre el ejército congolés y los grupos rebeldes.
“En Congo hay criminales en cargos públicos y no pasa nada”, así lo afirma Caddy Adzuba, periodista congoleña amenazada de muerte que trabaja para la ONU y denuncia la violencia salvaje que sufren las mujeres en la República Democrática del Congo. Según Adzuba el 70 por ciento de las violaciones sexuales las cometen los rebeldes Hutus del FDLR como forma de venganza, pero también el ejército regular es responsable a menudo de abusos y violencias contra la población civil.
Se estima en más de 300 mil el número de mujeres que han sido violadas en Congo. Violencias cometidas en un clima de absoluta impunidad, ante la mirada impotente de los cascos azules de la ONU, y la ausencia de respuestas apropiadas de la comunidad internacional. El comienzo de estas atrocidades data del comienzo de los años noventa, cuando milicianos Hutus se refugiaron en los bosques del Congo tras haber exterminado 800.000 Tutsis y Hutus moderados en Ruanda.
De la misma manera, la Corte Penal Internacional se muestra hoy impotente en su tentativa de perseguir y condenar a los autores de esas atrocidades y crímenes contra la humanidad. A pesar de las pruebas y testimonios acumulados por las organizaciones no gubernamentales y por la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en Congo, los principales responsables de esos crímenes han escapado hasta ahora a la justicia y varias acusaciones fueron desestimadas por esa Corte Internacional.
Dada la gravedad de los hechos, Ban Ki-moon ha decidido enviar como emisario a Congo al indio Atul Khare para investigar la denuncia y ha pedido un informe así mismo a la sueca Margot Wallstrom, su representante especial en la lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados. Las violaciones colectivas se produjeron en la localidad de Luvungi, en la provincia del norte de Kivu entre el 30 de julio y el 3 de agosto del presente año.
Los cascos azules de la ONU disponen de una base militar en Kibua, a tan solo treinta kilómetros del lugar donde tuvieron lugar las violaciones. El portavoz de la Minusco, Misión de la ONU en Congo, Martin Nesirky, afirma no haber tenido noticias de esas violaciones antes del 12 de agosto. Con cerca de 20.000 soldados, la Minusco es una de las más importantes misiones de paz de la ONU y uno de los ejes de su acción en Congo es precisamente la protección de la población civil.
Los crímenes perpetrados en Luvungi por milicianos Mai-Mai y por rebeldes Hutus ruandeses del FDLR ponen ahora en tela de juicio la eficacia y la capacidad de las fuerzas de la ONU para impedir tales atrocidades. En el primer trimestre de 2010, el Alto comisionado de la ONU para los refugiados contabilizó las denuncias de 1.244 mujeres víctimas de violaciones.
A pesar de las elecciones democráticas celebradas en Congo en 2006, las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la guerra han continuado en todo el país, y muy en especial en las regiones fronterizas con Ruanda, Uganda y Burundi, en donde diversos grupos armados se han refugiado y practican las mayores atrocidades impunemente. Los abusos sexuales, las violaciones colectivas y la mutilación de las víctimas en presencia de sus familiares se han convertido en un arma de esa guerra sucia entre el ejército congolés y los grupos rebeldes.
“En Congo hay criminales en cargos públicos y no pasa nada”, así lo afirma Caddy Adzuba, periodista congoleña amenazada de muerte que trabaja para la ONU y denuncia la violencia salvaje que sufren las mujeres en la República Democrática del Congo. Según Adzuba el 70 por ciento de las violaciones sexuales las cometen los rebeldes Hutus del FDLR como forma de venganza, pero también el ejército regular es responsable a menudo de abusos y violencias contra la población civil.
Se estima en más de 300 mil el número de mujeres que han sido violadas en Congo. Violencias cometidas en un clima de absoluta impunidad, ante la mirada impotente de los cascos azules de la ONU, y la ausencia de respuestas apropiadas de la comunidad internacional. El comienzo de estas atrocidades data del comienzo de los años noventa, cuando milicianos Hutus se refugiaron en los bosques del Congo tras haber exterminado 800.000 Tutsis y Hutus moderados en Ruanda.
De la misma manera, la Corte Penal Internacional se muestra hoy impotente en su tentativa de perseguir y condenar a los autores de esas atrocidades y crímenes contra la humanidad. A pesar de las pruebas y testimonios acumulados por las organizaciones no gubernamentales y por la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en Congo, los principales responsables de esos crímenes han escapado hasta ahora a la justicia y varias acusaciones fueron desestimadas por esa Corte Internacional.
Dada la gravedad de los hechos, Ban Ki-moon ha decidido enviar como emisario a Congo al indio Atul Khare para investigar la denuncia y ha pedido un informe así mismo a la sueca Margot Wallstrom, su representante especial en la lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados. Las violaciones colectivas se produjeron en la localidad de Luvungi, en la provincia del norte de Kivu entre el 30 de julio y el 3 de agosto del presente año.
Los cascos azules de la ONU disponen de una base militar en Kibua, a tan solo treinta kilómetros del lugar donde tuvieron lugar las violaciones. El portavoz de la Minusco, Misión de la ONU en Congo, Martin Nesirky, afirma no haber tenido noticias de esas violaciones antes del 12 de agosto. Con cerca de 20.000 soldados, la Minusco es una de las más importantes misiones de paz de la ONU y uno de los ejes de su acción en Congo es precisamente la protección de la población civil.
Los crímenes perpetrados en Luvungi por milicianos Mai-Mai y por rebeldes Hutus ruandeses del FDLR ponen ahora en tela de juicio la eficacia y la capacidad de las fuerzas de la ONU para impedir tales atrocidades. En el primer trimestre de 2010, el Alto comisionado de la ONU para los refugiados contabilizó las denuncias de 1.244 mujeres víctimas de violaciones.
A pesar de las elecciones democráticas celebradas en Congo en 2006, las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la guerra han continuado en todo el país, y muy en especial en las regiones fronterizas con Ruanda, Uganda y Burundi, en donde diversos grupos armados se han refugiado y practican las mayores atrocidades impunemente. Los abusos sexuales, las violaciones colectivas y la mutilación de las víctimas en presencia de sus familiares se han convertido en un arma de esa guerra sucia entre el ejército congolés y los grupos rebeldes.
“En Congo hay criminales en cargos públicos y no pasa nada”, así lo afirma Caddy Adzuba, periodista congoleña amenazada de muerte que trabaja para la ONU y denuncia la violencia salvaje que sufren las mujeres en la República Democrática del Congo. Según Adzuba el 70 por ciento de las violaciones sexuales las cometen los rebeldes Hutus del FDLR como forma de venganza, pero también el ejército regular es responsable a menudo de abusos y violencias contra la población civil.
Se estima en más de 300 mil el número de mujeres que han sido violadas en Congo. Violencias cometidas en un clima de absoluta impunidad, ante la mirada impotente de los cascos azules de la ONU, y la ausencia de respuestas apropiadas de la comunidad internacional. El comienzo de estas atrocidades data del comienzo de los años noventa, cuando milicianos Hutus se refugiaron en los bosques del Congo tras haber exterminado 800.000 Tutsis y Hutus moderados en Ruanda.
De la misma manera, la Corte Penal Internacional se muestra hoy impotente en su tentativa de perseguir y condenar a los autores de esas atrocidades y crímenes contra la humanidad. A pesar de las pruebas y testimonios acumulados por las organizaciones no gubernamentales y por la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en Congo, los principales responsables de esos crímenes han escapado hasta ahora a la justicia y varias acusaciones fueron desestimadas por esa Corte Internacional.
