El 14 de agosto de 2010 fueron allanados una serie de domicilios particulares y casas okupas en el marco del llamado “Caso Bombas”, después de la detonación de un artefacto explosivo a cuadras de la casa del recién asumido Presidente Sebastián Piñera.
En la oportunidad fueron detenidos 15 jóvenes, algunos profesionales, estudiantes universitarios, y otros trabajadores. Esto, casi cuatro años después de que el Ministerio Público iniciara una investigación con el fin de identificar a los responsables de los atentados y a la posible red de vinculación que pudiera existir entre ellos, sin mayores logros.
Los jóvenes fueron sometidos a prisión preventiva y llegaron a la Cárcel de Máxima Seguridad, privados de libertad por cerca de siete meses y medio, donde comenzaron una huelga de hambre debido a las pésimas condiciones en las que habitaban, lo que gatilló la visita de una misión de observación y la instalación de una mesa de trabajo en el Parlamento con el fin de modificar la Ley Antiterrorista.
Y si bien fueron trasladados, luego puestos en libertad condicional y el grueso de ellos fue sobreseído, seis siguen siendo investigados por la colocación de bombas.
Verónica Guajardo, madre de Felipe Guerra, uno de los jóvenes imputados, se refirió al largo proceso judicial que les ha tocado vivir y al inicio de este nuevo juicio que hoy comienza: “El proceso para mi familia y para todas ha sido muy largo y doloroso, pero estamos confiados en que la verdad tiene que salir. Estamos tranquilos porque las pruebas son totalmente insustanciales, no concluyentes. No hay nada y deberían sobreseerlos definitivamente”, aseguró.
La mujer se mostró inquieta frente a las múltiples irregularidades y violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido, razón por la que los padres se reunieron con el alto comisionado de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, y han solicitado también veedores en este nuevo juicio que se estructura también bajo Ley Antiterrorista.
Mauricio Daza, abogado del estudiante Francisco Solar Domínguez, también imputado en el caso, afirmó que “no hay antecedentes para establecer que son responsables de estas colocaciones” y advirtió que este proceso es producto de un acuerdo extrajudicial: “Esto derivó de una negociación entre el ministerio del Interior y el Ministerio Público. En un determinado punto, los antecedentes que existián respecto al caso ‘Bombas’ se vinieron abajo, principalmente por la inconsistencia de la investigación que estaba detrás del caso. Entonces, para concluir esta causa de manera digna para el Ministerio Público, se negoció con Interior la situación en que la mayoría de los imputados iban a ser sobreseídos definitivamente, pero dejar algunos para llevarlos a juicio oral con la finalidad de obtener una o dos condenas”, afirmó.
“Esta causa es una vergüenza para la historia judicial chilena y sobre todo para el Ministerio Público”, afirmó Daza, para quien esto no es más que un resabio de lo “todo el mundo sabe que es un montaje”. A su juicio, el proceso se va a extender por varias semanas y podría haber un pronunciamiento del juez durante el mes de febrero.
El 14 de agosto de 2010 fueron allanados una serie de domicilios particulares y casas okupas en el marco del llamado “Caso Bombas”, después de la detonación de un artefacto explosivo a cuadras de la casa del recién asumido Presidente Sebastián Piñera.
En la oportunidad fueron detenidos 15 jóvenes, algunos profesionales, estudiantes universitarios, y otros trabajadores. Esto, casi cuatro años después de que el Ministerio Público iniciara una investigación con el fin de identificar a los responsables de los atentados y a la posible red de vinculación que pudiera existir entre ellos, sin mayores logros.
Los jóvenes fueron sometidos a prisión preventiva y llegaron a la Cárcel de Máxima Seguridad, privados de libertad por cerca de siete meses y medio, donde comenzaron una huelga de hambre debido a las pésimas condiciones en las que habitaban, lo que gatilló la visita de una misión de observación y la instalación de una mesa de trabajo en el Parlamento con el fin de modificar la Ley Antiterrorista.
Y si bien fueron trasladados, luego puestos en libertad condicional y el grueso de ellos fue sobreseído, seis siguen siendo investigados por la colocación de bombas.
Verónica Guajardo, madre de Felipe Guerra, uno de los jóvenes imputados, se refirió al largo proceso judicial que les ha tocado vivir y al inicio de este nuevo juicio que hoy comienza: “El proceso para mi familia y para todas ha sido muy largo y doloroso, pero estamos confiados en que la verdad tiene que salir. Estamos tranquilos porque las pruebas son totalmente insustanciales, no concluyentes. No hay nada y deberían sobreseerlos definitivamente”, aseguró.
