“Este es un juicio histórico, cargado de mucho simbolismo que sirvió para mantener viva la memoria y el reclamo de justicia, contra la impunidad y que no tiene antecedentes en el mundo porque tampoco tiene antecedentes el robo de menores de la manera en que se llevó a cabo en la dictadura argentina”, dijo a la AFP Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa.

Videla, de 86 años, quien tras ser condenado a cárcel perpetua en el juicio a las juntas de 1983 fue indultado en 1990, volvió a ser detenido en 1998 acusado por el plan sistemático de robo de bebés que llegó a juicio el 28 de febrero de 2011.

Junto a Videla y Bignone (84), para quienes se pidió hasta 50 años de prisión, está Jorge Acosta, jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el más emblemático campo de concentración de la dictadura, además de otros tres ex jefes militares, un obstetra y un agente de inteligencia.

En este juicio se ventilaron 35 casos de apropiación de niños, de los cuales 26 recuperaron su identidad, “como un muestrario del plan sistemático que ocurrió en distintos centros clandestinos de detención”, según Abuelas de Plaza de Mayo, entidad humanitaria creada en 1977 y candidata al premio Nobel de la Paz 2012.

“Es imposible que se hayan establecido lugares especiales para embarazadas dentro de los centros de detención y toda una logística sin una decisión de las cúpulas”, señaló Iud.
Abuelas estima en 500 los niños robados al nacer durante el cautiverio de sus madres, la mayoría desaparecidas, de los cuales 105 recuperaron su identidad.

Hasta el momento hubo varios juicios por casos puntuales de robo de niños con condenas confirmadas de hasta 16 años para los apropiadores.

Durante el actual proceso se abordó entre otros el caso de Aníbal Simón Méndez Gatti, hijo de los uruguayos Sara Méndez y Mauricio Gatti, recuperado en 2002, y el de Macarena Gelman, hija de Marcelo Gelman y María Claudia Iruretagoyena y nieta del poeta argentino Juan Gelman, apropiada en Uruguay y que conoció su verdadera identidad en 1999.

También figura la historia de los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, que tenían 4 y un año y medio en 1976 cuando fueron secuestrados junto a sus padres luego desaparecidos en Buenos Aires, llevados a Montevideo y abandonados luego en una plaza de Chile, en un caso emblemático del Plan Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur.

En su alegato final, Videla, quien recibió en 2010 su segunda condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, señaló como “terroristas” a esas mujeres que dieron a luz en las mazmorras de la dictadura, tras lo cual muchas veces eran arrojadas vivas al mar desde aviones militares en vuelo.

“Todas las parturientas, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terrorismo. Usaron a sus hijos como escudos humanos”, dijo el ex dictador ante el tribunal.
Según Videla, la existencia de un plan sistemático para sustraer menores “es una falacia (…), había órdenes estrictas y escritas para restituir menores desvalidos a sus familiares”.

En cambio, Elliott Abrams, ex subsecretario de Derechos Humanos del departamento de Estado norteamericano (1982-1985), reveló durante el juicio que Estados Unidos sabía lo que ocurría en Argentina.

“Pensábamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban, y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos niños se entregaran a otras familias”, declaró desde el consulado argentino en Washington.

“Fuimos un botín de guerra del régimen”, afirmó Leonardo Fossati (35 años), uno de los nietos recuperados.

La lectura de la sentencia será transmitida en directo por Abuelas en una pantalla gigante montada frente a los tribunales porteños, donde se celebrará un acto de activistas de los derechos humanos.

La dictadura hizo desaparecer a unas 30.000 personas, según organismos humanitarios.