El lunes 7 de mayo, la Red Ciudadana por Ñuñoa y la Fundación Defendamos la Ciudad solicitaron a la seremi de Vivienda, Marisol Rojas, este estudio sobre la falla de San Ramón. Sin embargo, ésta se negó a entregarlo afirmando que forma parte de los antecedentes para la aprobación del nuevo Plan Regulador Metropolitano.
Las organizaciones calificaron esto como “una tremenda contradicción” y llegaron al Consejo para la Transparencia para solicitar que el organismo le exija a la autoridad revelar el material e incorporar así los antecedentes a una presentación que realizaron a Contraloría, pidiendo que no se aprobaran las modificaciones al plan regulador, ya que no se consideraron las observaciones ciudadanas.
El secretario del colegio de Arquitectos, Julio Alegría, afirmó que dentro de estas inquietudes es fundamental la preocupación por la falla de San Ramón, que se extiende por 25 kilómetros entre los ríos Mapocho y Maipo, y que podría estar activa llegando a generar, incluso, un terremoto de 7 grados en la escala Richter.
“Me parece que es una falta de claridad tremenda, es una inmoralidad, por cuanto al no poner en conocimiento a las personas de un riesgo geológico, se está poniendo en riesgo la posibilidad de que las personas elijan vivir allí o no, también. La falta de transparencia al final de cuentas puede transformarse en una situación de muertes por omisión”, indicó Alegría.
Por su parte, Moisés Scherman, dirigente de la Red Ciudadana por Nuñoa añadió que esta situación es grave ya que, en definitiva, no se está haciendo nada por impedir que se repitan daños como los del terremoto del 27 de febrero del 2010, al permitir que se construya en zonas de alto riesgo, y añadió que esta conducta no es nueva en el actuar de las autoridades de Vivienda.
“La seremi de Vivienda ha actuado siempre así, no tiene ninguna diferencia. Desde que yo tengo recuerdos de que estoy en estos temas, hace diez años, la seremi de Vivienda se ha guiado en todo lo que es planificación territorial y uso de suelos en Santiago y en todo Chile por lo que le dice la Cámara Chilena de la Construcción. No es raro que, justamente, la Cámara Chilena de la Construcción le haya encargado a la escuela de Arquitectura de la Católica, que incluye que obviamente se necesitan más hectáreas”, sostuvo el dirigente.
Scherman añadió que el estudio de los empresarios busca ejercer presión frente a la ofensiva que están dando las organizaciones ciudadanas para frenar el aumento del radio urbano de la capital.
Además, advirtió, que con los pasos que está tomando la autoridad se puede observar que se alejan del asunto de fondo que es “hacer un mapa de riesgo sísmico de nuestro país e incorporarlo activamente a la planificación territorial de las distintas reparticiones públicas”.
El lunes 7 de mayo, la Red Ciudadana por Ñuñoa y la Fundación Defendamos la Ciudad solicitaron a la seremi de Vivienda, Marisol Rojas, este estudio sobre la falla de San Ramón. Sin embargo, ésta se negó a entregarlo afirmando que forma parte de los antecedentes para la aprobación del nuevo Plan Regulador Metropolitano.
Las organizaciones calificaron esto como “una tremenda contradicción” y llegaron al Consejo para la Transparencia para solicitar que el organismo le exija a la autoridad revelar el material e incorporar así los antecedentes a una presentación que realizaron a Contraloría, pidiendo que no se aprobaran las modificaciones al plan regulador, ya que no se consideraron las observaciones ciudadanas.
El secretario del colegio de Arquitectos, Julio Alegría, afirmó que dentro de estas inquietudes es fundamental la preocupación por la falla de San Ramón, que se extiende por 25 kilómetros entre los ríos Mapocho y Maipo, y que podría estar activa llegando a generar, incluso, un terremoto de 7 grados en la escala Richter.
“Me parece que es una falta de claridad tremenda, es una inmoralidad, por cuanto al no poner en conocimiento a las personas de un riesgo geológico, se está poniendo en riesgo la posibilidad de que las personas elijan vivir allí o no, también. La falta de transparencia al final de cuentas puede transformarse en una situación de muertes por omisión”, indicó Alegría.
