Si el texto es aprobado, el primer ministro, Lucas Papademos, recibirá del Parlamento el mandato para realizar las reformas de austeridad exigidas por los socios europeos y acreedores de Grecia a cambio de un nuevo préstamo de al menos 130.000 millones de euros para evitarle la perspectiva de una quiebra rápida.
La votación también atañe a un programa de cambio de obligaciones para reducir su deuda a un 120% del PIB de aquí a 2020 mediante la emisión de nuevos títulos de derecho británico cuyo valor facial se reducirá a la mitad.
Por último, los diputados se pronunciarán sobre un esquema de recapitalización de la banca griega que prevé la posibilidad de una nacionalización ligera si no encuentran en el sector privado los medios de recapitalizarse en los meses venideros.
Este paquete de medidas que ha recibido el apoyo de los dos partidos del gobierno de coalición (socialista y conservador) ha provocado serio malestar, fisuras y la dimisión de seis ministros esta semana.
Con un recorte del 22% del sueldo mínimo (un 32% para los jóvenes menores de 25 años), una desregulación del mercado laboral, reforma de las pensiones complementarias, también reformas fiscales y de justicia, el conjunto del paquete es rechazado en las calles de Grecia, donde los sindicatos denuncian el “chantaje” de la troika de los proveedores de fondos del país al borde de la quiebra.
Para los sindicatos, este domingo representa además el verdadero test social. Los disconformes de toda tendencia están convocados a congregarse a las 15H00 GMT para intentar rodear el Parlamento, en el centro de Atenas, cuando llegue el momento de la votación nocturna del plan de rigor.
Si el país renuncia a realizar los esfuerzos requeridos por los proveedores de fondos y acepta un ‘default’ de pago desordenado, el Estado sería “incapaz de pagar sueldos y pensiones, de mantener servicios básicos cono hospitales y escuelas”, predijo el primer ministro, y explicó a los griegos la “responsabilidad histórica” del Parlamento este domingo.
La opción de un ‘default’ conduciría al país a un “caos económico incontrolable y a una erupción social”, situación que “conduciría lenta o rápidamente a nuestra salida del euro”, dijo.