Frente a una serie de ataques de desconocidos a fundos y predios de agricultores en la región de La Araucanía, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, aseguró que “comprende” que algunos agricultores hayan tomado la decisión de adquirir armas de fuego para proteger a sus familias ante la frecuencia de ataques incendiarios en la zona.

Mayol destacó en primera instancia que “no corresponde” esta autoprotección ya que para eso están los tribunales de justicia y estamos en un Estado de Derecho, pero afirmó que “la ley contempla lo que es la legítima defensa, eso está contemplado, entonces uno puede tener dentro de la legalidad algún grado de resguardo”.

Al segundo, parlamentarios de distintos sectores criticaron sus palabras. Uno de ellos fue el senador PPD Eugenio Tuma, al afirmar que es inconcebible que se haga un llamado a armarse a la comunidad, para desarrollar la supuesta guerrilla que no existe en la región y criticó la vía a la que apuntó el titular de Agricultura.

En esa línea, el senador Tuma señaló: “El ministro de Agricultura señala un camino, que no es el camino legal Constitucional que nos señala el Estado de Derecho. De tal manera, que este es un Gobierno terminal muy transitorio respecto de lo que desean las mayorías”.

Para el senador, se está reconociendo “que el Estado y el Gobierno no garantizan la seguridad de las personas y eso tiene una sola lectura, el Gobierno no es incapaz de hacerlo porque son incapaces sus ministros”.

Por otro lado, el diputado DC, Fuad Chaín, afirmó que lo expresado por Mayol es absolutamente errado, ya que lo que corresponde es que primero el Estado de Derecho y añadió que jamás se pueden amparar grupos que empiecen a armarse para hacer justicia por su propia mano.

Es en este contexto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, desautorizó las palabras del titular de Agricultura. “No me gusta, por inclinación personal, el ejercicio de la legítima defensa, como de alguna manera sería lo que se está insinuando aquí. Si entiendo los pesares, los sufrimientos de muchas personas en La Araucanía que han sufrido atentados muy violentos. El énfasis correcto es que es el Estado y no los particulares los que deben responder a este tipo de hechos”.

Por otro lado, los comuneros sostuvieron que estos dichos van en línea con la criminalización de la protesta social por la recuperación de tierras, la que se explica en la aplicación de leyes aberrantes como la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado y la Justicia Militar, que tienen la finalidad de buscar condenas arbitras para frenar estas demandas que, de ser reconocidas, obligarían al Estado a brindar autonomía a los mapuche y a ceder su territorio.