Integrantes del Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima) expusieron frente al Contralor Ramiro Mendoza la usurpación ilícita de aguas, por parte de políticos y empresarios, sobre terrenos de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, produciendo una mayor escasez del recurso hídrico en la zona.
Esto se suma a una declaración pública de la organización, aparecida hace algunos días, donde aseguran que el problema se encuentra “confirmado por decenas de resoluciones de la Dirección Regional de Aguas” y que, al ser el agua un derecho humano, quienes la usurpan “cometen delitos de lesa humanidad”.
El movimiento también acusa que la Dirección General de Aguas, DGA, ha seguido entregando derechos de aprovechamiento, después que ella misma declarará, en 2004, agotados los ríos Ligua y Petorca en la Región de Valparaíso.
En este sentido la diputada PPD Cristina Girardi, quien encabeza la recientemente creada Bancada Transversal del Agua, recalcó que le habían enviado un oficio al Contralor hace un mes para que fiscalizara las acciones de la DGA en cuencas agotadas y que durante esta cita se llegó a un acuerdo.
La parlamentaria opositora detalló que el Contralor se comprometió hacer un programa de fiscalización que “lo trabajemos en conjunto, incluso con la DGA. Ellos van a citar a la DGA, lo van a poner en conocimiento de esta fiscalización y nosotros vamos a tratar de orientar con él la fiscalización que se tiene que hacer a lo largo de todo Chile de cómo hoy se están otorgando derechos en lugares donde la gente no tiene agua para tomar, para el alcantarillado, donde la gente está defecando en bolsas y claramente los que se están aprovechando del recurso agua son las grandes empresas y dejando de lado la posibilidad del recurso de agua para la vida”.
Modatima responsabiliza además al Código de Aguas de 1981 de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua, y otorgarle al Estado “la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de agua a privados (…) en detrimento de la satisfacción de las necesidades de agua de riego o bebida para la población.”
Cabe señalar que recientemente el ex ministro del Interior y socio de la empresa agrícola Cóndor, Edmundo Pérez Yoma, interpuso una querella criminal por injurias en contra de Rodrigo Mundaca, secretario general del movimiento, por involucrarlo en la usurpación de aguas en la provincia y la existencia de drenes ilegales.
En este sentido, Mundaca manifestó estar tranquilo para enfrentar la acción judicial, ya que, según él se trata de “una querella que busca silenciar la lucha por el agua, que a mi juicio atenta contra dos principios que son básicos. El principio de la defensa que tenemos todos los ciudadanos en torno a un delito tan atroz como es la usurpación de agua y la libertad de expresión. Sin embargo, la querella nos encuentra en un muy buen momento. Nuestra organización está de pie, está luchando”.
Junto con Pérez Yoma, otras personas que han sido involucradas en la usurpación de aguas en la zona son el diputado DC Eduardo Cerda, el ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, y el empresario vitivinícola Aurelio Montes.
En la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora de extracción ilegal de Aguas y áridos de los ríos del país ya finalizó su trabajo y su informe será presentado próximamente a la sala para ser discutido y votado.
Integrantes del Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima) expusieron frente al Contralor Ramiro Mendoza la usurpación ilícita de aguas, por parte de políticos y empresarios, sobre terrenos de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, produciendo una mayor escasez del recurso hídrico en la zona.
Esto se suma a una declaración pública de la organización, aparecida hace algunos días, donde aseguran que el problema se encuentra “confirmado por decenas de resoluciones de la Dirección Regional de Aguas” y que, al ser el agua un derecho humano, quienes la usurpan “cometen delitos de lesa humanidad”.
El movimiento también acusa que la Dirección General de Aguas, DGA, ha seguido entregando derechos de aprovechamiento, después que ella misma declarará, en 2004, agotados los ríos Ligua y Petorca en la Región de Valparaíso.
En este sentido la diputada PPD Cristina Girardi, quien encabeza la recientemente creada Bancada Transversal del Agua, recalcó que le habían enviado un oficio al Contralor hace un mes para que fiscalizara las acciones de la DGA en cuencas agotadas y que durante esta cita se llegó a un acuerdo.
La parlamentaria opositora detalló que el Contralor se comprometió hacer un programa de fiscalización que “lo trabajemos en conjunto, incluso con la DGA. Ellos van a citar a la DGA, lo van a poner en conocimiento de esta fiscalización y nosotros vamos a tratar de orientar con él la fiscalización que se tiene que hacer a lo largo de todo Chile de cómo hoy se están otorgando derechos en lugares donde la gente no tiene agua para tomar, para el alcantarillado, donde la gente está defecando en bolsas y claramente los que se están aprovechando del recurso agua son las grandes empresas y dejando de lado la posibilidad del recurso de agua para la vida”.