Por su parte, Moisés Scherman, dirigente de la Red Ciudadana por Nuñoa añadió que esta situación es grave ya que, en definitiva, no se está haciendo nada por impedir que se repitan daños como los del terremoto del 27 de febrero del 2010, al permitir que se construya en zonas de alto riesgo, y añadió que esta conducta no es nueva en el actuar de las autoridades de Vivienda.
“La seremi de Vivienda ha actuado siempre así, no tiene ninguna diferencia. Desde que yo tengo recuerdos de que estoy en estos temas, hace diez años, la seremi de Vivienda se ha guiado en todo lo que es planificación territorial y uso de suelos en Santiago y en todo Chile por lo que le dice la Cámara Chilena de la Construcción. No es raro que, justamente, la Cámara Chilena de la Construcción le haya encargado a la escuela de Arquitectura de la Católica, que incluye que obviamente se necesitan más hectáreas”, sostuvo el dirigente.
Scherman añadió que el estudio de los empresarios busca ejercer presión frente a la ofensiva que están dando las organizaciones ciudadanas para frenar el aumento del radio urbano de la capital.
Además, advirtió, que con los pasos que está tomando la autoridad se puede observar que se alejan del asunto de fondo que es “hacer un mapa de riesgo sísmico de nuestro país e incorporarlo activamente a la planificación territorial de las distintas reparticiones públicas”.
El lunes 7 de mayo, la Red Ciudadana por Ñuñoa y la Fundación Defendamos la Ciudad solicitaron a la seremi de Vivienda, Marisol Rojas, este estudio sobre la falla de San Ramón. Sin embargo, ésta se negó a entregarlo afirmando que forma parte de los antecedentes para la aprobación del nuevo Plan Regulador Metropolitano.
Las organizaciones calificaron esto como “una tremenda contradicción” y llegaron al Consejo para la Transparencia para solicitar que el organismo le exija a la autoridad revelar el material e incorporar así los antecedentes a una presentación que realizaron a Contraloría, pidiendo que no se aprobaran las modificaciones al plan regulador, ya que no se consideraron las observaciones ciudadanas.
El secretario del colegio de Arquitectos, Julio Alegría, afirmó que dentro de estas inquietudes es fundamental la preocupación por la falla de San Ramón, que se extiende por 25 kilómetros entre los ríos Mapocho y Maipo, y que podría estar activa llegando a generar, incluso, un terremoto de 7 grados en la escala Richter.
“Me parece que es una falta de claridad tremenda, es una inmoralidad, por cuanto al no poner en conocimiento a las personas de un riesgo geológico, se está poniendo en riesgo la posibilidad de que las personas elijan vivir allí o no, también. La falta de transparencia al final de cuentas puede transformarse en una situación de muertes por omisión”, indicó Alegría.
Por su parte, Moisés Scherman, dirigente de la Red Ciudadana por Nuñoa añadió que esta situación es grave ya que, en definitiva, no se está haciendo nada por impedir que se repitan daños como los del terremoto del 27 de febrero del 2010, al permitir que se construya en zonas de alto riesgo, y añadió que esta conducta no es nueva en el actuar de las autoridades de Vivienda.
“La seremi de Vivienda ha actuado siempre así, no tiene ninguna diferencia. Desde que yo tengo recuerdos de que estoy en estos temas, hace diez años, la seremi de Vivienda se ha guiado en todo lo que es planificación territorial y uso de suelos en Santiago y en todo Chile por lo que le dice la Cámara Chilena de la Construcción. No es raro que, justamente, la Cámara Chilena de la Construcción le haya encargado a la escuela de Arquitectura de la Católica, que incluye que obviamente se necesitan más hectáreas”, sostuvo el dirigente.
Scherman añadió que el estudio de los empresarios busca ejercer presión frente a la ofensiva que están dando las organizaciones ciudadanas para frenar el aumento del radio urbano de la capital.
Además, advirtió, que con los pasos que está tomando la autoridad se puede observar que se alejan del asunto de fondo que es “hacer un mapa de riesgo sísmico de nuestro país e incorporarlo activamente a la planificación territorial de las distintas reparticiones públicas”.
