Se sigue agudizando el conflicto estudiantil con nuevas marchas. La huelga de hambre de los secundarios completa un mes y comienza una huelga de hambre seca en Buin. Mientras, las autoridades extreman también su postura, endureciendo las medidas contra los encapuchados e insistiendo en los daños y conflictos que genera el movimiento.
Incluso el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, señaló que si con Carabineros no se alcanzan a impedir los desmanes “hay que pedir apoyo a las Fuerzas Armadas”. Luego tuvo que rectificar sus palabras, pero comparando las marchas por la Alameda con los saqueos y las barricadas que siguieron al terremoto del 27 de febrero de 2011.
En este contexto, José Horacio Wood, director ejecutivo de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos, afirmó que este tenso panorama es responsabilidad del Gobierno y su falta de voluntad para conducir un diálogo sincero y efectivo: “Esto refleja la situación actual que ha generado el Gobierno al no escuchar las demandas de los estudiantes, al no dar una respuesta clara. Por supuesto que toda huelga de hambre, más aun si la están llevando a cabo estudiantes secundarios, es una situación de riesgo muy seria. Entonces lo que uno se pregunta es cómo hemos llegado a esta situación, en que para que los estudiantes sean escuchados, tengan que llegar a medidas extremas. Lo que es necesario son los caminos de diálogo y el que tiene que llevar la iniciativa es el Gobierno”, dijo.
Wood añadió que es responsabilidad del Estado garantizar la vida de los jóvenes y no perder el tiempo preocupándose de cómo contener las legítimas movilizaciones de los estudiantes, criminalizando el movimiento estudiantil como lo ha venido haciendo.
Con esto coincidió el vocero nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, Carlos Muñoz, para quien la violencia con la que se está actuando para reprimir a los estudiantes es completamente inaceptable y debe detenerse ante de que esto pase a mayores: “El discurso de las autoridades frente a las manifestaciones se está haciendo cada vez más violento y por lo tanto, se están dando las señales hacia las fuerzas públicas respecto a que es legítimo el uso de la fuerza desmedida contra niños, niñas y jóvenes. Es bastante preocupante. Como sociedad civil vamos a pronunciarnos y usar todos los mecanismos de denuncia, nacionales e internacionales, para frenar la situación de violencia excesiva del Estado hacia niños, niñas y jóvenes. Además que es extrapolable a todo tipo de manifestaciones sociales”, advirtió.
Para Muñoz los medios de comunicación tradicionales también han contribuido en incitar este clima de violencia, toda vez que se hace eco del discurso oficial, enfatizando la información en los encapuchados y los daños a la propiedad pública y no en la verdadera información: las demandas estudiantiles y las vías para hacer modificar y mejorar nuestro actual sistema educacional.
Mientras, Sergio Vivianco, sociólogo de la Corporación Opción, organización que vela por los derechos de los niños y adolescentes, advirtió que, pese a los esfuerzos del Gobierno de restarle legitimidad, el movimiento cuenta con respaldo y está más vivo que nunca: “Un movimiento que tiene asidero y simpatía en la ciudadanía es difícil que se deslegitime o erosione su validez utilizando imágenes de medios de comunicación que son maniqueas, extremas. Toda la ciudadanía sabe que estos desórdenes, en general, son causados por minorías que no tienen nada que ver con el movimiento en sí. De hecho la ciudadanía ha sido testigo, al revés, de un esfuerzo de creatividad de los jóvenes por manifestar y hacer sentir su derecho a expresión”, señaló.
Para los especialistas, la solución de este conflicto no está en aplicar más represión y seguir tensionando el clima nacional, sino que abrirse a escuchar y discutir realmente las demandas, siendo conscientes de que hoy se vive un momento histórico en nuestro país.
Se sigue agudizando el conflicto estudiantil con nuevas marchas. La huelga de hambre de los secundarios completa un mes y comienza una huelga de hambre seca en Buin. Mientras, las autoridades extreman también su postura, endureciendo las medidas contra los encapuchados e insistiendo en los daños y conflictos que genera el movimiento.
Incluso el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, señaló que si con Carabineros no se alcanzan a impedir los desmanes “hay que pedir apoyo a las Fuerzas Armadas”. Luego tuvo que rectificar sus palabras, pero comparando las marchas por la Alameda con los saqueos y las barricadas que siguieron al terremoto del 27 de febrero de 2011.
En este contexto, José Horacio Wood, director ejecutivo de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos, afirmó que este tenso panorama es responsabilidad del Gobierno y su falta de voluntad para conducir un diálogo sincero y efectivo: “Esto refleja la situación actual que ha generado el Gobierno al no escuchar las demandas de los estudiantes, al no dar una respuesta clara. Por supuesto que toda huelga de hambre, más aun si la están llevando a cabo estudiantes secundarios, es una situación de riesgo muy seria. Entonces lo que uno se pregunta es cómo hemos llegado a esta situación, en que para que los estudiantes sean escuchados, tengan que llegar a medidas extremas. Lo que es necesario son los caminos de diálogo y el que tiene que llevar la iniciativa es el Gobierno”, dijo.
Wood añadió que es responsabilidad del Estado garantizar la vida de los jóvenes y no perder el tiempo preocupándose de cómo contener las legítimas movilizaciones de los estudiantes, criminalizando el movimiento estudiantil como lo ha venido haciendo.
