Cuatro hechos cometidos en distintas fechas y lugares fueron acumulados por el Ministerio Público en el mismo juicio. Se trata de un incendio común el año 2005, un incendio catalogado de “terrorista” en el fundo Santa Rosa el 2008, una acusación de amenaza terrorista en contra de Jorge Luchsinger y la tenencia ilegal de municiones.
Los acusados son Maurcio Waikilao y Luis Tralcal, quien también está imputado en la causa del ataque a Turbus. Ambos, pasaron más de un año y medio en prisión preventiva y formaron parte de la huelga de hambre del año 2010 junto a otros 34 presos políticos mapuche.
El tribunal que los juzgará está presidido por el juez Jorge González, quien ya ha participado en otros juicios en contra de comuneros entre ellos el más emblemático es la condena a los lonkos Pichún y Norin, que hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la causa se presentarán 99 testigos y algunos de ellos han pedido máximo resguardo y se presentarán “testigos protegido”, entre ellos un menor de edad que solo tenía 10 años cuando sucedieron los hechos investigados, además de 58 peritos.
Ante esto, el abogado defensor, Sebastián Saavedra, comentó que “se busca a como dé lugar cualquier tipo de evidencia para poder acusarlos. En este caso, las pruebas son tan prácticas que da para pensar que se quiere una condena a todas luces por el solo hecho de ser comuneros importantes a raíz de las demandas por las tierras”.
Esto no es una historia nueva y responde a la lógica con la que se han venido dando estos procesos, entre ellos uno de los más recordados de este último tiempo: el juicio de Cañete, donde se procesó a 17 comuneros y sólo se condenó a cuatro de ellos, que recibieron una considerable rebaja de pena en la Corte Suprema.
Uno de los absueltos de este emblemático juicio desde se pedían hasta 103 años de presidio y donde los dirigentes estuvieron casi dos años en prisión preventiva, fue Luis Menares, uno de los integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y quien en conversación exclusiva con Radio Universidad de Chile, apuntó a los montajes judiciales como eje de la estrategia del Estado para acallarlos.
“Creo que eso va a seguir siempre mientras esté el proceso de recuperación de territorios. Siempre va a haber un montaje porque nunca han tenido las pruebas suficientes para inculpar a personas. Lo único que les queda es comprar abogados y jueces, gente dentro de las cárceles y los Gobiernos ya están acostumbrados a eso”, denunció Menares.
El comunero agregó que, pese a todos los compromisos y conversaciones, el Gobierno sigue aplicando la Ley Antiterrorista, a pesar de que esta legislación ha sido criticada por abogados y organismos de Derechos Humanos y advirtió que este juicio no es el único, ya que a diario se producen allanamientos para crear montajes e ir sacando del mapa a los principales dirigentes y autoridades tradicionales.
Cuatro hechos cometidos en distintas fechas y lugares fueron acumulados por el Ministerio Público en el mismo juicio. Se trata de un incendio común el año 2005, un incendio catalogado de “terrorista” en el fundo Santa Rosa el 2008, una acusación de amenaza terrorista en contra de Jorge Luchsinger y la tenencia ilegal de municiones.
Los acusados son Maurcio Waikilao y Luis Tralcal, quien también está imputado en la causa del ataque a Turbus. Ambos, pasaron más de un año y medio en prisión preventiva y formaron parte de la huelga de hambre del año 2010 junto a otros 34 presos políticos mapuche.
El tribunal que los juzgará está presidido por el juez Jorge González, quien ya ha participado en otros juicios en contra de comuneros entre ellos el más emblemático es la condena a los lonkos Pichún y Norin, que hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la causa se presentarán 99 testigos y algunos de ellos han pedido máximo resguardo y se presentarán “testigos protegido”, entre ellos un menor de edad que solo tenía 10 años cuando sucedieron los hechos investigados, además de 58 peritos.
Ante esto, el abogado defensor, Sebastián Saavedra, comentó que “se busca a como dé lugar cualquier tipo de evidencia para poder acusarlos. En este caso, las pruebas son tan prácticas que da para pensar que se quiere una condena a todas luces por el solo hecho de ser comuneros importantes a raíz de las demandas por las tierras”.
