Un grupo de observadores de derechos humanos del Observatorio Ciudadano, encabezado por su co-director, José Aylwin, se trasladaron hasta la cárcel de Angol para constatar en terreno las denuncias de hacinamiento que afectan a presos mapuche en dicho recinto penal.
Según Aylwin, se pudo confirmar la información ya que doce personas privadas de libertad se encuentran en una celda diseñada para sólo seis: “Esto contrasta con la situación de otras personas privadas de libertad en la cárcel, no indígenas, que tienen condiciones diferentes. A decir verdad, en el penal de Angol, que tiene una capacidad para 270 personas hay sobre 400, se mantiene el patrón de hacinamiento que existe en el país. Sin embargo, este parece perjudicar de manera especial a la población mapuche”, dijo.
El abogado advirtió además que el escaso espacio para los imputados o condenados mapuche impide la realización de actividades propias de su cultura, tanto espirituales, como deportivas, ya que si bien en la cárcel hay una cancha destinada al fútbol, no existe un espacio para la práctica del palín.
El co-director del Observatorio Ciudadano recalcó que esto es especialmente crítico en el marco del Convenio 169 de la OIT: “Este establece que se deberán preferir penas diferentes del encarcelamiento cuando se trata de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Obviamente no se está dando cumplimiento a las disposiciones del convenio, toda vez que el Estado chileno ha preferido las penas de privación de libertad”, subrayó.
José Aylwin anunció que se realizarán todas las gestiones administrativas necesarias para resolver la implementación de mejoras en las condiciones de prisión de los comuneros, sobre todo al tratarse, según dijo, de presos políticos y no delincuentes comunes.
Desde el Observatorio Ciudadano también aseguran que harán todo lo posible para que se resuelvan prontamente las peticiones de beneficios carcelarios que están aún pendientes, como es el caso de Ramón Llanquileo o Jonatan Huillical.
La pareja de Llanquileo, Pamela Pesoa, manifestó su esperanza en que la situación actual sea mejorada: “Yo creo que en algún momento tiene que verse el tema de la prisión política mapuche, en el sentido de que estén en un lugar que cumpla con los estándares internacionales, que sea apto para ellos como mapuche, donde no estén hacinados, donde estén separados de la población penal común y donde puedan estar juntos, reunidos, para realizar sus actividades culturales y también políticas, como tienen derecho a seguirlo haciendo”, dijo.
Para Pamela Pesoa, este problema se enmarca en el conflicto mayor entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, por lo que mientras siga existiendo represión van a seguir habiendo presos políticos por esta causa.
Cabe señalar que a esta cárcel ingresaron personas procesadas a raíz de los hechos ocurridos en Wente Winkul Mapu, y considerando los nuevos conflictos en el sur, todo parece indicar que podría aumentar el hacinamiento del recinto.
Un grupo de observadores de derechos humanos del Observatorio Ciudadano, encabezado por su co-director, José Aylwin, se trasladaron hasta la cárcel de Angol para constatar en terreno las denuncias de hacinamiento que afectan a presos mapuche en dicho recinto penal.
Según Aylwin, se pudo confirmar la información ya que doce personas privadas de libertad se encuentran en una celda diseñada para sólo seis: “Esto contrasta con la situación de otras personas privadas de libertad en la cárcel, no indígenas, que tienen condiciones diferentes. A decir verdad, en el penal de Angol, que tiene una capacidad para 270 personas hay sobre 400, se mantiene el patrón de hacinamiento que existe en el país. Sin embargo, este parece perjudicar de manera especial a la población mapuche”, dijo.
El abogado advirtió además que el escaso espacio para los imputados o condenados mapuche impide la realización de actividades propias de su cultura, tanto espirituales, como deportivas, ya que si bien en la cárcel hay una cancha destinada al fútbol, no existe un espacio para la práctica del palín.
El co-director del Observatorio Ciudadano recalcó que esto es especialmente crítico en el marco del Convenio 169 de la OIT: “Este establece que se deberán preferir penas diferentes del encarcelamiento cuando se trata de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Obviamente no se está dando cumplimiento a las disposiciones del convenio, toda vez que el Estado chileno ha preferido las penas de privación de libertad”, subrayó.
