Hasta la Corte Suprema llegaron familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos para comunicarle al presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, su preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las causas relacionadas con delitos de lesa humanidad.
Lo primero, según la Agrupación de Familiares de Ejecutado Políticos, es que se sumen ministros a las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos o que se agilicen estas investigaciones.
Esto, porque a juicio de la presidenta de la Agrupación, Alicia Lira, los ministros no son de dedicación exclusiva y tienen causas de otra índole.
Además, los familiares de ejecutados políticos mostraron su preocupación por las palabras esgrimidas por el ministro Jaime Rodríguez, quien señaló que esperan tener resoluciones de estos casos en un plazo de dos años.
Una señal que Alicia Lira calificó como inaceptable, ya que debido a la gravedad de los hechos, no se puede aplicar la prescripción ni la amnistía ni menos acotar premeditadamente la investigación.
“Estos son crímenes de lesa humanidad, por lo que no se puede aplicar lo que se ha aplicado por más de siete años, que es la media prescripción y la pena remitida, lo que permite que 177 agentes del Estado, incluso, ejecutores de crímenes, duerman tranquilamente en sus casas”, explicó la presidenta de la organización.
Por ello es que la dirigenta se mostró conforme con la respuesta del ministro Rubén Ballesteros, quien les comunicó que la única fecha de término es cuando finaliza una investigación que es conducente a una condena.
“Nos vamos tranquilos porque es lo que tiene que ser y también porque es una forma de cumplir con los tratados internacionales en cuanto a las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país”, señaló la dirigenta.
Esto, según Alicia Lira gracias a la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido que la mayoría de los cómplices civiles gocen de total impunidad.
En este sentido, la dirigenta se refirió a la importancia del “pacto de silencio que han mantenido las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, ha permitido que sólo se culpe a los que siguen presos, que es la cúpula de la DINA y de la CNI, incluso los cómplices civiles involucrados en los crímenes de la dictadura han gozado de 38 años de impunidad y eso es inaceptable”.
Además, se mostró satisfecha con que el presidente de la Corte Suprema y el ministro Nibaldo Segura ya no estén en la Sala Penal, instancia donde llegan las causas relacionadas con las violaciones de los derechos fundamentales.
Esto, porque a juicio de Lira, ambos tenían la convicción de la prescripción y la amnistía.
Hasta la Corte Suprema llegaron familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos para comunicarle al presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, su preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las causas relacionadas con delitos de lesa humanidad.
Lo primero, según la Agrupación de Familiares de Ejecutado Políticos, es que se sumen ministros a las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos o que se agilicen estas investigaciones.
Esto, porque a juicio de la presidenta de la Agrupación, Alicia Lira, los ministros no son de dedicación exclusiva y tienen causas de otra índole.
Además, los familiares de ejecutados políticos mostraron su preocupación por las palabras esgrimidas por el ministro Jaime Rodríguez, quien señaló que esperan tener resoluciones de estos casos en un plazo de dos años.
Una señal que Alicia Lira calificó como inaceptable, ya que debido a la gravedad de los hechos, no se puede aplicar la prescripción ni la amnistía ni menos acotar premeditadamente la investigación.
“Estos son crímenes de lesa humanidad, por lo que no se puede aplicar lo que se ha aplicado por más de siete años, que es la media prescripción y la pena remitida, lo que permite que 177 agentes del Estado, incluso, ejecutores de crímenes, duerman tranquilamente en sus casas”, explicó la presidenta de la organización.
Por ello es que la dirigenta se mostró conforme con la respuesta del ministro Rubén Ballesteros, quien les comunicó que la única fecha de término es cuando finaliza una investigación que es conducente a una condena.
“Nos vamos tranquilos porque es lo que tiene que ser y también porque es una forma de cumplir con los tratados internacionales en cuanto a las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país”, señaló la dirigenta.
Esto, según Alicia Lira gracias a la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido que la mayoría de los cómplices civiles gocen de total impunidad.
En este sentido, la dirigenta se refirió a la importancia del “pacto de silencio que han mantenido las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, ha permitido que sólo se culpe a los que siguen presos, que es la cúpula de la DINA y de la CNI, incluso los cómplices civiles involucrados en los crímenes de la dictadura han gozado de 38 años de impunidad y eso es inaceptable”.
Además, se mostró satisfecha con que el presidente de la Corte Suprema y el ministro Nibaldo Segura ya no estén en la Sala Penal, instancia donde llegan las causas relacionadas con las violaciones de los derechos fundamentales.
Esto, porque a juicio de Lira, ambos tenían la convicción de la prescripción y la amnistía.
Hasta la Corte Suprema llegaron familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos para comunicarle al presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, su preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las causas relacionadas con delitos de lesa humanidad.
Lo primero, según la Agrupación de Familiares de Ejecutado Políticos, es que se sumen ministros a las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos o que se agilicen estas investigaciones.
Esto, porque a juicio de la presidenta de la Agrupación, Alicia Lira, los ministros no son de dedicación exclusiva y tienen causas de otra índole.
Además, los familiares de ejecutados políticos mostraron su preocupación por las palabras esgrimidas por el ministro Jaime Rodríguez, quien señaló que esperan tener resoluciones de estos casos en un plazo de dos años.
Una señal que Alicia Lira calificó como inaceptable, ya que debido a la gravedad de los hechos, no se puede aplicar la prescripción ni la amnistía ni menos acotar premeditadamente la investigación.
“Estos son crímenes de lesa humanidad, por lo que no se puede aplicar lo que se ha aplicado por más de siete años, que es la media prescripción y la pena remitida, lo que permite que 177 agentes del Estado, incluso, ejecutores de crímenes, duerman tranquilamente en sus casas”, explicó la presidenta de la organización.
Por ello es que la dirigenta se mostró conforme con la respuesta del ministro Rubén Ballesteros, quien les comunicó que la única fecha de término es cuando finaliza una investigación que es conducente a una condena.
“Nos vamos tranquilos porque es lo que tiene que ser y también porque es una forma de cumplir con los tratados internacionales en cuanto a las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país”, señaló la dirigenta.
Esto, según Alicia Lira gracias a la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido que la mayoría de los cómplices civiles gocen de total impunidad.
En este sentido, la dirigenta se refirió a la importancia del “pacto de silencio que han mantenido las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, ha permitido que sólo se culpe a los que siguen presos, que es la cúpula de la DINA y de la CNI, incluso los cómplices civiles involucrados en los crímenes de la dictadura han gozado de 38 años de impunidad y eso es inaceptable”.
Además, se mostró satisfecha con que el presidente de la Corte Suprema y el ministro Nibaldo Segura ya no estén en la Sala Penal, instancia donde llegan las causas relacionadas con las violaciones de los derechos fundamentales.
Esto, porque a juicio de Lira, ambos tenían la convicción de la prescripción y la amnistía.
