Un informe de Contraloría determinó que existieron varias irregularidades en la entrega de viviendas subsidiadas por el gobierno de manera especial, luego de que el 2005 y 2006 se declarara zona de catástrofe en la Región del Biobío por las inundaciones que afectaron a varias comunas del sector.
Motivados por la denuncia de vecinos y luego de revisar el listado de beneficiados que entregó la Egis municipal y que validó el Serviu durante el ejercicio del cargo de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, la concejal Alejandra Smith y el senador Alejandro Navarro presentaron en abril de este año a Contraloría los antecedentes sobre irregularidades en la entrega de 120 departamentos en la población Aníbal Pinto Bajo.
De una muestra de 30 viviendas, Contraloría confirmó que cinco familias ya eran propietarios de otro inmueble, algunos no cumplían con el requisito de vulnerabilidad y otros no eran damnificados por las inundaciones.
Lo más grave es que algunos de los receptores del beneficio aparecen relacionados directamente a funcionarios municipales o peor aún recibieron un subsidio como la funcionaria encargada de la Ficha de Protección Social de la municipalidad.
En esa línea, Alejandra Smith comentó que “hay muchas personas que están directamente relacionadas y son familiares de funcionarios municipales como las secretarias, administradoras municipales, es decir, el círculo cercano de Jaqueline Van Rysselberghe. Eso está acreditado con el listado que entregamos y que corrobora el Serviu respecto de la relación que tendrían los dueños de estos departamentos con los funcionarios municipales”.
La concejal adelantó que solicitarán a Contraloría que se amplíe la investigación a las otras 90 viviendas y que se reduzcan los tiempos para investigar esta grave situación.
“Yo espero, y también queremos solicitárselo a la Contralora, que el tiempo sea lo más acotado posible y dada la circunstancia de irregularidad y de gravedad de estos hechos denunciados esto se haga en el menor tiempo posible: de dos a cuatro meses como máximo”, sostuvo.
Además agregó que no hubo rigurosidad en la entrega del listado y tampoco en la selección final que realiza el Serviu, ya que no se corroboró que los postulantes cumplieran con los requisitos de postulación.
Esta afirmación fue desmentida por Sergio Jara, director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, quien manifestó que todos los postulantes cumplían con los requisitos legales que exige la ley.
Además, Jara explicó que estos hechos ocurrieron durante la administración anterior y que se ceñirán estrictamente a los solicitado por Contraloría, organismo que ordenó iniciar acciones jurídicas específicamente en relación a las cinco familias que tienen doble propiedad que podría terminar con la devolución de los departamentos o restitución de los dineros.
“Vamos a iniciar una investigación interna para definir y tener claridad respecto de la responsabilidad administrativa que puede haber existido de parte de los funcionarios del Serviu en aquellas observaciones que hace Contraloría particularmente asociadas a la revisión en terreno de que los damnificados realmente lo hayan sido”, dijo Jara.
La concejal Alejandra Smith con el apoyo del senador Alejandro Navarro, están reuniendo los antecedentes para instar al Consejo de Defensa del Estado a que se haga parte de la situación y actúe legalmente sobre los hechos.
Un informe de Contraloría determinó que existieron varias irregularidades en la entrega de viviendas subsidiadas por el gobierno de manera especial, luego de que el 2005 y 2006 se declarara zona de catástrofe en la Región del Biobío por las inundaciones que afectaron a varias comunas del sector.
Motivados por la denuncia de vecinos y luego de revisar el listado de beneficiados que entregó la Egis municipal y que validó el Serviu durante el ejercicio del cargo de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, la concejal Alejandra Smith y el senador Alejandro Navarro presentaron en abril de este año a Contraloría los antecedentes sobre irregularidades en la entrega de 120 departamentos en la población Aníbal Pinto Bajo.
De una muestra de 30 viviendas, Contraloría confirmó que cinco familias ya eran propietarios de otro inmueble, algunos no cumplían con el requisito de vulnerabilidad y otros no eran damnificados por las inundaciones.
Lo más grave es que algunos de los receptores del beneficio aparecen relacionados directamente a funcionarios municipales o peor aún recibieron un subsidio como la funcionaria encargada de la Ficha de Protección Social de la municipalidad.
En esa línea, Alejandra Smith comentó que “hay muchas personas que están directamente relacionadas y son familiares de funcionarios municipales como las secretarias, administradoras municipales, es decir, el círculo cercano de Jaqueline Van Rysselberghe. Eso está acreditado con el listado que entregamos y que corrobora el Serviu respecto de la relación que tendrían los dueños de estos departamentos con los funcionarios municipales”.
