El Presidente Sebastián Piñera salió a defender al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, luego que fuera duramente criticado por supeditar los ascensos de los magistrados a sus fallos por calificarlos de “ultragarantistas”. Esta situación incluso provocó la reacción del presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien fue enfático al expresar que “la evaluación de los jueces le corresponde exclusivamente al Poder Judicial”.
Si bien, el Presidente Piñera intentó bajarle el perfil al tema, planteando que los parlamentarios deben fortalecer la legislación, insistió en que los jueces y fiscales tienen gran responsabilidad.
“También es importante el rol que juegan los fiscales y los jueces de nuestro país. A ellos les pedimos lo que todos los ciudadanos solicitan: que apliquen todo el rigor de la ley contra los delincuentes y que protejan con toda su dedicación el derecho de los ciudadanos a poder vivir en paz y en tranquilidad”, dijo el Mandatario.
Por su parte, el ministro de Justicia también buscó bajar la intensidad de sus declaraciones y señaló respecto a los jueces que “no hay listas negras ni blancas… no hemos hecho cambio algunos en la designación de los magistrados”.
El mismo ministro Ribera solicitó al diputado Hasbún que no presentara el anunciado proyecto de ley que permitiría acusar constitucionalmente a los jueces de garantía. Sin embargo. el parlamentario gremialista atacó nuevamente y señaló que “la Asociación de Magistrados se blinda ante cualquier tipo de crítica y no están dispuestos a asumir las responsabilidades que les cabe porque obviamente ellos no están haciendo bien su pega”, dijo.
Respecto de ello, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, señaló que en sus 30 años de ejercicio nunca se enteró de este tipo de declaraciones que limitan el trabajo del Poder Judicial.
“Con esas aseveraciones se pretenden, a nuestro juicio, condicionar la actuación de cada uno de los jueces cuando tengan que resolver las materias que son de su competencia. De tal manera que el juez pensando en un ascenso futuro tendrá que ajustar su criterio no al que él adquiera en relación a los antecedentes del proceso, sino que a los que ya ha manifestado previamente el Ejecutivo”, sostuvo Llanos.
El magistrado señaló que se ha afectado el principio de separación de los poderes públicos, e incluso las declaraciones del diputado Hasbún sobre señalar a los jueces como “cómplices” de los delincuentes, pueden ser consideradas injurias e “incluso podría ser constitutiva de delito”, agregó.
“Hay una tendencia de ciertas autoridades de la clase política en el sentido de que cuando existen problemas graves en la sociedad chilena, en vez de solucionarlos por otras vías se trata de judicializar”, agregó el ministro de la corte de Apelaciones de Temuco.
A su juicio, éstas no son más que “declaraciones para la galería” y que no responden a la realidad, ya que los datos duros comprueban que los jueces no han sido ni “blandos” ni “garantistas”, señaló el presidente de la Asociación de Magistrados.
“Tal como dijo el presidente de la Corte Suprema, en las materias relativas a la delincuencia o a la seguridad pública y ciudadana, en general, los jueces han hecho su tarea. El 90 por ciento de los casos donde se ha solicitado prisión preventiva por los fiscales del Ministerio Público, los jueces la han concedido”, afirmó.
Toda esta discusión surgió cuando el diputado Hasbún manifestó su rechazo a que 12 personas estuvieran presas a pesar de haberse detenido a más de 1700 en estos meses de protestas, señalando que “cuando se actúa con cierto grado de desidia los jueces pasan a ser verdaderos cómplices de los delincuentes”.
Polémica que se agudizó cuando el ministro de Justicia Teodoro Ribera señaló que habría que evaluar los fallos de los jueces de garantía a la hora de considerar ascensos.
Por estas declaraciones, el diputado Marcelo Díaz anuncia que la bancada de diputados socialistas posiblemente interpelará al ministro para que explique en el Congreso sus dichos y la posible intervención en el quehacer de otro poder del Estado.
