Este miércoles se realizó una sesión especial en el Senado para debatir respecto de la posición que adoptará Chile en la explotación y producción del litio en las próximas décadas.
La reunión se programó luego que la comisión de Economía de la Cámara Alta solicitara una instancia extraordinaria debido a las críticas que generó la disposición del Gobierno de implementar Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) – anunciada en febrero pasado – sin tener una discusión parlamentaria sobre la materia.
Estos contratos abren la posibilidad para que empresas privadas nacionales o extranjeras puedan explotar 100 mil toneladas de este mineral durante 20 años. Esta condición, en todo caso, mantiene al denominado “oro blanco” en manos del Estado chileno debido a una reforma constitucional aprobada durante la dictadura, que lo calificó como material estratégico no sujeto a concesión, a diferencia de lo que ocurre hoy con el cobre.
De todas formas, desde la Concertación insistieron en la necesidad de regular plenamente este ámbito para garantizar que este mineral quede completamente en manos chilenas. “Hay que tener la seguridad absoluta de que el litio pertenezca al Estado y que, por lo tanto, se puede ocupar cualquier mecanismo, pero bajo ese predicamento”, dijo el senador DC, Mariano Ruiz Esquide.
Si bien, el Estado de Chile ya está explotando este mineral a través de contratos que mantiene la Corfo con la Sociedad Nacional de Minería (Sonemi) y la Sociedad Química Minera de Chile (SQM), firma privada ligada a Julio Ponce Lerou, los nuevos convenios de explotación impulsados por el Ejecutivo sólo consideran una recaudación del 7 por ciento de las ventas anuales de las empresas que se adjudiquen la licitación, que producirían ganancias para el Estado por 350 millones de dólares.
Una cifra que ha sido considerada como deficiente si se tiene en cuenta que Chile genera el 41 por ciento del litio del mundo y que para 2008, tanto la Sonemi como SQM tenían el 58 por ciento del mercado internacional en una industria que mueve 800 millones dólares.
En esa línea, el senador UDI, Jaime Orpis, señaló que es posible que el Estado pueda negociar una especie de royalty en cada contrato que permita una mayor recaudación.
“En la negociación que se haga en cada CEOL se puede cobrar un royalty y establecer distintas condiciones. El Estado tiene esa herramienta porque negocia cada contrato tal como se hizo con los convenios petroleros en Magallanes. Cada documento es una negociación aparte con quien eventualmente pueda explorarlo. De tal manera que todas esas posibilidades están. De hecho, soy partidario de que en estas negociaciones se cobre el royalty respectivo”, sostuvo el legislador.
El parlamentario advirtió además sobre la necesidad de entrar a competir en la industria del valor agregado, lo que traería a Chile incluso mayores dividendos que la mera extracción.
Misma postura manifestó Jaime Aleé, director del Centro de Innovación del Litio dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien precisó que “en vez de preocuparnos tanto de la explotación debemos aprovechar este momento en el que hay una efervescencia sobre el litio como material clave, para generar una industria de valor agregado y no pelearnos la torta de los 800 millones de dólares, sino la de los 25 mil o 200 mil millones de dólares, que corresponde a la industria real, a la de las baterías, de los autos eléctricos”.
Aleé agregó que “lo que pedimos al Gobierno es que invierta en el desarrollo de la ciencia y la tecnología para que Chile pueda participar en ese otro escenario, en el grande, en el de los países desarrollados y no en el de las materias primas como lo hemos hecho hasta el momento”.
El Senado tiene considerada nuevas sesiones para discutir el tema, donde al menos a nivel de explotación se barajan diversas opciones como acuerdos con instituciones privadas, crear una empresa estatal que se haga cargo de esto o facultar a Codelco para que asuma tareas como representante del Estado en la extracción de este valioso mineral.
Este miércoles se realizó una sesión especial en el Senado para debatir respecto de la posición que adoptará Chile en la explotación y producción del litio en las próximas décadas.
La reunión se programó luego que la comisión de Economía de la Cámara Alta solicitara una instancia extraordinaria debido a las críticas que generó la disposición del Gobierno de implementar Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) – anunciada en febrero pasado – sin tener una discusión parlamentaria sobre la materia.
Estos contratos abren la posibilidad para que empresas privadas nacionales o extranjeras puedan explotar 100 mil toneladas de este mineral durante 20 años. Esta condición, en todo caso, mantiene al denominado “oro blanco” en manos del Estado chileno debido a una reforma constitucional aprobada durante la dictadura, que lo calificó como material estratégico no sujeto a concesión, a diferencia de lo que ocurre hoy con el cobre.
De todas formas, desde la Concertación insistieron en la necesidad de regular plenamente este ámbito para garantizar que este mineral quede completamente en manos chilenas. “Hay que tener la seguridad absoluta de que el litio pertenezca al Estado y que, por lo tanto, se puede ocupar cualquier mecanismo, pero bajo ese predicamento”, dijo el senador DC, Mariano Ruiz Esquide.
Si bien, el Estado de Chile ya está explotando este mineral a través de contratos que mantiene la Corfo con la Sociedad Nacional de Minería (Sonemi) y la Sociedad Química Minera de Chile (SQM), firma privada ligada a Julio Ponce Lerou, los nuevos convenios de explotación impulsados por el Ejecutivo sólo consideran una recaudación del 7 por ciento de las ventas anuales de las empresas que se adjudiquen la licitación, que producirían ganancias para el Estado por 350 millones de dólares.
Una cifra que ha sido considerada como deficiente si se tiene en cuenta que Chile genera el 41 por ciento del litio del mundo y que para 2008, tanto la Sonemi como SQM tenían el 58 por ciento del mercado internacional en una industria que mueve 800 millones dólares.
