Un disparo por la espalda a un joven mapuche le costó a un uniformado sólo 3 años y un día de firmas sistemáticas para cumplir su condena en libertad. El cabo Walter Ramírez Inostroza, además, continúa trabajando en la institución en la ciudad de Coyhaique.
Esto pese a que está demostrado que el Carabinero le disparó por la espalda con una sub ametralladora UZI en el ex fundo Santa Margarita en 2008 cuando los comuneros estaban recuperando tierras.
Respecto del fallo, Pedro Mariman, coordinador de pueblos originarios del Observatorio Ciudadano dijo. “La resolución ratifica nuevamente una situación de impunidad frente a los crímenes y las actuaciones policiales en el marco de los conflictos por tierras en el cual se ven involucradas las comunidades mapuches. Nos es el único caso de violencia innecesaria con resultado de muerte de jóvenes activistas mapuches, como el caso de Alex Lemún muerto en 2002”,
Tres jóvenes muertos a bala, donde los uniformados no han pagado su condena. También Amnistía Internacional se pronunció sobre estos procedimientos, al afirmar que las violaciones a los derechos humanos se deben enjuiciar ante tribunales ordinarios.
En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional señaló. “Lo preocupante es que este tipo de casos se siga viendo ante la Justicia Militar. Todos los casos en que hay resultado de muerte en el contexto del actuar policial en una manifestación, esos casos se llevan ante la Justicia Militar y ya hemos visto en el pasado, que eso genera a lo menos dudas en términos de la imparcialidad de la investigación. Las penas que se impongan sean proporcionales al delito cometido y que sean en los mismos términos que se aplicaría para un delito común”.
Al juzgar bajo justicia militar no se cuenta con la imparcialidad necesaria, reiteró Ana Piquer, quien añadió que al continuar con este mecanismo se están vulnerando las recomendaciones que la misma Corte Internacional de Derechos Humanos ha hecho al Estado chileno, la que sugirió que la Justicia Militar fuera limitada a delitos de carácter militar cometidos por militares, no a otros delitos.
Hoy, las acciones cometidas por uniformados, incluso en contra de civiles son juzgadas por tribunales militares. Así ocurrió con los tres comuneros, pero también en el caso de la muerte del joven Manuel Gutiérrez, quien fue atacado en el marco de la protesta estudiantil.
Esto pese a la reforma que se realizó a esta legislación en 2010, la que según afirman las organizaciones sólo se hizo cargo de la mitad del problema: que civiles no sean juzgados por justicia militar, pero aún es demasiado amplia la gama de delitos que, por su naturaleza, debieran ser revisados por la justicia ordinaria.
Y lo que es peor, las organizaciones advirtieron que las autoridades, desde Carabineros al mismo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al no modificar la estructura ni pronunciarse al respecto, están avalando este tipo de delitos.
Un disparo por la espalda a un joven mapuche le costó a un uniformado sólo 3 años y un día de firmas sistemáticas para cumplir su condena en libertad. El cabo Walter Ramírez Inostroza, además, continúa trabajando en la institución en la ciudad de Coyhaique.
Esto pese a que está demostrado que el Carabinero le disparó por la espalda con una sub ametralladora UZI en el ex fundo Santa Margarita en 2008 cuando los comuneros estaban recuperando tierras.
Respecto del fallo, Pedro Mariman, coordinador de pueblos originarios del Observatorio Ciudadano dijo. “La resolución ratifica nuevamente una situación de impunidad frente a los crímenes y las actuaciones policiales en el marco de los conflictos por tierras en el cual se ven involucradas las comunidades mapuches. Nos es el único caso de violencia innecesaria con resultado de muerte de jóvenes activistas mapuches, como el caso de Alex Lemún muerto en 2002”,
Tres jóvenes muertos a bala, donde los uniformados no han pagado su condena. También Amnistía Internacional se pronunció sobre estos procedimientos, al afirmar que las violaciones a los derechos humanos se deben enjuiciar ante tribunales ordinarios.