La concejal adelantó que solicitarán a Contraloría que se amplíe la investigación a las otras 90 viviendas y que se reduzcan los tiempos para investigar esta grave situación.
“Yo espero, y también queremos solicitárselo a la Contralora, que el tiempo sea lo más acotado posible y dada la circunstancia de irregularidad y de gravedad de estos hechos denunciados esto se haga en el menor tiempo posible: de dos a cuatro meses como máximo”, sostuvo.
Además agregó que no hubo rigurosidad en la entrega del listado y tampoco en la selección final que realiza el Serviu, ya que no se corroboró que los postulantes cumplieran con los requisitos de postulación.
Esta afirmación fue desmentida por Sergio Jara, director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, quien manifestó que todos los postulantes cumplían con los requisitos legales que exige la ley.
Además, Jara explicó que estos hechos ocurrieron durante la administración anterior y que se ceñirán estrictamente a los solicitado por Contraloría, organismo que ordenó iniciar acciones jurídicas específicamente en relación a las cinco familias que tienen doble propiedad que podría terminar con la devolución de los departamentos o restitución de los dineros.
“Vamos a iniciar una investigación interna para definir y tener claridad respecto de la responsabilidad administrativa que puede haber existido de parte de los funcionarios del Serviu en aquellas observaciones que hace Contraloría particularmente asociadas a la revisión en terreno de que los damnificados realmente lo hayan sido”, dijo Jara.
La concejal Alejandra Smith con el apoyo del senador Alejandro Navarro, están reuniendo los antecedentes para instar al Consejo de Defensa del Estado a que se haga parte de la situación y actúe legalmente sobre los hechos.
Un informe de Contraloría determinó que existieron varias irregularidades en la entrega de viviendas subsidiadas por el gobierno de manera especial, luego de que el 2005 y 2006 se declarara zona de catástrofe en la Región del Biobío por las inundaciones que afectaron a varias comunas del sector.
Motivados por la denuncia de vecinos y luego de revisar el listado de beneficiados que entregó la Egis municipal y que validó el Serviu durante el ejercicio del cargo de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, la concejal Alejandra Smith y el senador Alejandro Navarro presentaron en abril de este año a Contraloría los antecedentes sobre irregularidades en la entrega de 120 departamentos en la población Aníbal Pinto Bajo.
De una muestra de 30 viviendas, Contraloría confirmó que cinco familias ya eran propietarios de otro inmueble, algunos no cumplían con el requisito de vulnerabilidad y otros no eran damnificados por las inundaciones.
Lo más grave es que algunos de los receptores del beneficio aparecen relacionados directamente a funcionarios municipales o peor aún recibieron un subsidio como la funcionaria encargada de la Ficha de Protección Social de la municipalidad.
En esa línea, Alejandra Smith comentó que “hay muchas personas que están directamente relacionadas y son familiares de funcionarios municipales como las secretarias, administradoras municipales, es decir, el círculo cercano de Jaqueline Van Rysselberghe. Eso está acreditado con el listado que entregamos y que corrobora el Serviu respecto de la relación que tendrían los dueños de estos departamentos con los funcionarios municipales”.
La concejal adelantó que solicitarán a Contraloría que se amplíe la investigación a las otras 90 viviendas y que se reduzcan los tiempos para investigar esta grave situación.
“Yo espero, y también queremos solicitárselo a la Contralora, que el tiempo sea lo más acotado posible y dada la circunstancia de irregularidad y de gravedad de estos hechos denunciados esto se haga en el menor tiempo posible: de dos a cuatro meses como máximo”, sostuvo.
Además agregó que no hubo rigurosidad en la entrega del listado y tampoco en la selección final que realiza el Serviu, ya que no se corroboró que los postulantes cumplieran con los requisitos de postulación.
Esta afirmación fue desmentida por Sergio Jara, director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, quien manifestó que todos los postulantes cumplían con los requisitos legales que exige la ley.
Además, Jara explicó que estos hechos ocurrieron durante la administración anterior y que se ceñirán estrictamente a los solicitado por Contraloría, organismo que ordenó iniciar acciones jurídicas específicamente en relación a las cinco familias que tienen doble propiedad que podría terminar con la devolución de los departamentos o restitución de los dineros.
“Vamos a iniciar una investigación interna para definir y tener claridad respecto de la responsabilidad administrativa que puede haber existido de parte de los funcionarios del Serviu en aquellas observaciones que hace Contraloría particularmente asociadas a la revisión en terreno de que los damnificados realmente lo hayan sido”, dijo Jara.
La concejal Alejandra Smith con el apoyo del senador Alejandro Navarro, están reuniendo los antecedentes para instar al Consejo de Defensa del Estado a que se haga parte de la situación y actúe legalmente sobre los hechos.
