Representantes de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados se reunieron este lunes con el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Constanzo Scarella, para manifestarle su preocupación por las irregularidades en la alimentación que reciben los alumnos.
Cabe recordar que hace algunas semanas la Contraloría emitió un informe sobre el Programa de Alimentación Escolar del organismo, donde se realizaron diversas observaciones, como alimentos en mal estado, bajo aporte de calorías, óxido en los muebles y hasta moscas en los productos.
El organismo fiscalizador dio cuenta además, luego de un control en terreno a 36 establecimientos educacionales, de que la Junaeb no cuenta con suficientes recursos para controlar los colegios en que se sirven los alimentos puesto que un 42,8 por ciento de ellos no alcanza a ser fiscalizado.
Ismael Calderón, vocero de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, recalcó que le exigieron al director nacional fiscalizar la entrega y manipulación de los alimentos en los colegios y sancionar a la empresa responsable de la intoxicación de doscientos alumnos en marzo pasado, si corresponde, caducándole el contrato.
“Nosotros le hemos pedido tolerancia cero. Ellos nos entregaron la copia del nuevo contrato de licitación que van a recibir para el período del próximo año, donde si una empresa es sorprendida no cumpliendo con su labor establecida en el contrato, va a ser sancionada con 20 UTM por estudiante. Eso quiere decir que prácticamente la empresa tiene que dejar de funcionar, porque el monto es fuertísimo”, indicó.
Calderón planteó además el caso particular del Colegio Boston College de Maipú, donde según diversas denuncias los alimentos financiados por el Estado estarían siendo robados por los propios manipuladores.
Por su parte, Eduardo Catalán, presidente de la agrupación, señaló que están dispuestos a que al menos un apoderado por cada establecimiento educacional colabore a fiscalizar la entrega de los alimentos, capacitándolos como monitores.
En tanto, Danton Vera, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Junaeb, recalcó que la supervisión del Programa de Alimentación Escolar es precaria y que el tema de la calidad se viene hablando desde 2010: “Se suponía que las bases de licitación de 2011 al 2012 incluso se postergaron un año para mejorarlas. Se suponía que estas nuevas bases debieran resguardar eso y ahí hay otro nicho de investigación, en que no me siento con toda la autoridad, porque es un área de más especificidad. Pero por lo menos por las señales externas, de sentido común, uno se pregunta: si se tomaron tanto tiempo para generar las mejores bases posibles con expertos externos, cómo está ocurriendo esto, que por primera vez se ven tantas intoxicaciones iniciándose las clases”, cuestionó.
El dirigente gremial recordó que incluso las pequeñas empresas criticaron las bases asegurando que estaban diseñadas para las grandes compañías distribuidoras de alimentos, aún cuando las pymes del rubro cuentan con una buena evaluación.
No obstante, Vera reconoció que este momento es una muy buena oportunidad para que los padres y apoderados se involucren en la alimentación que reciben los niños, puesto que actualmente no existen los mecanismos para que eso suceda.
Representantes de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados se reunieron este lunes con el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Constanzo Scarella, para manifestarle su preocupación por las irregularidades en la alimentación que reciben los alumnos.
Cabe recordar que hace algunas semanas la Contraloría emitió un informe sobre el Programa de Alimentación Escolar del organismo, donde se realizaron diversas observaciones, como alimentos en mal estado, bajo aporte de calorías, óxido en los muebles y hasta moscas en los productos.
El organismo fiscalizador dio cuenta además, luego de un control en terreno a 36 establecimientos educacionales, de que la Junaeb no cuenta con suficientes recursos para controlar los colegios en que se sirven los alimentos puesto que un 42,8 por ciento de ellos no alcanza a ser fiscalizado.
Ismael Calderón, vocero de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, recalcó que le exigieron al director nacional fiscalizar la entrega y manipulación de los alimentos en los colegios y sancionar a la empresa responsable de la intoxicación de doscientos alumnos en marzo pasado, si corresponde, caducándole el contrato.
“Nosotros le hemos pedido tolerancia cero. Ellos nos entregaron la copia del nuevo contrato de licitación que van a recibir para el período del próximo año, donde si una empresa es sorprendida no cumpliendo con su labor establecida en el contrato, va a ser sancionada con 20 UTM por estudiante. Eso quiere decir que prácticamente la empresa tiene que dejar de funcionar, porque el monto es fuertísimo”, indicó.