La mujer se mostró inquieta frente a las múltiples irregularidades y violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido, razón por la que los padres se reunieron con el alto comisionado de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, y han solicitado también veedores en este nuevo juicio que se estructura también bajo Ley Antiterrorista.
Mauricio Daza, abogado del estudiante Francisco Solar Domínguez, también imputado en el caso, afirmó que “no hay antecedentes para establecer que son responsables de estas colocaciones” y advirtió que este proceso es producto de un acuerdo extrajudicial: “Esto derivó de una negociación entre el ministerio del Interior y el Ministerio Público. En un determinado punto, los antecedentes que existián respecto al caso ‘Bombas’ se vinieron abajo, principalmente por la inconsistencia de la investigación que estaba detrás del caso. Entonces, para concluir esta causa de manera digna para el Ministerio Público, se negoció con Interior la situación en que la mayoría de los imputados iban a ser sobreseídos definitivamente, pero dejar algunos para llevarlos a juicio oral con la finalidad de obtener una o dos condenas”, afirmó.
“Esta causa es una vergüenza para la historia judicial chilena y sobre todo para el Ministerio Público”, afirmó Daza, para quien esto no es más que un resabio de lo “todo el mundo sabe que es un montaje”. A su juicio, el proceso se va a extender por varias semanas y podría haber un pronunciamiento del juez durante el mes de febrero.
El 14 de agosto de 2010 fueron allanados una serie de domicilios particulares y casas okupas en el marco del llamado “Caso Bombas”, después de la detonación de un artefacto explosivo a cuadras de la casa del recién asumido Presidente Sebastián Piñera.
En la oportunidad fueron detenidos 15 jóvenes, algunos profesionales, estudiantes universitarios, y otros trabajadores. Esto, casi cuatro años después de que el Ministerio Público iniciara una investigación con el fin de identificar a los responsables de los atentados y a la posible red de vinculación que pudiera existir entre ellos, sin mayores logros.
Los jóvenes fueron sometidos a prisión preventiva y llegaron a la Cárcel de Máxima Seguridad, privados de libertad por cerca de siete meses y medio, donde comenzaron una huelga de hambre debido a las pésimas condiciones en las que habitaban, lo que gatilló la visita de una misión de observación y la instalación de una mesa de trabajo en el Parlamento con el fin de modificar la Ley Antiterrorista.
Y si bien fueron trasladados, luego puestos en libertad condicional y el grueso de ellos fue sobreseído, seis siguen siendo investigados por la colocación de bombas.
Verónica Guajardo, madre de Felipe Guerra, uno de los jóvenes imputados, se refirió al largo proceso judicial que les ha tocado vivir y al inicio de este nuevo juicio que hoy comienza: “El proceso para mi familia y para todas ha sido muy largo y doloroso, pero estamos confiados en que la verdad tiene que salir. Estamos tranquilos porque las pruebas son totalmente insustanciales, no concluyentes. No hay nada y deberían sobreseerlos definitivamente”, aseguró.
La mujer se mostró inquieta frente a las múltiples irregularidades y violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido, razón por la que los padres se reunieron con el alto comisionado de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, y han solicitado también veedores en este nuevo juicio que se estructura también bajo Ley Antiterrorista.
Mauricio Daza, abogado del estudiante Francisco Solar Domínguez, también imputado en el caso, afirmó que “no hay antecedentes para establecer que son responsables de estas colocaciones” y advirtió que este proceso es producto de un acuerdo extrajudicial: “Esto derivó de una negociación entre el ministerio del Interior y el Ministerio Público. En un determinado punto, los antecedentes que existián respecto al caso ‘Bombas’ se vinieron abajo, principalmente por la inconsistencia de la investigación que estaba detrás del caso. Entonces, para concluir esta causa de manera digna para el Ministerio Público, se negoció con Interior la situación en que la mayoría de los imputados iban a ser sobreseídos definitivamente, pero dejar algunos para llevarlos a juicio oral con la finalidad de obtener una o dos condenas”, afirmó.
“Esta causa es una vergüenza para la historia judicial chilena y sobre todo para el Ministerio Público”, afirmó Daza, para quien esto no es más que un resabio de lo “todo el mundo sabe que es un montaje”. A su juicio, el proceso se va a extender por varias semanas y podría haber un pronunciamiento del juez durante el mes de febrero.