Modatima responsabiliza además al Código de Aguas de 1981 de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua, y otorgarle al Estado “la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de agua a privados (…) en detrimento de la satisfacción de las necesidades de agua de riego o bebida para la población.”
Cabe señalar que recientemente el ex ministro del Interior y socio de la empresa agrícola Cóndor, Edmundo Pérez Yoma, interpuso una querella criminal por injurias en contra de Rodrigo Mundaca, secretario general del movimiento, por involucrarlo en la usurpación de aguas en la provincia y la existencia de drenes ilegales.
En este sentido, Mundaca manifestó estar tranquilo para enfrentar la acción judicial, ya que, según él se trata de “una querella que busca silenciar la lucha por el agua, que a mi juicio atenta contra dos principios que son básicos. El principio de la defensa que tenemos todos los ciudadanos en torno a un delito tan atroz como es la usurpación de agua y la libertad de expresión. Sin embargo, la querella nos encuentra en un muy buen momento. Nuestra organización está de pie, está luchando”.
Junto con Pérez Yoma, otras personas que han sido involucradas en la usurpación de aguas en la zona son el diputado DC Eduardo Cerda, el ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, y el empresario vitivinícola Aurelio Montes.
En la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora de extracción ilegal de Aguas y áridos de los ríos del país ya finalizó su trabajo y su informe será presentado próximamente a la sala para ser discutido y votado.
Integrantes del Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima) expusieron frente al Contralor Ramiro Mendoza la usurpación ilícita de aguas, por parte de políticos y empresarios, sobre terrenos de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, produciendo una mayor escasez del recurso hídrico en la zona.
Esto se suma a una declaración pública de la organización, aparecida hace algunos días, donde aseguran que el problema se encuentra “confirmado por decenas de resoluciones de la Dirección Regional de Aguas” y que, al ser el agua un derecho humano, quienes la usurpan “cometen delitos de lesa humanidad”.
El movimiento también acusa que la Dirección General de Aguas, DGA, ha seguido entregando derechos de aprovechamiento, después que ella misma declarará, en 2004, agotados los ríos Ligua y Petorca en la Región de Valparaíso.
En este sentido la diputada PPD Cristina Girardi, quien encabeza la recientemente creada Bancada Transversal del Agua, recalcó que le habían enviado un oficio al Contralor hace un mes para que fiscalizara las acciones de la DGA en cuencas agotadas y que durante esta cita se llegó a un acuerdo.
La parlamentaria opositora detalló que el Contralor se comprometió hacer un programa de fiscalización que “lo trabajemos en conjunto, incluso con la DGA. Ellos van a citar a la DGA, lo van a poner en conocimiento de esta fiscalización y nosotros vamos a tratar de orientar con él la fiscalización que se tiene que hacer a lo largo de todo Chile de cómo hoy se están otorgando derechos en lugares donde la gente no tiene agua para tomar, para el alcantarillado, donde la gente está defecando en bolsas y claramente los que se están aprovechando del recurso agua son las grandes empresas y dejando de lado la posibilidad del recurso de agua para la vida”.
Modatima responsabiliza además al Código de Aguas de 1981 de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua, y otorgarle al Estado “la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de agua a privados (…) en detrimento de la satisfacción de las necesidades de agua de riego o bebida para la población.”
Cabe señalar que recientemente el ex ministro del Interior y socio de la empresa agrícola Cóndor, Edmundo Pérez Yoma, interpuso una querella criminal por injurias en contra de Rodrigo Mundaca, secretario general del movimiento, por involucrarlo en la usurpación de aguas en la provincia y la existencia de drenes ilegales.
En este sentido, Mundaca manifestó estar tranquilo para enfrentar la acción judicial, ya que, según él se trata de “una querella que busca silenciar la lucha por el agua, que a mi juicio atenta contra dos principios que son básicos. El principio de la defensa que tenemos todos los ciudadanos en torno a un delito tan atroz como es la usurpación de agua y la libertad de expresión. Sin embargo, la querella nos encuentra en un muy buen momento. Nuestra organización está de pie, está luchando”.
Junto con Pérez Yoma, otras personas que han sido involucradas en la usurpación de aguas en la zona son el diputado DC Eduardo Cerda, el ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, y el empresario vitivinícola Aurelio Montes.
En la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora de extracción ilegal de Aguas y áridos de los ríos del país ya finalizó su trabajo y su informe será presentado próximamente a la sala para ser discutido y votado.