Calderón planteó además el caso particular del Colegio Boston College de Maipú, donde según diversas denuncias los alimentos financiados por el Estado estarían siendo robados por los propios manipuladores.
Por su parte, Eduardo Catalán, presidente de la agrupación, señaló que están dispuestos a que al menos un apoderado por cada establecimiento educacional colabore a fiscalizar la entrega de los alimentos, capacitándolos como monitores.
En tanto, Danton Vera, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Junaeb, recalcó que la supervisión del Programa de Alimentación Escolar es precaria y que el tema de la calidad se viene hablando desde 2010: “Se suponía que las bases de licitación de 2011 al 2012 incluso se postergaron un año para mejorarlas. Se suponía que estas nuevas bases debieran resguardar eso y ahí hay otro nicho de investigación, en que no me siento con toda la autoridad, porque es un área de más especificidad. Pero por lo menos por las señales externas, de sentido común, uno se pregunta: si se tomaron tanto tiempo para generar las mejores bases posibles con expertos externos, cómo está ocurriendo esto, que por primera vez se ven tantas intoxicaciones iniciándose las clases”, cuestionó.
El dirigente gremial recordó que incluso las pequeñas empresas criticaron las bases asegurando que estaban diseñadas para las grandes compañías distribuidoras de alimentos, aún cuando las pymes del rubro cuentan con una buena evaluación.
No obstante, Vera reconoció que este momento es una muy buena oportunidad para que los padres y apoderados se involucren en la alimentación que reciben los niños, puesto que actualmente no existen los mecanismos para que eso suceda.
Representantes de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados se reunieron este lunes con el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Constanzo Scarella, para manifestarle su preocupación por las irregularidades en la alimentación que reciben los alumnos.
Cabe recordar que hace algunas semanas la Contraloría emitió un informe sobre el Programa de Alimentación Escolar del organismo, donde se realizaron diversas observaciones, como alimentos en mal estado, bajo aporte de calorías, óxido en los muebles y hasta moscas en los productos.
El organismo fiscalizador dio cuenta además, luego de un control en terreno a 36 establecimientos educacionales, de que la Junaeb no cuenta con suficientes recursos para controlar los colegios en que se sirven los alimentos puesto que un 42,8 por ciento de ellos no alcanza a ser fiscalizado.
Ismael Calderón, vocero de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, recalcó que le exigieron al director nacional fiscalizar la entrega y manipulación de los alimentos en los colegios y sancionar a la empresa responsable de la intoxicación de doscientos alumnos en marzo pasado, si corresponde, caducándole el contrato.
“Nosotros le hemos pedido tolerancia cero. Ellos nos entregaron la copia del nuevo contrato de licitación que van a recibir para el período del próximo año, donde si una empresa es sorprendida no cumpliendo con su labor establecida en el contrato, va a ser sancionada con 20 UTM por estudiante. Eso quiere decir que prácticamente la empresa tiene que dejar de funcionar, porque el monto es fuertísimo”, indicó.
Calderón planteó además el caso particular del Colegio Boston College de Maipú, donde según diversas denuncias los alimentos financiados por el Estado estarían siendo robados por los propios manipuladores.
Por su parte, Eduardo Catalán, presidente de la agrupación, señaló que están dispuestos a que al menos un apoderado por cada establecimiento educacional colabore a fiscalizar la entrega de los alimentos, capacitándolos como monitores.
En tanto, Danton Vera, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Junaeb, recalcó que la supervisión del Programa de Alimentación Escolar es precaria y que el tema de la calidad se viene hablando desde 2010: “Se suponía que las bases de licitación de 2011 al 2012 incluso se postergaron un año para mejorarlas. Se suponía que estas nuevas bases debieran resguardar eso y ahí hay otro nicho de investigación, en que no me siento con toda la autoridad, porque es un área de más especificidad. Pero por lo menos por las señales externas, de sentido común, uno se pregunta: si se tomaron tanto tiempo para generar las mejores bases posibles con expertos externos, cómo está ocurriendo esto, que por primera vez se ven tantas intoxicaciones iniciándose las clases”, cuestionó.
El dirigente gremial recordó que incluso las pequeñas empresas criticaron las bases asegurando que estaban diseñadas para las grandes compañías distribuidoras de alimentos, aún cuando las pymes del rubro cuentan con una buena evaluación.
No obstante, Vera reconoció que este momento es una muy buena oportunidad para que los padres y apoderados se involucren en la alimentación que reciben los niños, puesto que actualmente no existen los mecanismos para que eso suceda.
