En medio de manifestaciones en contra del mega proyecto de la transnacional Endesa- Enel  Central Hidroeléctrica Neltume, que se ubicaría en el territorio del mismo nombre en la comuna de Panguipulli, el pleno del Consejo Regional (CORE) de Los Ríos determinó su no conformidad con la iniciativa y pidió resolver sus observaciones, lo que implica que este organismo sigue formando parte del proceso.

Esta iniciativa, cuyo monto de inversión asciende a los 781 millones de dólares, corresponde a una central hidroeléctrica de pasada con una potencia aproximada de 490 MW, que se ubicaría rodeado por las comunidades indígenas Valeriano Cayicul, Juan Quintomán, Inalafquén e Inocente Panguilef, entre otras.

Pedro Cardyn, miembro de la Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli, valoró la decisión del CORE, al asegurar que el proyecto es incompatible con el desarrollo regional al tratarse de una zona turística.

Cardyn sostuvo que, al igual que en el cuestionado proyecto Río Cuervo, de Energía Austral, hay un grave problema con el emplazamiento de la central.

“Por el riesgo sísmico y volcánico en el complejo   Mocho- Choshuenco, que según los expertos de Sernageomín dicen que después del Chaitén es el de más alta peligrosidad en Chile, tiene 42 conos volcánicos. El túnel de 8 kilómetros que pretenden hacer pasar por la falla Liquiñi- Ofqui, que es una de las más activas del planeta, 1200 kilómetros de largo, que llega hasta Aysén. Fuera de eso, es una desesperación por ocupar la última gota y reproducirla en un dólar, en un megawatt, porque el Río Fuy hay períodos en que está seco por 6 meses del año. Es realmente estrujar un complejo  que las propias empresas hidroeléctricas han denominado como la principal reserva hídrica de Chile”,  indicó el dirigente.

El representante de Panguipulli afirmó que a esta situación se suma un problema espiritual para las comunidades indígenas debido a la decisión de la empresa italiana de trasladar un sitio ceremonial Mapuche, denominado Palenke, lo que consideran una profanación.

En este sentido José Araya, abogado del Observatorio Ciudadano, aseguró que hay normas que no se han cumplido. “Consideramos que ahí se ha vulnerado todo el propósito del respeto al  Convenio 169  y los derechos de participación de las comunidades indígenas. Esto ha sido un proceso bastante frustrante, como en un muchos proyectos de inversión  en la región y en el país, donde finalmente no se ha considerado la opinión de las comunidades locales, que van a ser las más impactadas por este proyecto y no se ha realizado proceso de consulta de acuerdo a los estándares que establece este convenio”, dijo.

El jurista recalcó que se encuentran analizando la evaluación ambiental del proyecto para estudiar la presentación de recursos judiciales en caso de que se vulneren los derechos indígenas. Araya recordó que el dirigente del Parlamento de Coz-Coz y werkén mapuche, Jorge Weke, uno de los opositores al proyecto, participó en Roma en la asamblea internacional de diversas agrupaciones de la sociedad civil que piden que Enel detenga un modelo de desarrollo insustentable y destructivo, que viola los derechos humanos y el derecho a la participación de las comunidades involucradas.

El informe del CORE, no vinculante, será uno de los antecedentes que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debería considerar para votar el proyecto la primera semana de junio. Sin embargo, se espera que se pida una cuarta adenda a la empresa luego de conocerse las respuestas de los 18 servicios públicos.