En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional señaló. “Lo preocupante es que este tipo de casos se siga viendo ante la Justicia Militar. Todos los casos en que hay resultado de muerte en el contexto del actuar policial en una manifestación, esos casos se llevan ante la Justicia Militar y ya hemos visto en el pasado, que eso genera a lo menos dudas en términos de la imparcialidad de la investigación. Las penas que se impongan sean proporcionales al delito cometido y que sean en los mismos términos que se aplicaría para un delito común”.
Al juzgar bajo justicia militar no se cuenta con la imparcialidad necesaria, reiteró Ana Piquer, quien añadió que al continuar con este mecanismo se están vulnerando las recomendaciones que la misma Corte Internacional de Derechos Humanos ha hecho al Estado chileno, la que sugirió que la Justicia Militar fuera limitada a delitos de carácter militar cometidos por militares, no a otros delitos.
Hoy, las acciones cometidas por uniformados, incluso en contra de civiles son juzgadas por tribunales militares. Así ocurrió con los tres comuneros, pero también en el caso de la muerte del joven Manuel Gutiérrez, quien fue atacado en el marco de la protesta estudiantil.
Esto pese a la reforma que se realizó a esta legislación en 2010, la que según afirman las organizaciones sólo se hizo cargo de la mitad del problema: que civiles no sean juzgados por justicia militar, pero aún es demasiado amplia la gama de delitos que, por su naturaleza, debieran ser revisados por la justicia ordinaria.
Y lo que es peor, las organizaciones advirtieron que las autoridades, desde Carabineros al mismo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al no modificar la estructura ni pronunciarse al respecto, están avalando este tipo de delitos.
Un disparo por la espalda a un joven mapuche le costó a un uniformado sólo 3 años y un día de firmas sistemáticas para cumplir su condena en libertad. El cabo Walter Ramírez Inostroza, además, continúa trabajando en la institución en la ciudad de Coyhaique.
Esto pese a que está demostrado que el Carabinero le disparó por la espalda con una sub ametralladora UZI en el ex fundo Santa Margarita en 2008 cuando los comuneros estaban recuperando tierras.
Respecto del fallo, Pedro Mariman, coordinador de pueblos originarios del Observatorio Ciudadano dijo. “La resolución ratifica nuevamente una situación de impunidad frente a los crímenes y las actuaciones policiales en el marco de los conflictos por tierras en el cual se ven involucradas las comunidades mapuches. Nos es el único caso de violencia innecesaria con resultado de muerte de jóvenes activistas mapuches, como el caso de Alex Lemún muerto en 2002”,
Tres jóvenes muertos a bala, donde los uniformados no han pagado su condena. También Amnistía Internacional se pronunció sobre estos procedimientos, al afirmar que las violaciones a los derechos humanos se deben enjuiciar ante tribunales ordinarios.
En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional señaló. “Lo preocupante es que este tipo de casos se siga viendo ante la Justicia Militar. Todos los casos en que hay resultado de muerte en el contexto del actuar policial en una manifestación, esos casos se llevan ante la Justicia Militar y ya hemos visto en el pasado, que eso genera a lo menos dudas en términos de la imparcialidad de la investigación. Las penas que se impongan sean proporcionales al delito cometido y que sean en los mismos términos que se aplicaría para un delito común”.
Al juzgar bajo justicia militar no se cuenta con la imparcialidad necesaria, reiteró Ana Piquer, quien añadió que al continuar con este mecanismo se están vulnerando las recomendaciones que la misma Corte Internacional de Derechos Humanos ha hecho al Estado chileno, la que sugirió que la Justicia Militar fuera limitada a delitos de carácter militar cometidos por militares, no a otros delitos.
Hoy, las acciones cometidas por uniformados, incluso en contra de civiles son juzgadas por tribunales militares. Así ocurrió con los tres comuneros, pero también en el caso de la muerte del joven Manuel Gutiérrez, quien fue atacado en el marco de la protesta estudiantil.
Esto pese a la reforma que se realizó a esta legislación en 2010, la que según afirman las organizaciones sólo se hizo cargo de la mitad del problema: que civiles no sean juzgados por justicia militar, pero aún es demasiado amplia la gama de delitos que, por su naturaleza, debieran ser revisados por la justicia ordinaria.
Y lo que es peor, las organizaciones advirtieron que las autoridades, desde Carabineros al mismo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al no modificar la estructura ni pronunciarse al respecto, están avalando este tipo de delitos.
