Perú: tensión por protestas de mineros artesanales
La prohibición de la minería informal en el país andino enfrenta a quienes buscan sobrevivir de esa actividad, con la preservación del medio ambiente y las necesidades para el desarrollo económico del país.
Sábado 17 de marzo 2012 10:32 hrs.
La prohibición de la minería informal presenta varias caras, pero ninguna de ellas parece ser atractiva. Por un lado, la realidad de los miles de mineros informales, muchos de ellos indígenas, que buscan entre las rocas la salida a su precaria situación económica. Por otro, el interés nacional de preservar el medio ambiente. Finalmente está el argumento económico que sostiene que la minería es fundamental para el desarrollo del país.
La reciente ley que prohíbe la explotación ilegal de minerales en el Perú ha desatado una serie de protestas violentas en varios puntos del país, la cual alcanzó su momento culminante el miércoles pasado, cuando tres personas perdieron la vida y otras resultaron heridas y posteriormente atendidas en los centros médicos de Puerto Maldonado. Según Luis Aguirre, presidente regional de Madre de Dios, se reportaron 36 bajas, de las cuales seis por armas de fuego. Uno de los fallecidos procedía de una comunidad indígena.
Éste es, hasta el momento, el resultado más dramático de la protesta que, en el transcurso de la semana, se ha ido extendiendo por diversas localidades. Ya el pasado lunes, unos tres mil mineros acompañados de sus familias habían llegado a la ciudad de Puno en la denominada ‘Marcha del Sacrificio’. A éstos se sumaron otras dos mil personas que exigían la derogatoria de los decretos que determinan la prohibición de la minería ilegal.
Según diarios peruanos, entre mineros informales y comuneros, quienes, en diferentes sitios, se encuentran fuertemente custodiados por elementos policiales, los manifestantes ya suman cinco mil. Los huelguistas han amenazado con radicalizar su protesta y no descartan que, en las próximas horas, bloqueen las vías de ingreso a la ciudad de Puno, al mismo tiempo que anunciaron la llegada de más comuneros para reforzar sus acciones.
Con su movilización, los mineros informales exigen la derogatoria de los decretos legislativos que disponen incluso la intervención de la Fuerzas Armadas para erradicar la minería ilegal. Paralelamente, exigen la implementación y ejecución de la Ley 27651, de promoción y formalización de la pequeña minería artesanal.
Contaminación
Los argumentos principales del Ejecutivo para impulsar la prohibición se apoyan principalmente en la gran contaminación de los ríos causada por el uso de químicos en la explotación minera. Según Magdiel Carrión, presidente de la Confederación de las Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, la formalización de la minería informal encierra en sí un peligro para los informales que debería tomarse en cuenta. En un encuentro reciente con Radio Nederland, Carrión advertía que ´las actividades tanto de la gran minería como la de la informal, ambas con la utilización de insumos tóxicos, es sumamente dañina para el medio ambiente´. El dirigente añadió que, en el caso de formalizarse la actividad minera en las regiones afectadas, las concesiones pasarán a manos de los propietarios que ya están registrados en el Ministerio de Energía y Minas. En otras palabras, las beneficiadas serán las grandes compañías.
Reversión
Los mineros informales demandan, además, la reversión de las concesiones mineras al Estado y su devolución a las comunidades. Los pobladores de las comunidades aledañas a los puntos de extracción artesanal son quienes han estado exigiendo el retiro de las concesiones que hizo el Estado a grandes compañías, en su mayoría extranjeras. Durante el debate radial que, bajo el título ‘Los indígenas y la minería’, organizó esta emisora el pasado 7 de marzo en Lima, Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, recordó que, hasta hace poco, Perú era un país con un nivel bajo de exportaciones, y que éstas han aumentado considerablemente. “Sólo la minería aporta el 51% del total de las exportaciones, por lo que se ha convertido en una de las actividades más importantes en el país, pero al mismo tiempo una de las más destructivas,” precisó. A lo anterior, añadió que “el neoliberalismo jamás va a triunfar si no arremete, si no aplasta, a los que están al otro lado, es decir, a los pueblos indígenas”.
Diálogo
Ante estos intereses diametralmente opuestos, un acercamiento entre Gobierno y los obreros de la minería informal parece frustrarse cada vez más. El presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Luis Otzuka, dejó entrever que no asistiría a la reunión de este viernes 16 de marzo convocada por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para hallar una solución a las protestas de los mineros informales e ilegales. Por su parte, durante una entrevista con un canal de televisión el titular afirmó que no había razón para la protesta y que de seguir ésta, existe la posibilidad de que se declare estado de emergencia a escala nacional.
