Una nueva denuncia por prácticas abusivas de entidades bancarias realizaron los diputados Felipe Harboe (PPD) y Karla Rubilar (RN). Esta vez la empresa afectada sería el Banco Santander que, según los parlamentarios, estaría vendiendo sus carteras de crédito vencidas a terceros, sin el conocimiento de los deudores.
Harboe explicó que “el banco aparecía en el mercado con importantes aumentos en las colocaciones de créditos y una vez que la cartera estaba castigada, se vendía a un tercero en perjuicio del cliente, imputando el producto de la venta como utilidad cuando en realidad se trataba de una mala colocación”.
Los legisladores solicitaron a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que investigara estos hechos y que determinara, además, si el directorio del Banco Santander estaba en conocimiento de la aplicación de este tipo de operaciones.
Sin embargo, según indicó el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (ODECU), Stefan Larenas, esta no es la primera vez que se registran denuncias sobre estas prácticas, que se relacionarían directamente con cláusulas abusivas en los contratos.
De acuerdo a los datos que maneja la ODECU, en algunos casos, los convenios establecen una autorización del cliente para traspasar los montos adeudados a terceros que, por lo general, corresponden a compañías de factoraje o securitizadoras. Frente a esto, las personas no tienen poder de negociar y están sometidas al dictamen contractual que plantean las instituciones financieras, quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad.
“Si la cartera está en manos de otro, ellos no permiten que se vaya amortizando la deuda de a poco, sino que obligan a cancelar la morosidad en su conjunto o dar un pie en condiciones completamente anormales y perjudiciales para el consumidor. Las empresas de factoraje actúan muchas veces por encima de la ley y son extremadamente abusivas con las personas”, sostuvo el dirigente.
Larenas agregó que las empresas que se hacen cargo de las carteras vencidas pueden realizar cobros especiales por gastos de operación, trámites e intereses. Esto configuraría un escenario donde las reglas no se aplican, ya que las compañías de factoraje no están sometidas a la fiscalización de la SBIF. Pero además, algunas de estas firmas corresponden a los mismos holdings financieros como en el caso Santander – Banefe.
Por lo mismo, el presidente de la ODECU subrayó que el primer tema que se debe abordar es la eliminación de los artículos abusivos.
“Aquí lo que debiera prohibirse es que existan las cláusulas donde se otorgan facultades al banco para vender mi cartera. Pero en el caso de que se acceda consciente y de forma informada a realizar esta operación, se debe exigir que el factoraje respete las mismas reglas que se aplican a todo tipo de préstamo y acciones de consumo”, afirmó.
Si bien, la Ley del Consumidor establece claramente que cuando una persona solicita un crédito, su relación debe mantenerse exclusivamente con la entidad que lo otorga, ante este tipo de situaciones es el contrato el que prevalece.
En esa línea, la diputada Karla Rubilar concluyó que “estamos frente a una aberración del sistema bancario, en que el negocio no es el crédito mismo, sino la deuda; el banco está a la espera de que el cliente no le pueda pagar, para venderle esa deuda a un tercero que carece de las regulaciones básicas exigibles a la banca”.
Una nueva denuncia por prácticas abusivas de entidades bancarias realizaron los diputados Felipe Harboe (PPD) y Karla Rubilar (RN). Esta vez la empresa afectada sería el Banco Santander que, según los parlamentarios, estaría vendiendo sus carteras de crédito vencidas a terceros, sin el conocimiento de los deudores.
Harboe explicó que “el banco aparecía en el mercado con importantes aumentos en las colocaciones de créditos y una vez que la cartera estaba castigada, se vendía a un tercero en perjuicio del cliente, imputando el producto de la venta como utilidad cuando en realidad se trataba de una mala colocación”.
Los legisladores solicitaron a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que investigara estos hechos y que determinara, además, si el directorio del Banco Santander estaba en conocimiento de la aplicación de este tipo de operaciones.
Sin embargo, según indicó el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (ODECU), Stefan Larenas, esta no es la primera vez que se registran denuncias sobre estas prácticas, que se relacionarían directamente con cláusulas abusivas en los contratos.
De acuerdo a los datos que maneja la ODECU, en algunos casos, los convenios establecen una autorización del cliente para traspasar los montos adeudados a terceros que, por lo general, corresponden a compañías de factoraje o securitizadoras. Frente a esto, las personas no tienen poder de negociar y están sometidas al dictamen contractual que plantean las instituciones financieras, quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad.
“Si la cartera está en manos de otro, ellos no permiten que se vaya amortizando la deuda de a poco, sino que obligan a cancelar la morosidad en su conjunto o dar un pie en condiciones completamente anormales y perjudiciales para el consumidor. Las empresas de factoraje actúan muchas veces por encima de la ley y son extremadamente abusivas con las personas”, sostuvo el dirigente.