Con esto coincidió el vocero nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, Carlos Muñoz, para quien la violencia con la que se está actuando para reprimir a los estudiantes es completamente inaceptable y debe detenerse ante de que esto pase a mayores: “El discurso de las autoridades frente a las manifestaciones se está haciendo cada vez más violento y por lo tanto, se están dando las señales hacia las fuerzas públicas respecto a que es legítimo el uso de la fuerza desmedida contra niños, niñas y jóvenes. Es bastante preocupante. Como sociedad civil vamos a pronunciarnos y usar todos los mecanismos de denuncia, nacionales e internacionales, para frenar la situación de violencia excesiva del Estado hacia niños, niñas y jóvenes. Además que es extrapolable a todo tipo de manifestaciones sociales”, advirtió.
Para Muñoz los medios de comunicación tradicionales también han contribuido en incitar este clima de violencia, toda vez que se hace eco del discurso oficial, enfatizando la información en los encapuchados y los daños a la propiedad pública y no en la verdadera información: las demandas estudiantiles y las vías para hacer modificar y mejorar nuestro actual sistema educacional.
Mientras, Sergio Vivianco, sociólogo de la Corporación Opción, organización que vela por los derechos de los niños y adolescentes, advirtió que, pese a los esfuerzos del Gobierno de restarle legitimidad, el movimiento cuenta con respaldo y está más vivo que nunca: “Un movimiento que tiene asidero y simpatía en la ciudadanía es difícil que se deslegitime o erosione su validez utilizando imágenes de medios de comunicación que son maniqueas, extremas. Toda la ciudadanía sabe que estos desórdenes, en general, son causados por minorías que no tienen nada que ver con el movimiento en sí. De hecho la ciudadanía ha sido testigo, al revés, de un esfuerzo de creatividad de los jóvenes por manifestar y hacer sentir su derecho a expresión”, señaló.
Para los especialistas, la solución de este conflicto no está en aplicar más represión y seguir tensionando el clima nacional, sino que abrirse a escuchar y discutir realmente las demandas, siendo conscientes de que hoy se vive un momento histórico en nuestro país.
Se sigue agudizando el conflicto estudiantil con nuevas marchas. La huelga de hambre de los secundarios completa un mes y comienza una huelga de hambre seca en Buin. Mientras, las autoridades extreman también su postura, endureciendo las medidas contra los encapuchados e insistiendo en los daños y conflictos que genera el movimiento.
Incluso el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, señaló que si con Carabineros no se alcanzan a impedir los desmanes “hay que pedir apoyo a las Fuerzas Armadas”. Luego tuvo que rectificar sus palabras, pero comparando las marchas por la Alameda con los saqueos y las barricadas que siguieron al terremoto del 27 de febrero de 2011.
En este contexto, José Horacio Wood, director ejecutivo de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos, afirmó que este tenso panorama es responsabilidad del Gobierno y su falta de voluntad para conducir un diálogo sincero y efectivo: “Esto refleja la situación actual que ha generado el Gobierno al no escuchar las demandas de los estudiantes, al no dar una respuesta clara. Por supuesto que toda huelga de hambre, más aun si la están llevando a cabo estudiantes secundarios, es una situación de riesgo muy seria. Entonces lo que uno se pregunta es cómo hemos llegado a esta situación, en que para que los estudiantes sean escuchados, tengan que llegar a medidas extremas. Lo que es necesario son los caminos de diálogo y el que tiene que llevar la iniciativa es el Gobierno”, dijo.
Wood añadió que es responsabilidad del Estado garantizar la vida de los jóvenes y no perder el tiempo preocupándose de cómo contener las legítimas movilizaciones de los estudiantes, criminalizando el movimiento estudiantil como lo ha venido haciendo.
Con esto coincidió el vocero nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, Carlos Muñoz, para quien la violencia con la que se está actuando para reprimir a los estudiantes es completamente inaceptable y debe detenerse ante de que esto pase a mayores: “El discurso de las autoridades frente a las manifestaciones se está haciendo cada vez más violento y por lo tanto, se están dando las señales hacia las fuerzas públicas respecto a que es legítimo el uso de la fuerza desmedida contra niños, niñas y jóvenes. Es bastante preocupante. Como sociedad civil vamos a pronunciarnos y usar todos los mecanismos de denuncia, nacionales e internacionales, para frenar la situación de violencia excesiva del Estado hacia niños, niñas y jóvenes. Además que es extrapolable a todo tipo de manifestaciones sociales”, advirtió.
Para Muñoz los medios de comunicación tradicionales también han contribuido en incitar este clima de violencia, toda vez que se hace eco del discurso oficial, enfatizando la información en los encapuchados y los daños a la propiedad pública y no en la verdadera información: las demandas estudiantiles y las vías para hacer modificar y mejorar nuestro actual sistema educacional.
Mientras, Sergio Vivianco, sociólogo de la Corporación Opción, organización que vela por los derechos de los niños y adolescentes, advirtió que, pese a los esfuerzos del Gobierno de restarle legitimidad, el movimiento cuenta con respaldo y está más vivo que nunca: “Un movimiento que tiene asidero y simpatía en la ciudadanía es difícil que se deslegitime o erosione su validez utilizando imágenes de medios de comunicación que son maniqueas, extremas. Toda la ciudadanía sabe que estos desórdenes, en general, son causados por minorías que no tienen nada que ver con el movimiento en sí. De hecho la ciudadanía ha sido testigo, al revés, de un esfuerzo de creatividad de los jóvenes por manifestar y hacer sentir su derecho a expresión”, señaló.
Para los especialistas, la solución de este conflicto no está en aplicar más represión y seguir tensionando el clima nacional, sino que abrirse a escuchar y discutir realmente las demandas, siendo conscientes de que hoy se vive un momento histórico en nuestro país.
