En la oficina de partes de la sede de gobierno fue entregada esta carta, dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos manifestó su rotundo rechazo al proyecto de ley de fortalecimiento de orden público, también conocida como “Ley Hinzpeter”.
La vocera de la agrupación, Alicia Lira, señaló que se trata de una iniciativa que busca criminalizar las manifestaciones sociales y dar sustento jurídico a la represión ejercida por Carabineros contra los movimientos la que, según la dirigenta, es la fuente de la violencia.
Según la vocera de la organización de familiares de víctimas de la dictadura “el proyecto de ley es una forma de justificar la violencia que se supone a los jóvenes, las comunidades mapuches y acá nosotros les explicamos que la violencia parte desde el Estado cuando no se escucha a los trabajadores en sus demandas de justicia en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura”.
A estos ejemplos, Alicia Lira agregó casos como el de La Polar y la colusión de las farmacias, donde “los empresarios se enriquecen aún más a costa de los trabajadores”, según manifestó.
En su calidad de familiar de víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, la dirigenta sostuvo que tienen el deber de oponerse a cualquier iniciativa que pretenda coartar la libertad de movilización de la ciudadanía.
En esta línea, Alicia Lira fue enfática en señalar que “como familiares de ejecutados (as) políticas, pero también como ciudadanos logramos y luchamos por echar abajo la dictadura, por eso nos asiste la moral y el ética de decir que rechazamos rotundamente cualquier proyecto de ley que quiera castigar a todo ciudadano que tiene el legítimo derecho de movilizarse, organizarse y salir a las calles por sus demandas”.
Alicia Lira culpó a personeros de Gobierno, como el vocero, Andrés Chadwick, y los ministros de Economía, Pablo Longueira y de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, como promotores de este proyecto, con la agravante, a su juicio, de ser fervientes servidores de la dictadura militar.
Finalmente, la vocera informó que conversarán con todas las bancadas parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que se comprometan a rechazar este proyecto de ley que se encuentra en 1° trámite constitucional en la Cámara Baja.
En la oficina de partes de la sede de gobierno fue entregada esta carta, dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos manifestó su rotundo rechazo al proyecto de ley de fortalecimiento de orden público, también conocida como “Ley Hinzpeter”.
La vocera de la agrupación, Alicia Lira, señaló que se trata de una iniciativa que busca criminalizar las manifestaciones sociales y dar sustento jurídico a la represión ejercida por Carabineros contra los movimientos la que, según la dirigenta, es la fuente de la violencia.
Según la vocera de la organización de familiares de víctimas de la dictadura “el proyecto de ley es una forma de justificar la violencia que se supone a los jóvenes, las comunidades mapuches y acá nosotros les explicamos que la violencia parte desde el Estado cuando no se escucha a los trabajadores en sus demandas de justicia en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura”.
A estos ejemplos, Alicia Lira agregó casos como el de La Polar y la colusión de las farmacias, donde “los empresarios se enriquecen aún más a costa de los trabajadores”, según manifestó.
En su calidad de familiar de víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, la dirigenta sostuvo que tienen el deber de oponerse a cualquier iniciativa que pretenda coartar la libertad de movilización de la ciudadanía.
En esta línea, Alicia Lira fue enfática en señalar que “como familiares de ejecutados (as) políticas, pero también como ciudadanos logramos y luchamos por echar abajo la dictadura, por eso nos asiste la moral y el ética de decir que rechazamos rotundamente cualquier proyecto de ley que quiera castigar a todo ciudadano que tiene el legítimo derecho de movilizarse, organizarse y salir a las calles por sus demandas”.
Alicia Lira culpó a personeros de Gobierno, como el vocero, Andrés Chadwick, y los ministros de Economía, Pablo Longueira y de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, como promotores de este proyecto, con la agravante, a su juicio, de ser fervientes servidores de la dictadura militar.
Finalmente, la vocera informó que conversarán con todas las bancadas parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que se comprometan a rechazar este proyecto de ley que se encuentra en 1° trámite constitucional en la Cámara Baja.
En la oficina de partes de la sede de gobierno fue entregada esta carta, dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos manifestó su rotundo rechazo al proyecto de ley de fortalecimiento de orden público, también conocida como “Ley Hinzpeter”.
La vocera de la agrupación, Alicia Lira, señaló que se trata de una iniciativa que busca criminalizar las manifestaciones sociales y dar sustento jurídico a la represión ejercida por Carabineros contra los movimientos la que, según la dirigenta, es la fuente de la violencia.
Según la vocera de la organización de familiares de víctimas de la dictadura “el proyecto de ley es una forma de justificar la violencia que se supone a los jóvenes, las comunidades mapuches y acá nosotros les explicamos que la violencia parte desde el Estado cuando no se escucha a los trabajadores en sus demandas de justicia en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura”.
A estos ejemplos, Alicia Lira agregó casos como el de La Polar y la colusión de las farmacias, donde “los empresarios se enriquecen aún más a costa de los trabajadores”, según manifestó.
En su calidad de familiar de víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, la dirigenta sostuvo que tienen el deber de oponerse a cualquier iniciativa que pretenda coartar la libertad de movilización de la ciudadanía.
En esta línea, Alicia Lira fue enfática en señalar que “como familiares de ejecutados (as) políticas, pero también como ciudadanos logramos y luchamos por echar abajo la dictadura, por eso nos asiste la moral y el ética de decir que rechazamos rotundamente cualquier proyecto de ley que quiera castigar a todo ciudadano que tiene el legítimo derecho de movilizarse, organizarse y salir a las calles por sus demandas”.
Alicia Lira culpó a personeros de Gobierno, como el vocero, Andrés Chadwick, y los ministros de Economía, Pablo Longueira y de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, como promotores de este proyecto, con la agravante, a su juicio, de ser fervientes servidores de la dictadura militar.
Finalmente, la vocera informó que conversarán con todas las bancadas parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que se comprometan a rechazar este proyecto de ley que se encuentra en 1° trámite constitucional en la Cámara Baja.