Larenas agregó que las empresas que se hacen cargo de las carteras vencidas pueden realizar cobros especiales por gastos de operación, trámites e intereses. Esto configuraría un escenario donde las reglas no se aplican, ya que las compañías de factoraje no están sometidas a la fiscalización de la SBIF. Pero además, algunas de estas firmas corresponden a los mismos holdings financieros como en el caso Santander – Banefe.
Por lo mismo, el presidente de la ODECU subrayó que el primer tema que se debe abordar es la eliminación de los artículos abusivos.
“Aquí lo que debiera prohibirse es que existan las cláusulas donde se otorgan facultades al banco para vender mi cartera. Pero en el caso de que se acceda consciente y de forma informada a realizar esta operación, se debe exigir que el factoraje respete las mismas reglas que se aplican a todo tipo de préstamo y acciones de consumo”, afirmó.
Si bien, la Ley del Consumidor establece claramente que cuando una persona solicita un crédito, su relación debe mantenerse exclusivamente con la entidad que lo otorga, ante este tipo de situaciones es el contrato el que prevalece.
En esa línea, la diputada Karla Rubilar concluyó que “estamos frente a una aberración del sistema bancario, en que el negocio no es el crédito mismo, sino la deuda; el banco está a la espera de que el cliente no le pueda pagar, para venderle esa deuda a un tercero que carece de las regulaciones básicas exigibles a la banca”.
Una nueva denuncia por prácticas abusivas de entidades bancarias realizaron los diputados Felipe Harboe (PPD) y Karla Rubilar (RN). Esta vez la empresa afectada sería el Banco Santander que, según los parlamentarios, estaría vendiendo sus carteras de crédito vencidas a terceros, sin el conocimiento de los deudores.
Harboe explicó que “el banco aparecía en el mercado con importantes aumentos en las colocaciones de créditos y una vez que la cartera estaba castigada, se vendía a un tercero en perjuicio del cliente, imputando el producto de la venta como utilidad cuando en realidad se trataba de una mala colocación”.
Los legisladores solicitaron a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que investigara estos hechos y que determinara, además, si el directorio del Banco Santander estaba en conocimiento de la aplicación de este tipo de operaciones.
Sin embargo, según indicó el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (ODECU), Stefan Larenas, esta no es la primera vez que se registran denuncias sobre estas prácticas, que se relacionarían directamente con cláusulas abusivas en los contratos.
De acuerdo a los datos que maneja la ODECU, en algunos casos, los convenios establecen una autorización del cliente para traspasar los montos adeudados a terceros que, por lo general, corresponden a compañías de factoraje o securitizadoras. Frente a esto, las personas no tienen poder de negociar y están sometidas al dictamen contractual que plantean las instituciones financieras, quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad.
“Si la cartera está en manos de otro, ellos no permiten que se vaya amortizando la deuda de a poco, sino que obligan a cancelar la morosidad en su conjunto o dar un pie en condiciones completamente anormales y perjudiciales para el consumidor. Las empresas de factoraje actúan muchas veces por encima de la ley y son extremadamente abusivas con las personas”, sostuvo el dirigente.
Larenas agregó que las empresas que se hacen cargo de las carteras vencidas pueden realizar cobros especiales por gastos de operación, trámites e intereses. Esto configuraría un escenario donde las reglas no se aplican, ya que las compañías de factoraje no están sometidas a la fiscalización de la SBIF. Pero además, algunas de estas firmas corresponden a los mismos holdings financieros como en el caso Santander – Banefe.
Por lo mismo, el presidente de la ODECU subrayó que el primer tema que se debe abordar es la eliminación de los artículos abusivos.
“Aquí lo que debiera prohibirse es que existan las cláusulas donde se otorgan facultades al banco para vender mi cartera. Pero en el caso de que se acceda consciente y de forma informada a realizar esta operación, se debe exigir que el factoraje respete las mismas reglas que se aplican a todo tipo de préstamo y acciones de consumo”, afirmó.
Si bien, la Ley del Consumidor establece claramente que cuando una persona solicita un crédito, su relación debe mantenerse exclusivamente con la entidad que lo otorga, ante este tipo de situaciones es el contrato el que prevalece.
En esa línea, la diputada Karla Rubilar concluyó que “estamos frente a una aberración del sistema bancario, en que el negocio no es el crédito mismo, sino la deuda; el banco está a la espera de que el cliente no le pueda pagar, para venderle esa deuda a un tercero que carece de las regulaciones básicas exigibles a la banca”.