El Presidente Sebastián Piñera salió a defender al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, luego que fuera duramente criticado por supeditar los ascensos de los magistrados a sus fallos por calificarlos de “ultragarantistas”. Esta situación incluso provocó la reacción del presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien fue enfático al expresar que “la evaluación de los jueces le corresponde exclusivamente al Poder Judicial”.
Si bien, el Presidente Piñera intentó bajarle el perfil al tema, planteando que los parlamentarios deben fortalecer la legislación, insistió en que los jueces y fiscales tienen gran responsabilidad.
“También es importante el rol que juegan los fiscales y los jueces de nuestro país. A ellos les pedimos lo que todos los ciudadanos solicitan: que apliquen todo el rigor de la ley contra los delincuentes y que protejan con toda su dedicación el derecho de los ciudadanos a poder vivir en paz y en tranquilidad”, dijo el Mandatario.
Por su parte, el ministro de Justicia también buscó bajar la intensidad de sus declaraciones y señaló respecto a los jueces que “no hay listas negras ni blancas… no hemos hecho cambio algunos en la designación de los magistrados”.
El mismo ministro Ribera solicitó al diputado Hasbún que no presentara el anunciado proyecto de ley que permitiría acusar constitucionalmente a los jueces de garantía. Sin embargo. el parlamentario gremialista atacó nuevamente y señaló que “la Asociación de Magistrados se blinda ante cualquier tipo de crítica y no están dispuestos a asumir las responsabilidades que les cabe porque obviamente ellos no están haciendo bien su pega”, dijo.
Respecto de ello, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, señaló que en sus 30 años de ejercicio nunca se enteró de este tipo de declaraciones que limitan el trabajo del Poder Judicial.
“Con esas aseveraciones se pretenden, a nuestro juicio, condicionar la actuación de cada uno de los jueces cuando tengan que resolver las materias que son de su competencia. De tal manera que el juez pensando en un ascenso futuro tendrá que ajustar su criterio no al que él adquiera en relación a los antecedentes del proceso, sino que a los que ya ha manifestado previamente el Ejecutivo”, sostuvo Llanos.
El magistrado señaló que se ha afectado el principio de separación de los poderes públicos, e incluso las declaraciones del diputado Hasbún sobre señalar a los jueces como “cómplices” de los delincuentes, pueden ser consideradas injurias e “incluso podría ser constitutiva de delito”, agregó.
“Hay una tendencia de ciertas autoridades de la clase política en el sentido de que cuando existen problemas graves en la sociedad chilena, en vez de solucionarlos por otras vías se trata de judicializar”, agregó el ministro de la corte de Apelaciones de Temuco.
A su juicio, éstas no son más que “declaraciones para la galería” y que no responden a la realidad, ya que los datos duros comprueban que los jueces no han sido ni “blandos” ni “garantistas”, señaló el presidente de la Asociación de Magistrados.
“Tal como dijo el presidente de la Corte Suprema, en las materias relativas a la delincuencia o a la seguridad pública y ciudadana, en general, los jueces han hecho su tarea. El 90 por ciento de los casos donde se ha solicitado prisión preventiva por los fiscales del Ministerio Público, los jueces la han concedido”, afirmó.
Toda esta discusión surgió cuando el diputado Hasbún manifestó su rechazo a que 12 personas estuvieran presas a pesar de haberse detenido a más de 1700 en estos meses de protestas, señalando que “cuando se actúa con cierto grado de desidia los jueces pasan a ser verdaderos cómplices de los delincuentes”.
Polémica que se agudizó cuando el ministro de Justicia Teodoro Ribera señaló que habría que evaluar los fallos de los jueces de garantía a la hora de considerar ascensos.
Por estas declaraciones, el diputado Marcelo Díaz anuncia que la bancada de diputados socialistas posiblemente interpelará al ministro para que explique en el Congreso sus dichos y la posible intervención en el quehacer de otro poder del Estado.
