El proyecto hidroeléctrico en Aysén está en momentos importantes. El jueves pasado, la Corte Suprema declaró por unanimidad que eran inadmisibles las apelaciones presentadas en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), que otorgó los derechos de aprovechamiento de los ríos Baker y Pascua a los dueños del proyecto HidroAysén.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la expresión ciudadana en las calles y en las encuestas ha marcado la agenda. Por esta razón, desde Gobierno se evalúan los pasos a seguir y cómo enfrentar una inminente aprobación final al proyecto.
Precisamente el pasado martes, los ministros de Energía, Medioambiente, de la Secretaría General de la Presidencia, la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, y el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, se reunieron con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
El Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, descartó fijar una posición sobre el tema y se apoyó en el trabajo que realiza la justicia. “Me parece que estar opinando sobre hiótesis no es adecuado, vuelvo a insistir en que el respeto a la ley para este proyecto es esencial desde el punto de vista de Gobierno. Ya sea un proyecto hídrico, eólico o solar, prima el respeto al Derecho, eso es lo que está siendo analizado por tribunales, la Corte de Apelaciones confirmó la actuación conforme a derecho, y siguen las instancias judiciales que hay que considerar antes de tomar definiciones”.
Para Juan Pablo Orrego, Director de Ecosistemas, estas instancias de revisión del tema entre autoridades son “escandalosas”. A su juicio, “este es un intervencionismo evidente, nada menos que desde la Presidencia, no hay un referente con más peso específico, desvirtuando el proceso de evaluación de impacto ambiental y lo que opinará la justicia. Sólo está autorizada las represas, cuestionado legalmente en Puerto Montt, la Corte rechazó los recursos presentados por el Consejo de Defensa de la Patagonia, pero estos fueron elevados a la Corte Suprema”.
Orrego advirtió que “en Chile no hay instancias independientes, ni siquiera la Contraloría General de la República, ni las cortes de justicia. Tenemos la experiencia que demuestra que ninguna de estas instancias es inmune a las presiones políticas. Hemos visto, por ejemplo en la Campaña de Defensa del Biobío, fallos insólitos de la Contraloría y de las Cortes, incluyendo la Suprema, donde se evidenciaba distorsión por las presiones políticas y el lobby de las empresas. Eso no ha cambiado, pero siempre tenemos la esperanza”.
El ambientalista agregó que hay que estar atentos “porque aunque los fallos sean adversos se va generando un historial jurídico que podría permitir acudir a cortes internacionales, como la comisión internacional de derechos humanos”.
El proyecto hidroeléctrico en Aysén está en momentos importantes. El jueves pasado, la Corte Suprema declaró por unanimidad que eran inadmisibles las apelaciones presentadas en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), que otorgó los derechos de aprovechamiento de los ríos Baker y Pascua a los dueños del proyecto HidroAysén.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la expresión ciudadana en las calles y en las encuestas ha marcado la agenda. Por esta razón, desde Gobierno se evalúan los pasos a seguir y cómo enfrentar una inminente aprobación final al proyecto.
Precisamente el pasado martes, los ministros de Energía, Medioambiente, de la Secretaría General de la Presidencia, la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, y el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, se reunieron con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
El Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, descartó fijar una posición sobre el tema y se apoyó en el trabajo que realiza la justicia. “Me parece que estar opinando sobre hiótesis no es adecuado, vuelvo a insistir en que el respeto a la ley para este proyecto es esencial desde el punto de vista de Gobierno. Ya sea un proyecto hídrico, eólico o solar, prima el respeto al Derecho, eso es lo que está siendo analizado por tribunales, la Corte de Apelaciones confirmó la actuación conforme a derecho, y siguen las instancias judiciales que hay que considerar antes de tomar definiciones”.
Para Juan Pablo Orrego, Director de Ecosistemas, estas instancias de revisión del tema entre autoridades son “escandalosas”. A su juicio, “este es un intervencionismo evidente, nada menos que desde la Presidencia, no hay un referente con más peso específico, desvirtuando el proceso de evaluación de impacto ambiental y lo que opinará la justicia. Sólo está autorizada las represas, cuestionado legalmente en Puerto Montt, la Corte rechazó los recursos presentados por el Consejo de Defensa de la Patagonia, pero estos fueron elevados a la Corte Suprema”.
Orrego advirtió que “en Chile no hay instancias independientes, ni siquiera la Contraloría General de la República, ni las cortes de justicia. Tenemos la experiencia que demuestra que ninguna de estas instancias es inmune a las presiones políticas. Hemos visto, por ejemplo en la Campaña de Defensa del Biobío, fallos insólitos de la Contraloría y de las Cortes, incluyendo la Suprema, donde se evidenciaba distorsión por las presiones políticas y el lobby de las empresas. Eso no ha cambiado, pero siempre tenemos la esperanza”.
El ambientalista agregó que hay que estar atentos “porque aunque los fallos sean adversos se va generando un historial jurídico que podría permitir acudir a cortes internacionales, como la comisión internacional de derechos humanos”.
El proyecto hidroeléctrico en Aysén está en momentos importantes. El jueves pasado, la Corte Suprema declaró por unanimidad que eran inadmisibles las apelaciones presentadas en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), que otorgó los derechos de aprovechamiento de los ríos Baker y Pascua a los dueños del proyecto HidroAysén.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la expresión ciudadana en las calles y en las encuestas ha marcado la agenda. Por esta razón, desde Gobierno se evalúan los pasos a seguir y cómo enfrentar una inminente aprobación final al proyecto.
Precisamente el pasado martes, los ministros de Energía, Medioambiente, de la Secretaría General de la Presidencia, la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, y el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, se reunieron con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
El Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, descartó fijar una posición sobre el tema y se apoyó en el trabajo que realiza la justicia. “Me parece que estar opinando sobre hiótesis no es adecuado, vuelvo a insistir en que el respeto a la ley para este proyecto es esencial desde el punto de vista de Gobierno. Ya sea un proyecto hídrico, eólico o solar, prima el respeto al Derecho, eso es lo que está siendo analizado por tribunales, la Corte de Apelaciones confirmó la actuación conforme a derecho, y siguen las instancias judiciales que hay que considerar antes de tomar definiciones”.
Para Juan Pablo Orrego, Director de Ecosistemas, estas instancias de revisión del tema entre autoridades son “escandalosas”. A su juicio, “este es un intervencionismo evidente, nada menos que desde la Presidencia, no hay un referente con más peso específico, desvirtuando el proceso de evaluación de impacto ambiental y lo que opinará la justicia. Sólo está autorizada las represas, cuestionado legalmente en Puerto Montt, la Corte rechazó los recursos presentados por el Consejo de Defensa de la Patagonia, pero estos fueron elevados a la Corte Suprema”.
Orrego advirtió que “en Chile no hay instancias independientes, ni siquiera la Contraloría General de la República, ni las cortes de justicia. Tenemos la experiencia que demuestra que ninguna de estas instancias es inmune a las presiones políticas. Hemos visto, por ejemplo en la Campaña de Defensa del Biobío, fallos insólitos de la Contraloría y de las Cortes, incluyendo la Suprema, donde se evidenciaba distorsión por las presiones políticas y el lobby de las empresas. Eso no ha cambiado, pero siempre tenemos la esperanza”.
El ambientalista agregó que hay que estar atentos “porque aunque los fallos sean adversos se va generando un historial jurídico que podría permitir acudir a cortes internacionales, como la comisión internacional de derechos humanos”.
