Problemas no solucionables en el área técnica declararon distintos jefes de servicio el año 2008, pero los documentos finales (base para la resolución de calificación ambiental) fueron cambiados y diversos funcionarios públicos de servicios como la Conaf, o el ministerio de Vivienda de la zona denunciaron que la autoridad política les cambió la redacción para aprobar el proyecto “con condiciones”.
Estas condiciones surgieron de las observaciones que no fueron resultas, ya que se votó acoger el estudio de impacto ambiental y pedir una adenda a la empresa, pero sin esperar que finalizara el periodo legal para recibir las observaciones ciudadanas, las que quedaron fuera del proceso y que apuntaban a importantes aspectos sociales, de turismo y economía regional e incluso temas sanitarios.
Sobre estos antecedentes se refirió el diputado DC y miembro de la comisión investigadora, Patricio Vallespín, quien apuntó que la reunión fue “muy aclaratoria para la comisión. Enumeran con detención, precisión y antecedentes las irregularidades que a su modo existen en esta aprobación. Es un material muy importante para la comisión, ratifica lo que indicó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, observaciones insubsanables donde no habían argumentos para aprobar y luego se aprueban con condiciones, lo que obviamente no corresponde”.
Además de la parte técnica están las irregularidades sobre la ley de probidad y procedimiento administrativo, ya que muchos funcionarios se pronunciaron cuando debieron inhabilitarse por poseer tierras en la zona de conflicto, o que trabajaron para el grupo económico. También se registran incompatibilidad de funciones como cuando el Presidente de la República llevó a Aysén el plan de inversiones de la región que contemplaba inversiones hidroeléctricas en momentos que estaba en pleno el proceso de evaluación ambiental del proyecto.
A esto se suma que Eduardo Morel, hermano de Cecilia Morel, es parte del directorio de HidroAysén. Por último están las declaraciones a favor del proyecto del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en los medios el pasado 9 de mayo, el mismo día que se votaba.
Sobre esto se refirió el diputado PPD, Enrique Accorsi. “Ha quedado claro que este proyeto ha recibido un apoyo político transversal, tanto de la Concertación como del Gobierno. Creemos que hay una colusión política para apoyar un proyecto económico, que está apoyando los intereses empresariales de algunos grupos bastante claros. Este proyecto debió haberse rechazado el 2008, porque no tenía toda la información relevante ni suficiente”, sostuvo.
Incluso un diputado de la misma comisión, el UDI David Sandoval, debió abandonar la comisión, ya que su señora poseería terrenos en las zonas inundables, por lo que se espera que, en ese caso, se inhabilite de esta instancia.
Frente a todos estos antecedentes, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, anticipó las siguientes acciones de los opositores para frenar el proyecto. “Acá hay una serie de violaciones a los procedimientos de la Ley 19300, y la Ley de Probidad Administrativa, temas que si no son aceptadas por la justicia, son material que utilizaremos en futuros recursos, como el recurso de nulidad de la resolución de calificación ambiental con todos estos vicios”, indicó Larraín.
Si bien los recursos de protección y los alegatos por las irregularidades en el traspaso de derechos de agua hoy están en la Corte Suprema, los ambientalistas señalaron que acudirán a todas las instancias para evitar que el proyecto de concrete. Mientras tanto, la comisión investigadora tiene hasta el primero de diciembre para elaborar su informe sobre las irregularidades de HidroAysén.
Problemas no solucionables en el área técnica declararon distintos jefes de servicio el año 2008, pero los documentos finales (base para la resolución de calificación ambiental) fueron cambiados y diversos funcionarios públicos de servicios como la Conaf, o el ministerio de Vivienda de la zona denunciaron que la autoridad política les cambió la redacción para aprobar el proyecto “con condiciones”.
Estas condiciones surgieron de las observaciones que no fueron resultas, ya que se votó acoger el estudio de impacto ambiental y pedir una adenda a la empresa, pero sin esperar que finalizara el periodo legal para recibir las observaciones ciudadanas, las que quedaron fuera del proceso y que apuntaban a importantes aspectos sociales, de turismo y economía regional e incluso temas sanitarios.
Sobre estos antecedentes se refirió el diputado DC y miembro de la comisión investigadora, Patricio Vallespín, quien apuntó que la reunión fue “muy aclaratoria para la comisión. Enumeran con detención, precisión y antecedentes las irregularidades que a su modo existen en esta aprobación. Es un material muy importante para la comisión, ratifica lo que indicó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, observaciones insubsanables donde no habían argumentos para aprobar y luego se aprueban con condiciones, lo que obviamente no corresponde”.
Además de la parte técnica están las irregularidades sobre la ley de probidad y procedimiento administrativo, ya que muchos funcionarios se pronunciaron cuando debieron inhabilitarse por poseer tierras en la zona de conflicto, o que trabajaron para el grupo económico. También se registran incompatibilidad de funciones como cuando el Presidente de la República llevó a Aysén el plan de inversiones de la región que contemplaba inversiones hidroeléctricas en momentos que estaba en pleno el proceso de evaluación ambiental del proyecto.
