Los jefes de Estado y de Gobierno de los países ricos y emergentes que componen el G20 comienzan este jueves una Cumbre de dos días marcada por la crisis de la deuda en Europa. Antes de iniciarse la reunión, Sarkozy y Obama estuvieron de acuerdo en la necesidad de resolver esa crisis antes de acordar una estrategia de crecimiento económico mundial.

La atención de esta cumbre está puesta en Grecia, país al borde de la quiebra cuyo porvenir mismo en el seno de la zona euro está en juego. Porque cuando los europeos parecían haber abierto el camino a una solución a la crisis de la deuda griega a través de un plan de ayuda laboriosamente acordado hace una semana en Bruselas por los principales acreedores de Atenas, el Primer ministro griego Papandreu anunció la celebración de un referendo.

Una votación negativa a ese plan, lo que numerosos observadores no descartan, agudizaría la crisis y exacerbaría el nerviosismo de los mercados. Papandreu aclaró sin embargo este jueves en la tarde que estaba dispuesto a retirar el proyecto de referendo que, según él, “no había sido nunca un fin en si mismo”.

Varios ministros y dirigentes de su partido ya habían rechazado el referendo. Algunos habían pedido incluso un Gobierno de unión nacional para garantizar la aplicación del plan europeo, que prevé eliminar el 50% de la deuda griega en manos privadas a cambio de la continuación de las medidas de austeridad.

Atenas corre grandes riesgos

Con ese proyecto de referendo, Papandreu hace correr grandes riesgos a Grecia. Sarkozy y Merkel dieron la víspera un ultimátum a Grecia para que decida si se queda o se va de la zona euro. Una salida de la moneda única implicaría muy probablemente una salida también de la Unión Europea, ya que “es imposible salir de la Eurozona sin dejar la Unión Europea”, según explicó una portavoz comunitaria.

La Unión Europea y el FMI han puesto en suspenso su ayuda financiera, vital para evitar la quiebra de ese país. Grecia esperaba recibir en los próximos días 8.000 millones de euros correspondientes al sexto y último tramo del crédito de 110.000 millones de euros concedidos por la Unión Europea y el FMI en mayo del año pasado, vitales para pagar pensiones y salarios antes de finales de año.