La prohibición de la minería informal presenta varias caras, pero ninguna de ellas parece ser atractiva. Por un lado, la realidad de los miles de mineros informales, muchos de ellos indígenas, que buscan entre las rocas la salida a su precaria situación económica. Por otro, el interés nacional de preservar el medio ambiente. Finalmente está el argumento económico que sostiene que la minería es fundamental para el desarrollo del país.
La reciente ley que prohíbe la explotación ilegal de minerales en el Perú ha desatado una serie de protestas violentas en varios puntos del país, la cual alcanzó su momento culminante el miércoles pasado, cuando tres personas perdieron la vida y otras resultaron heridas y posteriormente atendidas en los centros médicos de Puerto Maldonado. Según Luis Aguirre, presidente regional de Madre de Dios, se reportaron 36 bajas, de las cuales seis por armas de fuego. Uno de los fallecidos procedía de una comunidad indígena.
Éste es, hasta el momento, el resultado más dramático de la protesta que, en el transcurso de la semana, se ha ido extendiendo por diversas localidades. Ya el pasado lunes, unos tres mil mineros acompañados de sus familias habían llegado a la ciudad de Puno en la denominada ‘Marcha del Sacrificio’. A éstos se sumaron otras dos mil personas que exigían la derogatoria de los decretos que determinan la prohibición de la minería ilegal.
Según diarios peruanos, entre mineros informales y comuneros, quienes, en diferentes sitios, se encuentran fuertemente custodiados por elementos policiales, los manifestantes ya suman cinco mil. Los huelguistas han amenazado con radicalizar su protesta y no descartan que, en las próximas horas, bloqueen las vías de ingreso a la ciudad de Puno, al mismo tiempo que anunciaron la llegada de más comuneros para reforzar sus acciones.
Con su movilización, los mineros informales exigen la derogatoria de los decretos legislativos que disponen incluso la intervención de la Fuerzas Armadas para erradicar la minería ilegal. Paralelamente, exigen la implementación y ejecución de la Ley 27651, de promoción y formalización de la pequeña minería artesanal.
Contaminación
Los argumentos principales del Ejecutivo para impulsar la prohibición se apoyan principalmente en la gran contaminación de los ríos causada por el uso de químicos en la explotación minera. Según Magdiel Carrión, presidente de la Confederación de las Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, la formalización de la minería informal encierra en sí un peligro para los informales que debería tomarse en cuenta. En un encuentro reciente con Radio Nederland, Carrión advertía que ´las actividades tanto de la gran minería como la de la informal, ambas con la utilización de insumos tóxicos, es sumamente dañina para el medio ambiente´. El dirigente añadió que, en el caso de formalizarse la actividad minera en las regiones afectadas, las concesiones pasarán a manos de los propietarios que ya están registrados en el Ministerio de Energía y Minas. En otras palabras, las beneficiadas serán las grandes compañías.
Reversión
Los mineros informales demandan, además, la reversión de las concesiones mineras al Estado y su devolución a las comunidades. Los pobladores de las comunidades aledañas a los puntos de extracción artesanal son quienes han estado exigiendo el retiro de las concesiones que hizo el Estado a grandes compañías, en su mayoría extranjeras. Durante el debate radial que, bajo el título ‘Los indígenas y la minería’, organizó esta emisora el pasado 7 de marzo en Lima, Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, recordó que, hasta hace poco, Perú era un país con un nivel bajo de exportaciones, y que éstas han aumentado considerablemente. “Sólo la minería aporta el 51% del total de las exportaciones, por lo que se ha convertido en una de las actividades más importantes en el país, pero al mismo tiempo una de las más destructivas,” precisó. A lo anterior, añadió que “el neoliberalismo jamás va a triunfar si no arremete, si no aplasta, a los que están al otro lado, es decir, a los pueblos indígenas”.
Diálogo
Ante estos intereses diametralmente opuestos, un acercamiento entre Gobierno y los obreros de la minería informal parece frustrarse cada vez más. El presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Luis Otzuka, dejó entrever que no asistiría a la reunión de este viernes 16 de marzo convocada por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para hallar una solución a las protestas de los mineros informales e ilegales. Por su parte, durante una entrevista con un canal de televisión el titular afirmó que no había razón para la protesta y que de seguir ésta, existe la posibilidad de que se declare estado de emergencia a escala nacional.
