Una fuerte polémica causaron las cifras que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario Rodrigo Ubilla expusieron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, constituida en investigadora de este caso, donde uno de cada cinco expedientes revisados de un universo de cuatro mil 500 contendrían irregularidades.
Sobre estos datos se refirió el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, quien apuntó que “es prematuro sacar conclusiones sobre cifras parciales. El ministro habla de 4 mil expedientes de un total de 157 mil casos ya calificados, y 275 mil solicitudes presentadas durante todo el proceso. Sacar conclusiones sobre cuatro mil casos es un gesto prematuro”.
Hinzpeter precisó que existen 157 mil personas que están calificadas como exonerados políticos y que reciben diversos beneficios fiscales y, para obtenerlos, se debía acreditar haber trabajado en empresas públicas, organismos públicos o empresas privadas que fueron intervenidas durante el Golpe Militar, y que su exoneración se debía a razones políticas.
Así, el gobierno estimó que dos de cada 10 casos presentaban irregularidades. Esto sin contar que existen 125 denuncias de distintas agrupaciones de las que no encontraron respuestas en los archivos, tal como señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
“Nosotros nunca encontramos en los archivos que nos entregaron una respuesta. Sí podemos documentar es que sí ingresaron, sobre todo en los últimos años, denuncias de situaciones irregulares, y lo otro son resoluciones de la Contraloría donde se señalaba que en distintos momentos del tiempo que habían sido mal otorgados y que se debía revertir la decisión, lo que tampoco se hizo”, sostuvo.
Las autoridades afirmaron que se pudieron encontrar siete tipos de irregularidades, entre las que destacan los certificados emitidos por parlamentarios, usados como única referencia para acreditar la calidad de exonerado y la calificación de menores de edad como exonerados en 74 casos, entre otros. Un punto que indignó a los diputados, pese a que el ministro Hinzpeter reconoció que la ley de la época permitía que trabajaran quienes tuvieran entre 14 y 18 años.
Este tema ya ha desatado duros enfrentamientos, ya uno de los acusados de firmar documentos es el presidente de la comisión de Derechos Humanos, el diputado DC Sergio Ojeda.
En esa línea el diputado DC, René Safirio, señaló el rechazo de su colectividad a las irregularidades que se pudieron dar en este caso, y apuntó que “no estamos disponibles para amparar ninguna irregularidad, como primera afirmación categórica, absoluta y sin condiciones de ninguna naturaleza. Cualquier irregularidad que pueda ser verificada en este proceso, tendrá que ser sancionada de la forma cómo la comisión lo determine o informada”.
Los parlamentarios aclararon que aquí no está en entre dicho la Ley de Exonerados, ni la necesidad de compensar a las víctimas de la dictadura, y que las irregularidades corresponderían a casos puntales completamente reprobables. Además, solicitaron que no se efectúen acusaciones ni juicios de valor a los parlamentarios antes de que se determine la real situación y su magnitud.
Una fuerte polémica causaron las cifras que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario Rodrigo Ubilla expusieron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, constituida en investigadora de este caso, donde uno de cada cinco expedientes revisados de un universo de cuatro mil 500 contendrían irregularidades.
Sobre estos datos se refirió el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, quien apuntó que “es prematuro sacar conclusiones sobre cifras parciales. El ministro habla de 4 mil expedientes de un total de 157 mil casos ya calificados, y 275 mil solicitudes presentadas durante todo el proceso. Sacar conclusiones sobre cuatro mil casos es un gesto prematuro”.
Hinzpeter precisó que existen 157 mil personas que están calificadas como exonerados políticos y que reciben diversos beneficios fiscales y, para obtenerlos, se debía acreditar haber trabajado en empresas públicas, organismos públicos o empresas privadas que fueron intervenidas durante el Golpe Militar, y que su exoneración se debía a razones políticas.
Así, el gobierno estimó que dos de cada 10 casos presentaban irregularidades. Esto sin contar que existen 125 denuncias de distintas agrupaciones de las que no encontraron respuestas en los archivos, tal como señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
“Nosotros nunca encontramos en los archivos que nos entregaron una respuesta. Sí podemos documentar es que sí ingresaron, sobre todo en los últimos años, denuncias de situaciones irregulares, y lo otro son resoluciones de la Contraloría donde se señalaba que en distintos momentos del tiempo que habían sido mal otorgados y que se debía revertir la decisión, lo que tampoco se hizo”, sostuvo.
