Comisión de la Cámara ratifica existencia de falsos exonerados beneficiados por el Estado
Con una votación unánime se aprobó el informe de la Comisión Investigadora de falsos exonerados, que confirmó la existencia de irregularidades y, a la vez, terminó con la polémica sobre la entrega fraudulenta por parte de parlamentarios de la oposición.
Viernes 13 de enero 2012 13:30 hrs.
La existencia de una red de gestores que operaban a cambio de dinero para entregar la calidad de exonerados políticos estableció el informe de la Comisión de Trabajo, constituida en comisión investigadora, ante la polémica que generó la entrega de beneficios falsos.
La comisión se aprobó el 6 de octubre del 2011, luego de que agrupaciones de exonerados políticos denunciaran que parlamentarios de la Concertación estarían involucrados en fraude al Fisco y de corrupción.
A la instancia parlamentaria asistieron el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien estimó que los falsos exonerados políticos superarían los 30 mil casos.
Y efectivamente el documento de la comisión constata que fue una realidad el abuso de esta condición. El diputado UDI, Calos Vilches, afirmó que “hay personas que están recibiendo el beneficio sin que les corresponda. Siempre hay gente que hace uso y abuso de la ley y algunos de mala manera presentaron sus antecedentes y fueron calificados como exonerados políticos sin que les correspondiera”.
Según el documento las irregularidades fueron posibilitadas por el hecho de que la institucionalidad vinculada a la tramitación de pensiones era “débil y precaria”, además afirma que fue la propia ley la que les dio la facultad de acreditar la condición de exonerados a los diputados y senadores.
El texto se construyó gracias a un consenso entre ambas coaliciones políticas y sus redactores fueron el DC René Safirio y el UDI Cristián Letelier.
A pesar de esto no todos los parlamentarios quedaron conforme con el resultado final. La diputada PPD Adriana Muñoz señaló que “se descontextualizó y no se colocó énfasis en aspectos básicos en relación a los certificados, por ejemplo, emitidos por los parlamentarios, donde quedó claramente señalado que no tienen ningún valor en el proceso de calificación, ni menos en la entrega de beneficios a exonerados, porque eso perjudicó a muchos parlamentarios que públicamente han sido lapidados por haber entregado un certificado que prácticamente en un ilícito muy grave”.
Con este pronunciamiento del Contralor se puso fin a la polémica sobre supuestas ilegalidades de los parlamentarios de la oposición. No obstante, la diputada advirtió que el Gobierno logró posesionar en la opinión pública una serie de dudas. “Aquí ha habido un esfuerzo de montar una posición con datos que vienen sólo del ministerio del Interior”, afirmó la diputada.
Cabe señalar que hace unos días la bancada PPD acusó de montaje al titular de Interior y exigió que el Gobierno entregue antecedentes concretos sobre esta denuncia, acusando una “instrumentalización” y amenazando con tomar acciones legales al respecto.
La existencia de una red de gestores que operaban a cambio de dinero para entregar la calidad de exonerados políticos estableció el informe de la Comisión de Trabajo, constituida en comisión investigadora, ante la polémica que generó la entrega de beneficios falsos.
La comisión se aprobó el 6 de octubre del 2011, luego de que agrupaciones de exonerados políticos denunciaran que parlamentarios de la Concertación estarían involucrados en fraude al Fisco y de corrupción.
A la instancia parlamentaria asistieron el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien estimó que los falsos exonerados políticos superarían los 30 mil casos.
Y efectivamente el documento de la comisión constata que fue una realidad el abuso de esta condición. El diputado UDI, Calos Vilches, afirmó que “hay personas que están recibiendo el beneficio sin que les corresponda. Siempre hay gente que hace uso y abuso de la ley y algunos de mala manera presentaron sus antecedentes y fueron calificados como exonerados políticos sin que les correspondiera”.
