El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, reabrió el debate respecto a la penalización del delito de colusión, esto en el marco de la investigación que recae sobre las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, acusadas de una eventual colusión en sus tarifas de los últimos años.

Chahuán apuntó que, luego de sumar un nuevo caso de colusión en el último tiempo, es necesario perseguir a delincuentes de cuello y corbata, esto porque las artimañas comerciales perjudican los consumidores, lo que él indicó como un factor de violencia.

“Nosotros hemos dicho reiteradamente que hay que perseguir con igual dedicación o más dedicación no sólo los delitos violentos, sino también los delitos de cuello y corbata, porque producen un nivel de violencia. La gente se ve defraudada en sus expectativas cuando se escamotean sus derechos, se hurtan por un fraude o una estafa una cantidad de recursos, eso genera que la justicia es de los poderosos, y la Fiscalía trata de hacer justicia para todos”, declaró.

La rebaja de penalización sobre el delito de colusión se dio en el gobierno de Ricardo Lagos, esto en dirección por favorecer las indemnizaciones, además de la dificultad que hoy tienen los cuerpos legales para detectar una colusión explícita entre distintas empresas.

Colusión: ¿Cárcel o Multa?
El debate fue reabierto durante el gobierno de Michelle Bachelet a propósito de la colusión entre farmacias, lo que no prosperó en el Parlamento.

Ante ello, el diputado Guillermo Ceroni abogó por penas de cárcel, ojalá no menores a cinco años para ser efectivas, y apuntó que “no hay duda que tiene que ser una sanción que vaya sobre los cinco años de cárcel, una sanción ejemplificadora. Este es un robo que causa un perjuicio enorme, tiene todo de su parte el delincuente, en este caso el empresario. Por lo tanto, tiene que ser algo no menor a cinco años, pero el tipo de delito hay que analizarlo con cuidado”.

El diputado Cristián Monckeberg es parte de los representantes del oficialismo que se refirió a esta materia. En conversación con Radioanálisis, señaló que casos como las colusiones o lo ocurrido en La Polar no se puede repetir, esto porque “apunta a vulnerar los mercados para aprovecharse de la ciudadanía y sacar ventaja económica de esto”.

“Uno apela al principio de inocencia, pero no es bueno lo que está ocurriendo. La gente se siente pasada a llevar, esto no es único, pasó lo de las farmacias, lo de La Polar, y todo apunta a vulnerar los mercados para aprovecharse de la ciudadanía y sacar ventaja económica de esto, algo deplorable y hay que ser claros en este sentido”, señaló a Radioanálisis.

El dilema de la indemnización
En tanto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor José Luis López, destacó que la indemnización tampoco es una salida efectiva ante un caso de esta magnitud, dada la dificultad de alcanzar a todos los consumidores afectados.

A juicio del académico, se hace necesario elevar las multas o fiscalizar un mercado cerrado, el que impide actores foráneos y favorece acuerdos ilegales entre los productores locales.

“En estos casos que afectan al público, es difícil la indemnización al no probar cuál ha sido el daño. La esencia de la indemnización es responder por el daño que se hizo a otra persona, entonces el castigo es una multa muy severa a los infractores. Por lo tanto, debiera haber industrias que compitan con otros países, para que el consumidor elija los precios más convenientes de productos ya sea chilenos o importados”, sostuvo.

La polémica se instala en el ámbito político, donde el Ejecutivo deberá marcar pautas respecto a la posible penalización de la colusión, aun cuando los propios integrantes de la comisión de Economía de la Cámara Baja duden de la voluntad de La Moneda en el tema.