“Es muy grave, teníamos indicios de problemas de seguridad y deberíamos haber actuado con anticipación”. Con esas palabras, la ministra del Trabajo, Camila Merino, le ponía la soga al cuello al Gobierno y generó un verdadero incendio comunicacional al interior del Palacio de La Moneda.

En la mañana, el ministro de Minería, Laurence Golborne, había evitado pronunciarse sobre el antecedente aportado por los mineros rescatados. Éstos habrían alertado a sus superiores en la empresa sobre ruidos de crujidos extraños al interior del yacimiento, tres horas antes del derrumbe, y no se les había permitido abandonar el lugar. El secretario de Estado argumentó que hay investigaciones en curso que deberán arrojar resultados.

Después de sus dichos, la ministra Merino fue citada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, y asesorada in situ por su equipo comunicacional para arreglar el desaguisado.

Posteriormente, intentó corregir sus declaraciones así: “Es imposible que el Gobierno hubiera tenido antecedentes sobre lo que pasó en horas previas al derrumbe” dijo.

Consultada por sus anteriores dichos, señaló que “después del grave accidente, nosotros hemos conocido que esta empresa tenía serios problemas de seguridad y deberíamos tener un buen sistema de fiscalización, de manera de detectar estos problemas. Los indicios son después, me refería a que después del accidente hemos sabido los problemas de seguridad”

En todo caso, desde el Gobierno aseguraron que el Consejo de Defensa del Estado es el que está estudiando los antecedentes para hacerse parte en eventuales acciones judiciales en contra de los ejecutivos de la minera San Esteban.

En Copiapó, en tanto, los trabajadores de la empresa, los compañeros de los 33 mineros rescatados, siguen movilizados por lo que consideran la poca preocupación del Gobierno por su actual estado. Ayer se reunieron en la Plaza de Armas de Copiapó para protestar y solicitar a la Inspección del Trabajo para presentar los reclamos por el no pago de sus finiquitos.

Javier Castillo, secretario general del sindicato de San Esteban, reiteró que no basta con los discursos del Gobierno y manifestó su preocupación porque muchos de los ofrecimientos hechos para reubicar a los mineros en otras empresas son miserables.

“Son ofertas que están muy lejos de tus expectativas. Cuando nosotros planteamos el derecho al pago de las indemnizaciones por años de servicio, te permite precisamente tener la posibilidad de optar. En este momento tú dices que no, pero en una o dos semanas más vas a tener que resignarte a lo que hay, a las ofertas que te están colocando”, anticipó.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, respondió que el Gobierno ha hecho todo lo posible para que los trabajadores de San Esteban accedan al pago de su finiquito, así como a sus sueldos y cotizaciones. El secretario de Estado afirmó  que las movilizaciones no van a conseguir nada más de lo que ya se ha planteado por parte del Gobierno.

“Sobre juicios de valor no me quiero pronunciar. Lo único que siempre recuerdo es que en este país, desafortunadamente, tenemos 600 mil cesantes. Por eso, tenemos que mirar esto con altura de miras, con claridad respecto a lo que se puede o no hacer. En particular, para los trabajadores de minera San Esteban estamos haciendo un esfuerzo adicional, único, de tratar de conciliar, pidiéndole a las empresas mineras que les den una oportunidad de trabajo. Si alguien lo encuentra miserable, es lamentable. El trabajo es digno”, recalcó.

Evelyn Olmos, presidenta del Sindicato Nº 1 de la minera San Esteban, indicó que ellos están pidiendo una solución de calidad para la situación de los casi 300 trabajadores que están sin empleo.

La dirigenta sostuvo que el ministro Golborne se equivoca al afirmar que cualquier trabajo debe ser aceptado, pues no se puede cambiar tan drásticamente el destino económico de las familias afectadas por la situación: “En las pocas propuestas de trabajo que ha habido de parte de las otras empresas, a través de esta feria laboral, se está ofreciendo un sueldo. Y cuando llaman por segunda vez dicen ‘mira, hay uno que cuesta 200 mil pesos más barato que tú’. Hacen que los trabajadores bajen el monto de su sueldo. Y siendo baja la expectativa, creo que es un abuso”, comentó.

Los trabajadores pusieron un reclamo ante la Inspección del Trabajo para solicitar el pago de sus finiquitos según los preceptos legales y no según la disponibilidad económica de la empresa.