Hace unos días se conformó el comité “Fin al Destierro” que busca terminar con esta situación en nuestro país después de 30 años.
Los exiliados se han reunido en distintos grupos principalmente en distintos países europeos, los que han gestionado arduamente el regreso de los desterrados a Chile, realizando trámites y enviando misivas a los mandatarios sin tener respuesta alguna.
Sobre estos e refirió Silvia Aedo, esposa de Hugo Marchant, ex preso político y exiliado, quien actualmente vive en Finlandia y no puede retornar a Chile porque las llamadas “leyes cumplido” se lo impiden.
“Llevamos casi 20 años de transición. Cuándo se va a terminar la transición. Cuándo en este país va a haber derecho a que todas las personas puedan volver a pisar este país, y no digo que ellos quieran volver, quizás algunos quieran volver, pero está pena del destierro, este castigo del extrañamiento o exilio tiene que terminar. Los chilenos que están afuera decidirán si es que se quieren quedar o no, pero ellos tiene el derecho de entrar a su patria”, señaló Aedo.
Los abogados Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza señalaron que la continuidad del exilio es la sobrevivencia de una situación netamente dictatorial y afirmaron que no tiene sentido que siga existiendo hoy, en plena democracia. Además, la abogada indicó que es urgente resolver la situación judicial de los afectados, los que recibieron condenas sumamente irregulares y que aún les pesan.
“La necesidad y justicia de poner fin a estas penas que realmente se basaron en procedimientos en los cuales carecieron de toda norma de debido proceso, puesto que el juez no tenía ninguna imparcialidad al momento de investigar y condenar, ya que era la justicia militar que investigaba a los civiles. Se aplicó la tortura como un mecanismo sistemático para arrojar pruebas con las cuales fueron condenados posteriormente, por lo que todos comparten la necesidad de revertir esa situación y poner fin a estas penas que se prolongan en el tiempo”, indicó la abogada Alejandra Arriaza.
Los abogados agregaron que esta situación se puede resolver con una ley de indulto general por parte del Congreso o a través de un indulto particular del Presidente de la República. Además, hicieron un llamado al Instituto Nacional de Derechos Humanos a involucrarse en el tema y tomar cartas en el asunto para resguardar el derecho de todo ser humano a vivir en su patria.
Hace unos días se conformó el comité “Fin al Destierro” que busca terminar con esta situación en nuestro país después de 30 años.
Los exiliados se han reunido en distintos grupos principalmente en distintos países europeos, los que han gestionado arduamente el regreso de los desterrados a Chile, realizando trámites y enviando misivas a los mandatarios sin tener respuesta alguna.
Sobre estos e refirió Silvia Aedo, esposa de Hugo Marchant, ex preso político y exiliado, quien actualmente vive en Finlandia y no puede retornar a Chile porque las llamadas “leyes cumplido” se lo impiden.
“Llevamos casi 20 años de transición. Cuándo se va a terminar la transición. Cuándo en este país va a haber derecho a que todas las personas puedan volver a pisar este país, y no digo que ellos quieran volver, quizás algunos quieran volver, pero está pena del destierro, este castigo del extrañamiento o exilio tiene que terminar. Los chilenos que están afuera decidirán si es que se quieren quedar o no, pero ellos tiene el derecho de entrar a su patria”, señaló Aedo.
Los abogados Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza señalaron que la continuidad del exilio es la sobrevivencia de una situación netamente dictatorial y afirmaron que no tiene sentido que siga existiendo hoy, en plena democracia. Además, la abogada indicó que es urgente resolver la situación judicial de los afectados, los que recibieron condenas sumamente irregulares y que aún les pesan.
“La necesidad y justicia de poner fin a estas penas que realmente se basaron en procedimientos en los cuales carecieron de toda norma de debido proceso, puesto que el juez no tenía ninguna imparcialidad al momento de investigar y condenar, ya que era la justicia militar que investigaba a los civiles. Se aplicó la tortura como un mecanismo sistemático para arrojar pruebas con las cuales fueron condenados posteriormente, por lo que todos comparten la necesidad de revertir esa situación y poner fin a estas penas que se prolongan en el tiempo”, indicó la abogada Alejandra Arriaza.
Los abogados agregaron que esta situación se puede resolver con una ley de indulto general por parte del Congreso o a través de un indulto particular del Presidente de la República. Además, hicieron un llamado al Instituto Nacional de Derechos Humanos a involucrarse en el tema y tomar cartas en el asunto para resguardar el derecho de todo ser humano a vivir en su patria.
Hace unos días se conformó el comité “Fin al Destierro” que busca terminar con esta situación en nuestro país después de 30 años.
Los exiliados se han reunido en distintos grupos principalmente en distintos países europeos, los que han gestionado arduamente el regreso de los desterrados a Chile, realizando trámites y enviando misivas a los mandatarios sin tener respuesta alguna.
Sobre estos e refirió Silvia Aedo, esposa de Hugo Marchant, ex preso político y exiliado, quien actualmente vive en Finlandia y no puede retornar a Chile porque las llamadas “leyes cumplido” se lo impiden.
“Llevamos casi 20 años de transición. Cuándo se va a terminar la transición. Cuándo en este país va a haber derecho a que todas las personas puedan volver a pisar este país, y no digo que ellos quieran volver, quizás algunos quieran volver, pero está pena del destierro, este castigo del extrañamiento o exilio tiene que terminar. Los chilenos que están afuera decidirán si es que se quieren quedar o no, pero ellos tiene el derecho de entrar a su patria”, señaló Aedo.
Los abogados Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza señalaron que la continuidad del exilio es la sobrevivencia de una situación netamente dictatorial y afirmaron que no tiene sentido que siga existiendo hoy, en plena democracia. Además, la abogada indicó que es urgente resolver la situación judicial de los afectados, los que recibieron condenas sumamente irregulares y que aún les pesan.
“La necesidad y justicia de poner fin a estas penas que realmente se basaron en procedimientos en los cuales carecieron de toda norma de debido proceso, puesto que el juez no tenía ninguna imparcialidad al momento de investigar y condenar, ya que era la justicia militar que investigaba a los civiles. Se aplicó la tortura como un mecanismo sistemático para arrojar pruebas con las cuales fueron condenados posteriormente, por lo que todos comparten la necesidad de revertir esa situación y poner fin a estas penas que se prolongan en el tiempo”, indicó la abogada Alejandra Arriaza.
Los abogados agregaron que esta situación se puede resolver con una ley de indulto general por parte del Congreso o a través de un indulto particular del Presidente de la República. Además, hicieron un llamado al Instituto Nacional de Derechos Humanos a involucrarse en el tema y tomar cartas en el asunto para resguardar el derecho de todo ser humano a vivir en su patria.