Esto no es una historia nueva y responde a la lógica con la que se han venido dando estos procesos, entre ellos uno de los más recordados de este último tiempo: el juicio de Cañete, donde se procesó a 17 comuneros y sólo se condenó a cuatro de ellos, que recibieron una considerable rebaja de pena en la Corte Suprema.
Uno de los absueltos de este emblemático juicio desde se pedían hasta 103 años de presidio y donde los dirigentes estuvieron casi dos años en prisión preventiva, fue Luis Menares, uno de los integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y quien en conversación exclusiva con Radio Universidad de Chile, apuntó a los montajes judiciales como eje de la estrategia del Estado para acallarlos.
“Creo que eso va a seguir siempre mientras esté el proceso de recuperación de territorios. Siempre va a haber un montaje porque nunca han tenido las pruebas suficientes para inculpar a personas. Lo único que les queda es comprar abogados y jueces, gente dentro de las cárceles y los Gobiernos ya están acostumbrados a eso”, denunció Menares.
El comunero agregó que, pese a todos los compromisos y conversaciones, el Gobierno sigue aplicando la Ley Antiterrorista, a pesar de que esta legislación ha sido criticada por abogados y organismos de Derechos Humanos y advirtió que este juicio no es el único, ya que a diario se producen allanamientos para crear montajes e ir sacando del mapa a los principales dirigentes y autoridades tradicionales.
Cuatro hechos cometidos en distintas fechas y lugares fueron acumulados por el Ministerio Público en el mismo juicio. Se trata de un incendio común el año 2005, un incendio catalogado de “terrorista” en el fundo Santa Rosa el 2008, una acusación de amenaza terrorista en contra de Jorge Luchsinger y la tenencia ilegal de municiones.
Los acusados son Maurcio Waikilao y Luis Tralcal, quien también está imputado en la causa del ataque a Turbus. Ambos, pasaron más de un año y medio en prisión preventiva y formaron parte de la huelga de hambre del año 2010 junto a otros 34 presos políticos mapuche.
El tribunal que los juzgará está presidido por el juez Jorge González, quien ya ha participado en otros juicios en contra de comuneros entre ellos el más emblemático es la condena a los lonkos Pichún y Norin, que hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la causa se presentarán 99 testigos y algunos de ellos han pedido máximo resguardo y se presentarán “testigos protegido”, entre ellos un menor de edad que solo tenía 10 años cuando sucedieron los hechos investigados, además de 58 peritos.
Ante esto, el abogado defensor, Sebastián Saavedra, comentó que “se busca a como dé lugar cualquier tipo de evidencia para poder acusarlos. En este caso, las pruebas son tan prácticas que da para pensar que se quiere una condena a todas luces por el solo hecho de ser comuneros importantes a raíz de las demandas por las tierras”.
Esto no es una historia nueva y responde a la lógica con la que se han venido dando estos procesos, entre ellos uno de los más recordados de este último tiempo: el juicio de Cañete, donde se procesó a 17 comuneros y sólo se condenó a cuatro de ellos, que recibieron una considerable rebaja de pena en la Corte Suprema.
Uno de los absueltos de este emblemático juicio desde se pedían hasta 103 años de presidio y donde los dirigentes estuvieron casi dos años en prisión preventiva, fue Luis Menares, uno de los integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y quien en conversación exclusiva con Radio Universidad de Chile, apuntó a los montajes judiciales como eje de la estrategia del Estado para acallarlos.
“Creo que eso va a seguir siempre mientras esté el proceso de recuperación de territorios. Siempre va a haber un montaje porque nunca han tenido las pruebas suficientes para inculpar a personas. Lo único que les queda es comprar abogados y jueces, gente dentro de las cárceles y los Gobiernos ya están acostumbrados a eso”, denunció Menares.
El comunero agregó que, pese a todos los compromisos y conversaciones, el Gobierno sigue aplicando la Ley Antiterrorista, a pesar de que esta legislación ha sido criticada por abogados y organismos de Derechos Humanos y advirtió que este juicio no es el único, ya que a diario se producen allanamientos para crear montajes e ir sacando del mapa a los principales dirigentes y autoridades tradicionales.