El Presidente Sebastián Piñera salió a defender al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, luego que fuera duramente criticado por supeditar los ascensos de los magistrados a sus fallos por calificarlos de “ultragarantistas”. Esta situación incluso provocó la reacción del presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien fue enfático al expresar que “la evaluación de los jueces le corresponde exclusivamente al Poder Judicial”.
Si bien, el Presidente Piñera intentó bajarle el perfil al tema, planteando que los parlamentarios deben fortalecer la legislación, insistió en que los jueces y fiscales tienen gran responsabilidad.
“También es importante el rol que juegan los fiscales y los jueces de nuestro país. A ellos les pedimos lo que todos los ciudadanos solicitan: que apliquen todo el rigor de la ley contra los delincuentes y que protejan con toda su dedicación el derecho de los ciudadanos a poder vivir en paz y en tranquilidad”, dijo el Mandatario.
Por su parte, el ministro de Justicia también buscó bajar la intensidad de sus declaraciones y señaló respecto a los jueces que “no hay listas negras ni blancas… no hemos hecho cambio algunos en la designación de los magistrados”.
El mismo ministro Ribera solicitó al diputado Hasbún que no presentara el anunciado proyecto de ley que permitiría acusar constitucionalmente a los jueces de garantía. Sin embargo. el parlamentario gremialista atacó nuevamente y señaló que “la Asociación de Magistrados se blinda ante cualquier tipo de crítica y no están dispuestos a asumir las responsabilidades que les cabe porque obviamente ellos no están haciendo bien su pega”, dijo.
Respecto de ello, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, señaló que en sus 30 años de ejercicio nunca se enteró de este tipo de declaraciones que limitan el trabajo del Poder Judicial.
“Con esas aseveraciones se pretenden, a nuestro juicio, condicionar la actuación de cada uno de los jueces cuando tengan que resolver las materias que son de su competencia. De tal manera que el juez pensando en un ascenso futuro tendrá que ajustar su criterio no al que él adquiera en relación a los antecedentes del proceso, sino que a los que ya ha manifestado previamente el Ejecutivo”, sostuvo Llanos.
El magistrado señaló que se ha afectado el principio de separación de los poderes públicos, e incluso las declaraciones del diputado Hasbún sobre señalar a los jueces como “cómplices” de los delincuentes, pueden ser consideradas injurias e “incluso podría ser constitutiva de delito”, agregó.
“Hay una tendencia de ciertas autoridades de la clase política en el sentido de que cuando existen problemas graves en la sociedad chilena, en vez de solucionarlos por otras vías se trata de judicializar”, agregó el ministro de la corte de Apelaciones de Temuco.
A su juicio, éstas no son más que “declaraciones para la galería” y que no responden a la realidad, ya que los datos duros comprueban que los jueces no han sido ni “blandos” ni “garantistas”, señaló el presidente de la Asociación de Magistrados.
“Tal como dijo el presidente de la Corte Suprema, en las materias relativas a la delincuencia o a la seguridad pública y ciudadana, en general, los jueces han hecho su tarea. El 90 por ciento de los casos donde se ha solicitado prisión preventiva por los fiscales del Ministerio Público, los jueces la han concedido”, afirmó.
Toda esta discusión surgió cuando el diputado Hasbún manifestó su rechazo a que 12 personas estuvieran presas a pesar de haberse detenido a más de 1700 en estos meses de protestas, señalando que “cuando se actúa con cierto grado de desidia los jueces pasan a ser verdaderos cómplices de los delincuentes”.
Polémica que se agudizó cuando el ministro de Justicia Teodoro Ribera señaló que habría que evaluar los fallos de los jueces de garantía a la hora de considerar ascensos.
Por estas declaraciones, el diputado Marcelo Díaz anuncia que la bancada de diputados socialistas posiblemente interpelará al ministro para que explique en el Congreso sus dichos y la posible intervención en el quehacer de otro poder del Estado.