Las autoridades afirmaron que se pudieron encontrar siete tipos de irregularidades, entre las que destacan los certificados emitidos por parlamentarios, usados como única referencia para acreditar la calidad de exonerado y la calificación de menores de edad como exonerados en 74 casos, entre otros. Un punto que indignó a los diputados, pese a que el ministro Hinzpeter reconoció que la ley de la época permitía que trabajaran quienes tuvieran entre 14 y 18 años.
Este tema ya ha desatado duros enfrentamientos, ya uno de los acusados de firmar documentos es el presidente de la comisión de Derechos Humanos, el diputado DC Sergio Ojeda.
En esa línea el diputado DC, René Safirio, señaló el rechazo de su colectividad a las irregularidades que se pudieron dar en este caso, y apuntó que “no estamos disponibles para amparar ninguna irregularidad, como primera afirmación categórica, absoluta y sin condiciones de ninguna naturaleza. Cualquier irregularidad que pueda ser verificada en este proceso, tendrá que ser sancionada de la forma cómo la comisión lo determine o informada”.
Los parlamentarios aclararon que aquí no está en entre dicho la Ley de Exonerados, ni la necesidad de compensar a las víctimas de la dictadura, y que las irregularidades corresponderían a casos puntales completamente reprobables. Además, solicitaron que no se efectúen acusaciones ni juicios de valor a los parlamentarios antes de que se determine la real situación y su magnitud.
Una fuerte polémica causaron las cifras que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario Rodrigo Ubilla expusieron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, constituida en investigadora de este caso, donde uno de cada cinco expedientes revisados de un universo de cuatro mil 500 contendrían irregularidades.
Sobre estos datos se refirió el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, quien apuntó que “es prematuro sacar conclusiones sobre cifras parciales. El ministro habla de 4 mil expedientes de un total de 157 mil casos ya calificados, y 275 mil solicitudes presentadas durante todo el proceso. Sacar conclusiones sobre cuatro mil casos es un gesto prematuro”.
Hinzpeter precisó que existen 157 mil personas que están calificadas como exonerados políticos y que reciben diversos beneficios fiscales y, para obtenerlos, se debía acreditar haber trabajado en empresas públicas, organismos públicos o empresas privadas que fueron intervenidas durante el Golpe Militar, y que su exoneración se debía a razones políticas.
Así, el gobierno estimó que dos de cada 10 casos presentaban irregularidades. Esto sin contar que existen 125 denuncias de distintas agrupaciones de las que no encontraron respuestas en los archivos, tal como señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
“Nosotros nunca encontramos en los archivos que nos entregaron una respuesta. Sí podemos documentar es que sí ingresaron, sobre todo en los últimos años, denuncias de situaciones irregulares, y lo otro son resoluciones de la Contraloría donde se señalaba que en distintos momentos del tiempo que habían sido mal otorgados y que se debía revertir la decisión, lo que tampoco se hizo”, sostuvo.
Las autoridades afirmaron que se pudieron encontrar siete tipos de irregularidades, entre las que destacan los certificados emitidos por parlamentarios, usados como única referencia para acreditar la calidad de exonerado y la calificación de menores de edad como exonerados en 74 casos, entre otros. Un punto que indignó a los diputados, pese a que el ministro Hinzpeter reconoció que la ley de la época permitía que trabajaran quienes tuvieran entre 14 y 18 años.
Este tema ya ha desatado duros enfrentamientos, ya uno de los acusados de firmar documentos es el presidente de la comisión de Derechos Humanos, el diputado DC Sergio Ojeda.
En esa línea el diputado DC, René Safirio, señaló el rechazo de su colectividad a las irregularidades que se pudieron dar en este caso, y apuntó que “no estamos disponibles para amparar ninguna irregularidad, como primera afirmación categórica, absoluta y sin condiciones de ninguna naturaleza. Cualquier irregularidad que pueda ser verificada en este proceso, tendrá que ser sancionada de la forma cómo la comisión lo determine o informada”.
Los parlamentarios aclararon que aquí no está en entre dicho la Ley de Exonerados, ni la necesidad de compensar a las víctimas de la dictadura, y que las irregularidades corresponderían a casos puntales completamente reprobables. Además, solicitaron que no se efectúen acusaciones ni juicios de valor a los parlamentarios antes de que se determine la real situación y su magnitud.