A esto se suma que Eduardo Morel, hermano de Cecilia Morel, es parte del directorio de HidroAysén. Por último están las declaraciones a favor del proyecto del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en los medios el pasado 9 de mayo, el mismo día que se votaba.
Sobre esto se refirió el diputado PPD, Enrique Accorsi. “Ha quedado claro que este proyeto ha recibido un apoyo político transversal, tanto de la Concertación como del Gobierno. Creemos que hay una colusión política para apoyar un proyecto económico, que está apoyando los intereses empresariales de algunos grupos bastante claros. Este proyecto debió haberse rechazado el 2008, porque no tenía toda la información relevante ni suficiente”, sostuvo.
Incluso un diputado de la misma comisión, el UDI David Sandoval, debió abandonar la comisión, ya que su señora poseería terrenos en las zonas inundables, por lo que se espera que, en ese caso, se inhabilite de esta instancia.
Frente a todos estos antecedentes, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, anticipó las siguientes acciones de los opositores para frenar el proyecto. “Acá hay una serie de violaciones a los procedimientos de la Ley 19300, y la Ley de Probidad Administrativa, temas que si no son aceptadas por la justicia, son material que utilizaremos en futuros recursos, como el recurso de nulidad de la resolución de calificación ambiental con todos estos vicios”, indicó Larraín.
Si bien los recursos de protección y los alegatos por las irregularidades en el traspaso de derechos de agua hoy están en la Corte Suprema, los ambientalistas señalaron que acudirán a todas las instancias para evitar que el proyecto de concrete. Mientras tanto, la comisión investigadora tiene hasta el primero de diciembre para elaborar su informe sobre las irregularidades de HidroAysén.
Problemas no solucionables en el área técnica declararon distintos jefes de servicio el año 2008, pero los documentos finales (base para la resolución de calificación ambiental) fueron cambiados y diversos funcionarios públicos de servicios como la Conaf, o el ministerio de Vivienda de la zona denunciaron que la autoridad política les cambió la redacción para aprobar el proyecto “con condiciones”.
Estas condiciones surgieron de las observaciones que no fueron resultas, ya que se votó acoger el estudio de impacto ambiental y pedir una adenda a la empresa, pero sin esperar que finalizara el periodo legal para recibir las observaciones ciudadanas, las que quedaron fuera del proceso y que apuntaban a importantes aspectos sociales, de turismo y economía regional e incluso temas sanitarios.
Sobre estos antecedentes se refirió el diputado DC y miembro de la comisión investigadora, Patricio Vallespín, quien apuntó que la reunión fue “muy aclaratoria para la comisión. Enumeran con detención, precisión y antecedentes las irregularidades que a su modo existen en esta aprobación. Es un material muy importante para la comisión, ratifica lo que indicó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, observaciones insubsanables donde no habían argumentos para aprobar y luego se aprueban con condiciones, lo que obviamente no corresponde”.
Además de la parte técnica están las irregularidades sobre la ley de probidad y procedimiento administrativo, ya que muchos funcionarios se pronunciaron cuando debieron inhabilitarse por poseer tierras en la zona de conflicto, o que trabajaron para el grupo económico. También se registran incompatibilidad de funciones como cuando el Presidente de la República llevó a Aysén el plan de inversiones de la región que contemplaba inversiones hidroeléctricas en momentos que estaba en pleno el proceso de evaluación ambiental del proyecto.
A esto se suma que Eduardo Morel, hermano de Cecilia Morel, es parte del directorio de HidroAysén. Por último están las declaraciones a favor del proyecto del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en los medios el pasado 9 de mayo, el mismo día que se votaba.
Sobre esto se refirió el diputado PPD, Enrique Accorsi. “Ha quedado claro que este proyeto ha recibido un apoyo político transversal, tanto de la Concertación como del Gobierno. Creemos que hay una colusión política para apoyar un proyecto económico, que está apoyando los intereses empresariales de algunos grupos bastante claros. Este proyecto debió haberse rechazado el 2008, porque no tenía toda la información relevante ni suficiente”, sostuvo.
Incluso un diputado de la misma comisión, el UDI David Sandoval, debió abandonar la comisión, ya que su señora poseería terrenos en las zonas inundables, por lo que se espera que, en ese caso, se inhabilite de esta instancia.
Frente a todos estos antecedentes, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, anticipó las siguientes acciones de los opositores para frenar el proyecto. “Acá hay una serie de violaciones a los procedimientos de la Ley 19300, y la Ley de Probidad Administrativa, temas que si no son aceptadas por la justicia, son material que utilizaremos en futuros recursos, como el recurso de nulidad de la resolución de calificación ambiental con todos estos vicios”, indicó Larraín.
Si bien los recursos de protección y los alegatos por las irregularidades en el traspaso de derechos de agua hoy están en la Corte Suprema, los ambientalistas señalaron que acudirán a todas las instancias para evitar que el proyecto de concrete. Mientras tanto, la comisión investigadora tiene hasta el primero de diciembre para elaborar su informe sobre las irregularidades de HidroAysén.
