Sin lograr un acuerdo y reconociendo que existe insatisfacción en parte de la industria, el ministro de Economía, Pablo Logueira, realizó la presentación de los principales contenidos de proyecto de Ley de Pesca que se espera ingrese este mes al Parlamento.
La iniciativa legal, que debiera estar ya vigente en enero del 2013, busca reemplazar a la antigua Ley de Pesca que data del año 2001.
“Nosotros visualizamos el panorama nublado, complejo, pero sí tenemos la tranquilidad que hemos presentado en este proyecto de ley todas aquellas materias que le garantizan a los chilenos la sustentabilidad de los recursos”, aseguró el secretario de Estado.
Según explicó, con pizarra y plumón en mano el titular de Economía, la nueva ley va a permitir tres tipos de licencia, la A, B y C que apuntan al reconocimiento de cuotas históricas que incluirá patentes y royalty, además de la creación de un panel de expertos.
Las licencias tipo A corresponden a las actuales cuotas pesqueras, las que serán indefinidas y se distribuyen por armador lo que corresponde al 85 por ciento del total. De esta forma sólo se licitará el 15 por ciento del excedente industrial, correspondiendo a las licencias B y C.
Estas propuestas causan rechazo en parte del sector industrial porque se asegura que las licitaciones no fueron parte de la discusión de la mesa de pesca e incluso es más, organizaciones ciudadanas como Maipo Contigo, representada por el abogado Marcelo Drago, llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica para que investigue una posible colusión en este nuevo proyecto de ley.
“Nosotros creemos que el acuerdo pesquero que se realizó entre cuatro paredes y a medianoche impide que existan mayores competitividad en materia pesquera y, por lo mismo, impide que los chilenos puedan disfrutar de más pescado, de mayor calidad y a mejores precios, porque es muy fácil hablar de licitación sobre cuotas o porcentajes que verdaderamente no existen. Queremos ver si efectivamente una licitación masiva y en serio del recurso pesquero con lo que se pueda mejorar la competencia, puedan ingresar nuevos actores y puedan bajar los precios y mejorar la calidad”, explicó Marcelo Drago.
Ante esto, el ministro de Economía dijo “estar tranquilo” porque aseguró que su cartera y la subsecretaria de Pesca se están haciendo cargo de un proyecto que antes no garantizaba la sustentabilidad del medio ambiente ni tampoco una desigualdad social.
“Yo leo lo que dicen y lo que quieren decir, leo las cartas, leo las inserciones, leo muchas cosas que no son verdad. Aquí se instaló una mesa donde el proyecto original era mantener el fraccionamiento actual entre el mundo artesanal y el mundo industrial. Eso era insostenible desde el punto de vista social y también se establecía un sistema de licitaciones, que las gatillaba independiente del estado de las pesquerías. Cuando se tiene una pesquería totalmente colapsada, lo que tiene que hacer es recuperarla y no agotarla”, indicó Longueira.
Habrá que esperar entonces que pasa con este nuevo proyecto de ley que incorpora la figura del Royalty pesquero y las licitaciones, aunque sea sólo para el 15 por ciento.
Finalmente, tanto el ministro de Economía como el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea desestimaron la acusación de colusión y se mostraron partidarios de que la Fiscalía Nacional Económica investigue al respecto.
Sin lograr un acuerdo y reconociendo que existe insatisfacción en parte de la industria, el ministro de Economía, Pablo Logueira, realizó la presentación de los principales contenidos de proyecto de Ley de Pesca que se espera ingrese este mes al Parlamento.
La iniciativa legal, que debiera estar ya vigente en enero del 2013, busca reemplazar a la antigua Ley de Pesca que data del año 2001.
“Nosotros visualizamos el panorama nublado, complejo, pero sí tenemos la tranquilidad que hemos presentado en este proyecto de ley todas aquellas materias que le garantizan a los chilenos la sustentabilidad de los recursos”, aseguró el secretario de Estado.
Según explicó, con pizarra y plumón en mano el titular de Economía, la nueva ley va a permitir tres tipos de licencia, la A, B y C que apuntan al reconocimiento de cuotas históricas que incluirá patentes y royalty, además de la creación de un panel de expertos.
Las licencias tipo A corresponden a las actuales cuotas pesqueras, las que serán indefinidas y se distribuyen por armador lo que corresponde al 85 por ciento del total. De esta forma sólo se licitará el 15 por ciento del excedente industrial, correspondiendo a las licencias B y C.
Estas propuestas causan rechazo en parte del sector industrial porque se asegura que las licitaciones no fueron parte de la discusión de la mesa de pesca e incluso es más, organizaciones ciudadanas como Maipo Contigo, representada por el abogado Marcelo Drago, llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica para que investigue una posible colusión en este nuevo proyecto de ley.
