Con gran preocupación, dirigentes de las distintas organizaciones de trabajadores que conforman la llamada Mesa Social de la Salud manifestaron su inquietud por la tramitación en el Congreso de la partida presupuestaria ofrecida para el próximo año por el Gobierno, la cual consideran insuficiente e inequívoca en su propósito de debilitar el actual sistema de atención para favorecer la entrada de privados.

Una preocupación que se ha incrementado en las últimas semanas, luego de que la subcomisión mixta de Presupuesto la aprobó en forma unánime, dejándola ad portas de su sanción definitiva, hito que podría resolverse este mismo lunes.

De ahí el interés de los representantes gremiales de emplazar a parlamentarios de todos los sectores para que retiren su apoyo a la iniciativa y reconsideren el contenido de la propuesta, a la luz de las numerosas objeciones que se han planteado al respecto.

La principal queja guarda relación con el escaso aumento presupuestario, que deja el aporte fiscal en un 2,3% del PIB, en comparación con el promedio de 6,8% que tienen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto afectará ítems como la capacitación del personal, pero también está relacionado con medidas paralelas que afectan la destinación de los recursos.

La dirigente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Elsa Schmied, afirmó en ese sentido que habrá problemas con la dotación de personal, pues aunque la partida contempla la incorporación de un número importante de funcionarios para desempeñarse en los nuevos centros de atención, éste se haría en régimen de honorarios, lo cual provocaría graves dificultades al sistema, considerando además la baja ejecución presupuestaria.

“El aumento de la dotación es apenas del 2,6%. El Gobierno ha señalado que de aquí al término del año va a ejecutar todo el presupuesto que le falta ejecutar. Entonces la pregunta es, ¿con qué funcionarios vamos a hacer trabajar esos establecimientos? No hay aumento de la dotación. El aumento viene por la vía de los honorarios. Hay un aumento extraordinario en ese rubro y esos trabajadores no tienen protección ni responsabilidad administrativa. Por lo tanto, si el sistema construye todo lo que tiene que construir, no va a tener el personal para atender”, advirtió.

En forma unánime, los dirigentes acusaron una evidente contradicción en el discurso del Gobierno respecto a sus intenciones de fortalecer el sistema público de salud, las cuales se ven confrontadas con una serie de medidas que apuntarían en dirección contraria.

La baja ejecución presupuestaria en materia de salud sería uno de los principales indicios en ese sentido, que demostraría un aparente afán del Ejecutivo por afectar el desempeño del sector público, para justificar un amplio traspaso de funciones al área privada.

Matías Goyenechea, del movimiento “Salud un Derecho”, dijo que “solo se ha gastado, a septiembre, un 23% del presupuesto, lo cual es un insulto para todos los chilenos que se atienden en el sistema público, que son más de 13 millones”.

“El caso de Cenabast también es grave, porque hay montones de centros de atención primaria y hospitales que no cuentan con los medicamentos necesarios. Sin embargo, el Gobierno está bajando el presupuesto a la institución, que si bien puede requerir reestructuraciones, esto no puede pasar ni or la privatización ni por disminución de presupuesto”, enfatizó.

Más allá de las consecuencias administrativas que han advertido, los gremios de la salud han puesto también la alerta sobre algunos efectos de tipo sanitario que produciría la aprobación de la actual partida presupuestaria. En ese sentido, apuntan a la sustantiva rebaja que sufriría el programa de vacunación, algo que además de generar una eventual crisis epidemiológica en los meses de invierno, como consecuencia de lo mismo afectaría el trabajo en los centros de atención primaria, ahondando las dificultades ya existentes.

Los dirigentes de la Mesa Social de la Salud reconocieron además acercamientos con algunos parlamentarios, los cuales habrían tomado razón de sus argumentos. Sin embargo, lanzaron una advertencia al Gobierno respecto a la preocupación que debería dársele al sector salud, en vista de la alta sensibilidad ciudadana imperante sobre asuntos de interés público.

El dirigente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, comentó que “claramente este año la educación es el tema estrella en la discusión presupuestaria, pero eso no significa que la salud no sea el principal problema que preocupa a los chilenos. De hecho, todas las encuestas dicen exactamente lo mismo. Lo que nos da pie para advertirle al actual Gobierno que una vez resuelto el tema de la educación, lo más probable es que el tema de la salud surja con una fuerza tremenda, con un reclamo de la ciudadanía, de las organizaciones gremiales y de usuarios, para que se resuelva un tema que tenemos que resolver como país, porque podemos hacerlo”.

La partida número 16, correspondiente a Salud, será discutida este lunes en la comisión mixta de presupuesto, instancia en la cual podría ser votada y aprobada en forma definitiva.