En esa línea, el senador UDI, Jaime Orpis, señaló que es posible que el Estado pueda negociar una especie de royalty en cada contrato que permita una mayor recaudación.
“En la negociación que se haga en cada CEOL se puede cobrar un royalty y establecer distintas condiciones. El Estado tiene esa herramienta porque negocia cada contrato tal como se hizo con los convenios petroleros en Magallanes. Cada documento es una negociación aparte con quien eventualmente pueda explorarlo. De tal manera que todas esas posibilidades están. De hecho, soy partidario de que en estas negociaciones se cobre el royalty respectivo”, sostuvo el legislador.
El parlamentario advirtió además sobre la necesidad de entrar a competir en la industria del valor agregado, lo que traería a Chile incluso mayores dividendos que la mera extracción.
Misma postura manifestó Jaime Aleé, director del Centro de Innovación del Litio dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien precisó que “en vez de preocuparnos tanto de la explotación debemos aprovechar este momento en el que hay una efervescencia sobre el litio como material clave, para generar una industria de valor agregado y no pelearnos la torta de los 800 millones de dólares, sino la de los 25 mil o 200 mil millones de dólares, que corresponde a la industria real, a la de las baterías, de los autos eléctricos”.
Aleé agregó que “lo que pedimos al Gobierno es que invierta en el desarrollo de la ciencia y la tecnología para que Chile pueda participar en ese otro escenario, en el grande, en el de los países desarrollados y no en el de las materias primas como lo hemos hecho hasta el momento”.
El Senado tiene considerada nuevas sesiones para discutir el tema, donde al menos a nivel de explotación se barajan diversas opciones como acuerdos con instituciones privadas, crear una empresa estatal que se haga cargo de esto o facultar a Codelco para que asuma tareas como representante del Estado en la extracción de este valioso mineral.
Este miércoles se realizó una sesión especial en el Senado para debatir respecto de la posición que adoptará Chile en la explotación y producción del litio en las próximas décadas.
La reunión se programó luego que la comisión de Economía de la Cámara Alta solicitara una instancia extraordinaria debido a las críticas que generó la disposición del Gobierno de implementar Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) – anunciada en febrero pasado – sin tener una discusión parlamentaria sobre la materia.
Estos contratos abren la posibilidad para que empresas privadas nacionales o extranjeras puedan explotar 100 mil toneladas de este mineral durante 20 años. Esta condición, en todo caso, mantiene al denominado “oro blanco” en manos del Estado chileno debido a una reforma constitucional aprobada durante la dictadura, que lo calificó como material estratégico no sujeto a concesión, a diferencia de lo que ocurre hoy con el cobre.
De todas formas, desde la Concertación insistieron en la necesidad de regular plenamente este ámbito para garantizar que este mineral quede completamente en manos chilenas. “Hay que tener la seguridad absoluta de que el litio pertenezca al Estado y que, por lo tanto, se puede ocupar cualquier mecanismo, pero bajo ese predicamento”, dijo el senador DC, Mariano Ruiz Esquide.
Si bien, el Estado de Chile ya está explotando este mineral a través de contratos que mantiene la Corfo con la Sociedad Nacional de Minería (Sonemi) y la Sociedad Química Minera de Chile (SQM), firma privada ligada a Julio Ponce Lerou, los nuevos convenios de explotación impulsados por el Ejecutivo sólo consideran una recaudación del 7 por ciento de las ventas anuales de las empresas que se adjudiquen la licitación, que producirían ganancias para el Estado por 350 millones de dólares.
Una cifra que ha sido considerada como deficiente si se tiene en cuenta que Chile genera el 41 por ciento del litio del mundo y que para 2008, tanto la Sonemi como SQM tenían el 58 por ciento del mercado internacional en una industria que mueve 800 millones dólares.
En esa línea, el senador UDI, Jaime Orpis, señaló que es posible que el Estado pueda negociar una especie de royalty en cada contrato que permita una mayor recaudación.
“En la negociación que se haga en cada CEOL se puede cobrar un royalty y establecer distintas condiciones. El Estado tiene esa herramienta porque negocia cada contrato tal como se hizo con los convenios petroleros en Magallanes. Cada documento es una negociación aparte con quien eventualmente pueda explorarlo. De tal manera que todas esas posibilidades están. De hecho, soy partidario de que en estas negociaciones se cobre el royalty respectivo”, sostuvo el legislador.
El parlamentario advirtió además sobre la necesidad de entrar a competir en la industria del valor agregado, lo que traería a Chile incluso mayores dividendos que la mera extracción.
Misma postura manifestó Jaime Aleé, director del Centro de Innovación del Litio dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien precisó que “en vez de preocuparnos tanto de la explotación debemos aprovechar este momento en el que hay una efervescencia sobre el litio como material clave, para generar una industria de valor agregado y no pelearnos la torta de los 800 millones de dólares, sino la de los 25 mil o 200 mil millones de dólares, que corresponde a la industria real, a la de las baterías, de los autos eléctricos”.
Aleé agregó que “lo que pedimos al Gobierno es que invierta en el desarrollo de la ciencia y la tecnología para que Chile pueda participar en ese otro escenario, en el grande, en el de los países desarrollados y no en el de las materias primas como lo hemos hecho hasta el momento”.
El Senado tiene considerada nuevas sesiones para discutir el tema, donde al menos a nivel de explotación se barajan diversas opciones como acuerdos con instituciones privadas, crear una empresa estatal que se haga cargo de esto o facultar a Codelco para que asuma tareas como representante del Estado en la extracción de este valioso mineral.