“Nosotros creemos que el acuerdo pesquero que se realizó entre cuatro paredes y a medianoche impide que existan mayores competitividad en materia pesquera y, por lo mismo, impide que los chilenos puedan disfrutar de más pescado, de mayor calidad y a mejores precios, porque es muy fácil hablar de licitación sobre cuotas o porcentajes que verdaderamente no existen. Queremos ver si efectivamente una licitación masiva y en serio del recurso pesquero con lo que se pueda mejorar la competencia, puedan ingresar nuevos actores y puedan bajar los precios y mejorar la calidad”, explicó Marcelo Drago.
Ante esto, el ministro de Economía dijo “estar tranquilo” porque aseguró que su cartera y la subsecretaria de Pesca se están haciendo cargo de un proyecto que antes no garantizaba la sustentabilidad del medio ambiente ni tampoco una desigualdad social.
“Yo leo lo que dicen y lo que quieren decir, leo las cartas, leo las inserciones, leo muchas cosas que no son verdad. Aquí se instaló una mesa donde el proyecto original era mantener el fraccionamiento actual entre el mundo artesanal y el mundo industrial. Eso era insostenible desde el punto de vista social y también se establecía un sistema de licitaciones, que las gatillaba independiente del estado de las pesquerías. Cuando se tiene una pesquería totalmente colapsada, lo que tiene que hacer es recuperarla y no agotarla”, indicó Longueira.
Habrá que esperar entonces que pasa con este nuevo proyecto de ley que incorpora la figura del Royalty pesquero y las licitaciones, aunque sea sólo para el 15 por ciento.
Finalmente, tanto el ministro de Economía como el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea desestimaron la acusación de colusión y se mostraron partidarios de que la Fiscalía Nacional Económica investigue al respecto.
Sin lograr un acuerdo y reconociendo que existe insatisfacción en parte de la industria, el ministro de Economía, Pablo Logueira, realizó la presentación de los principales contenidos de proyecto de Ley de Pesca que se espera ingrese este mes al Parlamento.
La iniciativa legal, que debiera estar ya vigente en enero del 2013, busca reemplazar a la antigua Ley de Pesca que data del año 2001.
“Nosotros visualizamos el panorama nublado, complejo, pero sí tenemos la tranquilidad que hemos presentado en este proyecto de ley todas aquellas materias que le garantizan a los chilenos la sustentabilidad de los recursos”, aseguró el secretario de Estado.
Según explicó, con pizarra y plumón en mano el titular de Economía, la nueva ley va a permitir tres tipos de licencia, la A, B y C que apuntan al reconocimiento de cuotas históricas que incluirá patentes y royalty, además de la creación de un panel de expertos.
Las licencias tipo A corresponden a las actuales cuotas pesqueras, las que serán indefinidas y se distribuyen por armador lo que corresponde al 85 por ciento del total. De esta forma sólo se licitará el 15 por ciento del excedente industrial, correspondiendo a las licencias B y C.
Estas propuestas causan rechazo en parte del sector industrial porque se asegura que las licitaciones no fueron parte de la discusión de la mesa de pesca e incluso es más, organizaciones ciudadanas como Maipo Contigo, representada por el abogado Marcelo Drago, llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica para que investigue una posible colusión en este nuevo proyecto de ley.
“Nosotros creemos que el acuerdo pesquero que se realizó entre cuatro paredes y a medianoche impide que existan mayores competitividad en materia pesquera y, por lo mismo, impide que los chilenos puedan disfrutar de más pescado, de mayor calidad y a mejores precios, porque es muy fácil hablar de licitación sobre cuotas o porcentajes que verdaderamente no existen. Queremos ver si efectivamente una licitación masiva y en serio del recurso pesquero con lo que se pueda mejorar la competencia, puedan ingresar nuevos actores y puedan bajar los precios y mejorar la calidad”, explicó Marcelo Drago.
Ante esto, el ministro de Economía dijo “estar tranquilo” porque aseguró que su cartera y la subsecretaria de Pesca se están haciendo cargo de un proyecto que antes no garantizaba la sustentabilidad del medio ambiente ni tampoco una desigualdad social.
“Yo leo lo que dicen y lo que quieren decir, leo las cartas, leo las inserciones, leo muchas cosas que no son verdad. Aquí se instaló una mesa donde el proyecto original era mantener el fraccionamiento actual entre el mundo artesanal y el mundo industrial. Eso era insostenible desde el punto de vista social y también se establecía un sistema de licitaciones, que las gatillaba independiente del estado de las pesquerías. Cuando se tiene una pesquería totalmente colapsada, lo que tiene que hacer es recuperarla y no agotarla”, indicó Longueira.
Habrá que esperar entonces que pasa con este nuevo proyecto de ley que incorpora la figura del Royalty pesquero y las licitaciones, aunque sea sólo para el 15 por ciento.
Finalmente, tanto el ministro de Economía como el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea desestimaron la acusación de colusión y se mostraron partidarios de que la Fiscalía Nacional Económica investigue al respecto.