Según el documento las irregularidades fueron posibilitadas por el hecho de que la institucionalidad vinculada a la tramitación de pensiones era “débil y precaria”, además afirma que fue la propia ley la que les dio la facultad de acreditar la condición de exonerados a los diputados y senadores.
El texto se construyó gracias a un consenso entre ambas coaliciones políticas y sus redactores fueron el DC René Safirio y el UDI Cristián Letelier.
A pesar de esto no todos los parlamentarios quedaron conforme con el resultado final. La diputada PPD Adriana Muñoz señaló que “se descontextualizó y no se colocó énfasis en aspectos básicos en relación a los certificados, por ejemplo, emitidos por los parlamentarios, donde quedó claramente señalado que no tienen ningún valor en el proceso de calificación, ni menos en la entrega de beneficios a exonerados, porque eso perjudicó a muchos parlamentarios que públicamente han sido lapidados por haber entregado un certificado que prácticamente en un ilícito muy grave”.
Con este pronunciamiento del Contralor se puso fin a la polémica sobre supuestas ilegalidades de los parlamentarios de la oposición. No obstante, la diputada advirtió que el Gobierno logró posesionar en la opinión pública una serie de dudas. “Aquí ha habido un esfuerzo de montar una posición con datos que vienen sólo del ministerio del Interior”, afirmó la diputada.
Cabe señalar que hace unos días la bancada PPD acusó de montaje al titular de Interior y exigió que el Gobierno entregue antecedentes concretos sobre esta denuncia, acusando una “instrumentalización” y amenazando con tomar acciones legales al respecto.
La existencia de una red de gestores que operaban a cambio de dinero para entregar la calidad de exonerados políticos estableció el informe de la Comisión de Trabajo, constituida en comisión investigadora, ante la polémica que generó la entrega de beneficios falsos.
La comisión se aprobó el 6 de octubre del 2011, luego de que agrupaciones de exonerados políticos denunciaran que parlamentarios de la Concertación estarían involucrados en fraude al Fisco y de corrupción.
A la instancia parlamentaria asistieron el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien estimó que los falsos exonerados políticos superarían los 30 mil casos.
Y efectivamente el documento de la comisión constata que fue una realidad el abuso de esta condición. El diputado UDI, Calos Vilches, afirmó que “hay personas que están recibiendo el beneficio sin que les corresponda. Siempre hay gente que hace uso y abuso de la ley y algunos de mala manera presentaron sus antecedentes y fueron calificados como exonerados políticos sin que les correspondiera”.
Según el documento las irregularidades fueron posibilitadas por el hecho de que la institucionalidad vinculada a la tramitación de pensiones era “débil y precaria”, además afirma que fue la propia ley la que les dio la facultad de acreditar la condición de exonerados a los diputados y senadores.
El texto se construyó gracias a un consenso entre ambas coaliciones políticas y sus redactores fueron el DC René Safirio y el UDI Cristián Letelier.
A pesar de esto no todos los parlamentarios quedaron conforme con el resultado final. La diputada PPD Adriana Muñoz señaló que “se descontextualizó y no se colocó énfasis en aspectos básicos en relación a los certificados, por ejemplo, emitidos por los parlamentarios, donde quedó claramente señalado que no tienen ningún valor en el proceso de calificación, ni menos en la entrega de beneficios a exonerados, porque eso perjudicó a muchos parlamentarios que públicamente han sido lapidados por haber entregado un certificado que prácticamente en un ilícito muy grave”.
Con este pronunciamiento del Contralor se puso fin a la polémica sobre supuestas ilegalidades de los parlamentarios de la oposición. No obstante, la diputada advirtió que el Gobierno logró posesionar en la opinión pública una serie de dudas. “Aquí ha habido un esfuerzo de montar una posición con datos que vienen sólo del ministerio del Interior”, afirmó la diputada.
Cabe señalar que hace unos días la bancada PPD acusó de montaje al titular de Interior y exigió que el Gobierno entregue antecedentes concretos sobre esta denuncia, acusando una “instrumentalización” y amenazando con tomar acciones legales al respecto.
