Ayer en el Senado se dio cuenta del ingreso del texto que modifica la Justicia Militar, que se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada. El proyecto tiene una sola modificación: las 5 mil causas que involucran a civiles y que están en mano de la Fiscalía Militar pasarán a los tribunales de Garantía.
En la Cámara se habló de un acuerdo político para realizar solamente esta reforma y hacerla viable en el corto plazo, debido a la huelga de hambre que llevaban adelante los prisioneros políticos mapuche, y que hoy sólo mantienen 11 comuneros en Angol y Chol Chol.
Pero en la Concertación plantean desconocer el acuerdo de la Cámara, ya que no ven la reforma como una salida a la huelga de hambre.
El senador Pedro Muñoz (PS), integrante de la Comisión de Defensa, sostiene que “el traspaso de las causas no es suficiente. Lo que debe determinarse es si en tiempos de paz se justifica que la Justicia Militar esté operando. Yo creo que tiene que adecuarse a la legislación que hay en el país, hay una Reforma Procesal Penal y la Justicia Militar se quedó atrás”, dijo.
Así se podrían incorporar otras normas, como redefinir el delito militar, cambiar la jurisdicción de los tribunales castrenses o dejar a los uniformados bajo la potestad de los tribunales de garantía, reformas que no se cristalizaron en la Cámara por el acuerdo político alcanzado.
En el oficialismo discrepan de esta idea. El senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la Comisión de Constitución, plantea que, lejos de los términos de las demandas, son los tiempos los que marcan el trámite del texto.
“Creo que la urgencia es lo que manda en este tema. Hacer un debate más de fondo sobre la Justicia Militar puede tomar más tiempo, y hoy el tiempo corre en contra para tener una señal clara de que las causas civiles van a seguir tramitándose en ese ámbito y las militares en el propio. Por lo tanto, en tanto civiles, las causas de los mapuches se van a tramitar en ese ámbito. Ése criterio queremos dejar establecido y mientras antes se despache, mejor”, explicó Larraín.
El proyecto será revisado por las comisiones de Constitución y Defensa unidas para empezar el segundo trámite constitucional.
Hay que recordar que el Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, planteó la posibilidad de eliminar la jurisdicción de los tribunales militares en tiempos de paz, aunque reconoció que el máximo tribunal está dividido al respecto.
Esta visión contrasta con la que tienen las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que a través de sus auditores plantearon en la Cámara que debe continuar la actual estructura de la Justicia Militar.
Ayer en el Senado se dio cuenta del ingreso del texto que modifica la Justicia Militar, que se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada. El proyecto tiene una sola modificación: las 5 mil causas que involucran a civiles y que están en mano de la Fiscalía Militar pasarán a los tribunales de Garantía.
En la Cámara se habló de un acuerdo político para realizar solamente esta reforma y hacerla viable en el corto plazo, debido a la huelga de hambre que llevaban adelante los prisioneros políticos mapuche, y que hoy sólo mantienen 11 comuneros en Angol y Chol Chol.
Pero en la Concertación plantean desconocer el acuerdo de la Cámara, ya que no ven la reforma como una salida a la huelga de hambre.
El senador Pedro Muñoz (PS), integrante de la Comisión de Defensa, sostiene que “el traspaso de las causas no es suficiente. Lo que debe determinarse es si en tiempos de paz se justifica que la Justicia Militar esté operando. Yo creo que tiene que adecuarse a la legislación que hay en el país, hay una Reforma Procesal Penal y la Justicia Militar se quedó atrás”, dijo.
Así se podrían incorporar otras normas, como redefinir el delito militar, cambiar la jurisdicción de los tribunales castrenses o dejar a los uniformados bajo la potestad de los tribunales de garantía, reformas que no se cristalizaron en la Cámara por el acuerdo político alcanzado.
En el oficialismo discrepan de esta idea. El senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la Comisión de Constitución, plantea que, lejos de los términos de las demandas, son los tiempos los que marcan el trámite del texto.
“Creo que la urgencia es lo que manda en este tema. Hacer un debate más de fondo sobre la Justicia Militar puede tomar más tiempo, y hoy el tiempo corre en contra para tener una señal clara de que las causas civiles van a seguir tramitándose en ese ámbito y las militares en el propio. Por lo tanto, en tanto civiles, las causas de los mapuches se van a tramitar en ese ámbito. Ése criterio queremos dejar establecido y mientras antes se despache, mejor”, explicó Larraín.
El proyecto será revisado por las comisiones de Constitución y Defensa unidas para empezar el segundo trámite constitucional.
Hay que recordar que el Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, planteó la posibilidad de eliminar la jurisdicción de los tribunales militares en tiempos de paz, aunque reconoció que el máximo tribunal está dividido al respecto.
Esta visión contrasta con la que tienen las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que a través de sus auditores plantearon en la Cámara que debe continuar la actual estructura de la Justicia Militar.
Ayer en el Senado se dio cuenta del ingreso del texto que modifica la Justicia Militar, que se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada. El proyecto tiene una sola modificación: las 5 mil causas que involucran a civiles y que están en mano de la Fiscalía Militar pasarán a los tribunales de Garantía.
En la Cámara se habló de un acuerdo político para realizar solamente esta reforma y hacerla viable en el corto plazo, debido a la huelga de hambre que llevaban adelante los prisioneros políticos mapuche, y que hoy sólo mantienen 11 comuneros en Angol y Chol Chol.
Pero en la Concertación plantean desconocer el acuerdo de la Cámara, ya que no ven la reforma como una salida a la huelga de hambre.
El senador Pedro Muñoz (PS), integrante de la Comisión de Defensa, sostiene que “el traspaso de las causas no es suficiente. Lo que debe determinarse es si en tiempos de paz se justifica que la Justicia Militar esté operando. Yo creo que tiene que adecuarse a la legislación que hay en el país, hay una Reforma Procesal Penal y la Justicia Militar se quedó atrás”, dijo.
Así se podrían incorporar otras normas, como redefinir el delito militar, cambiar la jurisdicción de los tribunales castrenses o dejar a los uniformados bajo la potestad de los tribunales de garantía, reformas que no se cristalizaron en la Cámara por el acuerdo político alcanzado.
En el oficialismo discrepan de esta idea. El senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la Comisión de Constitución, plantea que, lejos de los términos de las demandas, son los tiempos los que marcan el trámite del texto.
“Creo que la urgencia es lo que manda en este tema. Hacer un debate más de fondo sobre la Justicia Militar puede tomar más tiempo, y hoy el tiempo corre en contra para tener una señal clara de que las causas civiles van a seguir tramitándose en ese ámbito y las militares en el propio. Por lo tanto, en tanto civiles, las causas de los mapuches se van a tramitar en ese ámbito. Ése criterio queremos dejar establecido y mientras antes se despache, mejor”, explicó Larraín.
El proyecto será revisado por las comisiones de Constitución y Defensa unidas para empezar el segundo trámite constitucional.
Hay que recordar que el Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, planteó la posibilidad de eliminar la jurisdicción de los tribunales militares en tiempos de paz, aunque reconoció que el máximo tribunal está dividido al respecto.
Esta visión contrasta con la que tienen las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que a través de sus auditores plantearon en la Cámara que debe continuar la actual estructura de la Justicia Militar.