La prohibición de la minería informal presenta varias caras, pero ninguna de ellas parece ser atractiva. Por un lado, la realidad de los miles de mineros informales, muchos de ellos indígenas, que buscan entre las rocas la salida a su precaria situación económica. Por otro, el interés nacional de preservar el medio ambiente. Finalmente está el argumento económico que sostiene que la minería es fundamental para el desarrollo del país.
La reciente ley que prohíbe la explotación ilegal de minerales en el Perú ha desatado una serie de protestas violentas en varios puntos del país, la cual alcanzó su momento culminante el miércoles pasado, cuando tres personas perdieron la vida y otras resultaron heridas y posteriormente atendidas en los centros médicos de Puerto Maldonado. Según Luis Aguirre, presidente regional de Madre de Dios, se reportaron 36 bajas, de las cuales seis por armas de fuego. Uno de los fallecidos procedía de una comunidad indígena.
Éste es, hasta el momento, el resultado más dramático de la protesta que, en el transcurso de la semana, se ha ido extendiendo por diversas localidades. Ya el pasado lunes, unos tres mil mineros acompañados de sus familias habían llegado a la ciudad de Puno en la denominada ‘Marcha del Sacrificio’. A éstos se sumaron otras dos mil personas que exigían la derogatoria de los decretos que determinan la prohibición de la minería ilegal.
Según diarios peruanos, entre mineros informales y comuneros, quienes, en diferentes sitios, se encuentran fuertemente custodiados por elementos policiales, los manifestantes ya suman cinco mil. Los huelguistas han amenazado con radicalizar su protesta y no descartan que, en las próximas horas, bloqueen las vías de ingreso a la ciudad de Puno, al mismo tiempo que anunciaron la llegada de más comuneros para reforzar sus acciones.
Con su movilización, los mineros informales exigen la derogatoria de los decretos legislativos que disponen incluso la intervención de la Fuerzas Armadas para erradicar la minería ilegal. Paralelamente, exigen la implementación y ejecución de la Ley 27651, de promoción y formalización de la pequeña minería artesanal.
Contaminación
Los argumentos principales del Ejecutivo para impulsar la prohibición se apoyan principalmente en la gran contaminación de los ríos causada por el uso de químicos en la explotación minera. Según Magdiel Carrión, presidente de la Confederación de las Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, la formalización de la minería informal encierra en sí un peligro para los informales que debería tomarse en cuenta. En un encuentro reciente con Radio Nederland, Carrión advertía que ´las actividades tanto de la gran minería como la de la informal, ambas con la utilización de insumos tóxicos, es sumamente dañina para el medio ambiente´. El dirigente añadió que, en el caso de formalizarse la actividad minera en las regiones afectadas, las concesiones pasarán a manos de los propietarios que ya están registrados en el Ministerio de Energía y Minas. En otras palabras, las beneficiadas serán las grandes compañías.
Reversión
Los mineros informales demandan, además, la reversión de las concesiones mineras al Estado y su devolución a las comunidades. Los pobladores de las comunidades aledañas a los puntos de extracción artesanal son quienes han estado exigiendo el retiro de las concesiones que hizo el Estado a grandes compañías, en su mayoría extranjeras. Durante el debate radial que, bajo el título ‘Los indígenas y la minería’, organizó esta emisora el pasado 7 de marzo en Lima, Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, recordó que, hasta hace poco, Perú era un país con un nivel bajo de exportaciones, y que éstas han aumentado considerablemente. “Sólo la minería aporta el 51% del total de las exportaciones, por lo que se ha convertido en una de las actividades más importantes en el país, pero al mismo tiempo una de las más destructivas,” precisó. A lo anterior, añadió que “el neoliberalismo jamás va a triunfar si no arremete, si no aplasta, a los que están al otro lado, es decir, a los pueblos indígenas”.
Diálogo
Ante estos intereses diametralmente opuestos, un acercamiento entre Gobierno y los obreros de la minería informal parece frustrarse cada vez más. El presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Luis Otzuka, dejó entrever que no asistiría a la reunión de este viernes 16 de marzo convocada por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para hallar una solución a las protestas de los mineros informales e ilegales. Por su parte, durante una entrevista con un canal de televisión el titular afirmó que no había razón para la protesta y que de seguir ésta, existe la posibilidad de que se declare estado de emergencia a escala nacional.
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