Luego que el Presidente Sebastián Piñera firmara el proyecto de ley que introduce cambios a  la competencia de la Justicia Militar, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se reunió con los senadores de la Coalición por el Cambio para conversar acerca de las reformas que enviará el Ejecutivo al Congreso, en el marco de la huelga de hambre de 34 presos políticos mapuches sostienen por ya casi dos meses.

De acuerdo al jefe de gabinete, en la cita se abordó además la temática mapuche en general y el Gobierno habría logrado el apoyo de los parlamentarios. Además, Hinzpeter reiteró el emplazamiento a todas las iglesias y personas cercanas a los comuneros para convencerlos de deponer la huelga de hambre.

“El Gobierno ha dado señales claras y categóricas de querer resolver problemas que se arrastraron durante años en otras administraciones. Esperamos que en este mes del Bicentenario, quienes están experimentando una huelga de hambre la depongan. Se lo hemos pedido desde el Gobierno, la iglesia, las instituciones de derechos humanos, el Congreso y creemos que lo mejor para el país es que podamos avanzar en los temas del pueblo mapuche y de todos los pueblos indígenas”, sostuvo el secretario de Estado.

Al respecto, el senador de Renovación Nacional Alberto Espina respaldó la propuesta del Ejecutivo y señaló que con esto “el gobierno está cumpliendo el deber de garantizar un juicio justo y ahora lo que corresponde es que esta huelga finalice”. Sin embargo, enfatizó que es necesario pasar “a la segunda etapa de la política de tierras” que, según su opinión, hasta el momento “ha sido un desastre”. “La Concertación se ha caracterizado por dejar a las comunidades abandonadas y humilladas con promesas incumplidas”, dijo Espina.

Por su parte, el UDI Hernán Larraín, manifestó su respaldo y el de los senadores de su sector a las modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Justicia Militar destacando que “se apunta en forma muy seria a buscar solución al problema planteado por la huelga de un grupo de personas mapuche prisioneras y, por otro lado, se resuelven temas que desde hace mucho tiempo se han estado buscando”.

Si bien Larraín señaló que esperan que los planteamientos que hicieron al Ejecutivo sean acogidos, desestimó los reparos del senador UDI Jovino Novoa, quien se manifestó a favor de reformar la Justicia Militar, pero no así la Ley Antiterrorista, señalando que “siempre habrá un punto menor donde hay opiniones y esperamos que puedan ser recogidas en la discusión final”.

De hecho, fue desde el gremialismo donde surgieron los mayores cuestionamientos a las iniciativas legales firmadas por el Presidente. Incluso, la diputada María Angélica Cristi pidió terminar con la “discriminación odiosa” que afecta a militares condenados y que se les otorguen beneficios carcelarios.  “Éstos son derechos que tienen las personas condenadas por diversos delitos para, por ejemplo, cumplida la mitad de la pena, tener salida dominical, reclusión nocturna u otros beneficios en esa línea.
Estos beneficios los otorga Gendarmería, pero en los últimos 20 años, puntualmente en los casos de condenados de las FFAA y de Carabineros, no se les han dado nunca”, dijo Cristi.

Desde la Concertación, en tanto, el presidente del Senado Jorge Pizarro (DC) aseguró que están dispuestos a retomar la discusión en torno a estos temas y agregó que espera que la huelga se pueda deponer porque “lo que ellos están pidiendo es que se constituya una suerte de mesa de diálogo y es importante empezar a trabajar en ello desde ya”.

Por su parte la diputada del PRI y presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, señaló que “lo más importante es proteger la vida humana. Hoy ese es nuestro principal objetivo y a raíz de esto tenemos que discutir sobre la Ley Antiterrorista”.

Hacia una verdadera reforma

En medio de este debate, el abogado de Derechos Humanos Hernán Montealegre, precisó que los delitos por los cuales están procesados los mapuche en huelga ya están previstos dentro del Código Penal, por lo que nunca debieron tener otra connotación de índole terrorista y nunca debieron ser juzgados por militares.

El jurista agregó que en la jurisdicción militar normalmente se identifica a un “enemigo del Estado”, término que excluye a una persona del país y de la patria, concepto que además, no existe en el Código Civil. Por eso, recalcó el avance que significa garantizar igualdad de condiciones ante la justicia a todos los chilenos, lo que además fue suscrito por nuestro país en varios tratados internacionales.

Montealegre criticó además que aún no exista una discusión de fondo que permita realizar una reforma constitucional respecto de tema. “Desde ese punto de vista todas las personas son iguales ante la ley y ante la protección que la ley les dé, entonces no procede que se haga una discriminación entre las personas civiles. En ese sentido, hay una reforma constitucional que está pendiente: el artículo 9 de la Constitución dice que el terrorismo es esencialmente contrario a los derechos humanos, eso es falso. Las violaciones a los derechos humanos las comete el Estado y el terrorismo lo comenten particulares”, precisó el abogado.

En ese punto también coincidió el abogado y ex Jefe del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Luciano Foillioux, quien recalcó la necesidad de realizar una reforma profunda al sistema judicial militar vigente en nuestro país.

“Este es un paso, pero la justicia militar requiere, por la importancia que tiene, reformas más profundas. Las instituciones se tienen que modernizar a sí mismas y este es un tema que debieran profundizar”, comentó Foillioux.

El proyecto que será enviado con suma urgencia al Congreso contempla además, la derogación del delito de desacato, con el fin de proteger la libertad de expresión. En su reemplazo se establecen los delitos de injurias, calumnias y amenazas en contra de uniformados.

El anuncio viene a tratar de acercar posiciones entre el Gobierno y las comunidades indígenas, sobre todo cuando el Presidente reiteró su llamado a los 34 presos mapuche que se mantienen en huelga de hambre –algunos hasta por 59 días- a deponerla.

Sin embargo, esa idea es descartada de plano en las comunidades, ya que, según aseguró el vocero de Temuco Eric Millán, el anuncio del Ejecutivo “no es suficiente”.