José Aylwin anunció que se realizarán todas las gestiones administrativas necesarias para resolver la implementación de mejoras en las condiciones de prisión de los comuneros, sobre todo al tratarse, según dijo, de presos políticos y no delincuentes comunes.
Desde el Observatorio Ciudadano también aseguran que harán todo lo posible para que se resuelvan prontamente las peticiones de beneficios carcelarios que están aún pendientes, como es el caso de Ramón Llanquileo o Jonatan Huillical.
La pareja de Llanquileo, Pamela Pesoa, manifestó su esperanza en que la situación actual sea mejorada: “Yo creo que en algún momento tiene que verse el tema de la prisión política mapuche, en el sentido de que estén en un lugar que cumpla con los estándares internacionales, que sea apto para ellos como mapuche, donde no estén hacinados, donde estén separados de la población penal común y donde puedan estar juntos, reunidos, para realizar sus actividades culturales y también políticas, como tienen derecho a seguirlo haciendo”, dijo.
Para Pamela Pesoa, este problema se enmarca en el conflicto mayor entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, por lo que mientras siga existiendo represión van a seguir habiendo presos políticos por esta causa.
Cabe señalar que a esta cárcel ingresaron personas procesadas a raíz de los hechos ocurridos en Wente Winkul Mapu, y considerando los nuevos conflictos en el sur, todo parece indicar que podría aumentar el hacinamiento del recinto.
Un grupo de observadores de derechos humanos del Observatorio Ciudadano, encabezado por su co-director, José Aylwin, se trasladaron hasta la cárcel de Angol para constatar en terreno las denuncias de hacinamiento que afectan a presos mapuche en dicho recinto penal.
Según Aylwin, se pudo confirmar la información ya que doce personas privadas de libertad se encuentran en una celda diseñada para sólo seis: “Esto contrasta con la situación de otras personas privadas de libertad en la cárcel, no indígenas, que tienen condiciones diferentes. A decir verdad, en el penal de Angol, que tiene una capacidad para 270 personas hay sobre 400, se mantiene el patrón de hacinamiento que existe en el país. Sin embargo, este parece perjudicar de manera especial a la población mapuche”, dijo.
El abogado advirtió además que el escaso espacio para los imputados o condenados mapuche impide la realización de actividades propias de su cultura, tanto espirituales, como deportivas, ya que si bien en la cárcel hay una cancha destinada al fútbol, no existe un espacio para la práctica del palín.
El co-director del Observatorio Ciudadano recalcó que esto es especialmente crítico en el marco del Convenio 169 de la OIT: “Este establece que se deberán preferir penas diferentes del encarcelamiento cuando se trata de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Obviamente no se está dando cumplimiento a las disposiciones del convenio, toda vez que el Estado chileno ha preferido las penas de privación de libertad”, subrayó.
José Aylwin anunció que se realizarán todas las gestiones administrativas necesarias para resolver la implementación de mejoras en las condiciones de prisión de los comuneros, sobre todo al tratarse, según dijo, de presos políticos y no delincuentes comunes.
Desde el Observatorio Ciudadano también aseguran que harán todo lo posible para que se resuelvan prontamente las peticiones de beneficios carcelarios que están aún pendientes, como es el caso de Ramón Llanquileo o Jonatan Huillical.
La pareja de Llanquileo, Pamela Pesoa, manifestó su esperanza en que la situación actual sea mejorada: “Yo creo que en algún momento tiene que verse el tema de la prisión política mapuche, en el sentido de que estén en un lugar que cumpla con los estándares internacionales, que sea apto para ellos como mapuche, donde no estén hacinados, donde estén separados de la población penal común y donde puedan estar juntos, reunidos, para realizar sus actividades culturales y también políticas, como tienen derecho a seguirlo haciendo”, dijo.
Para Pamela Pesoa, este problema se enmarca en el conflicto mayor entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, por lo que mientras siga existiendo represión van a seguir habiendo presos políticos por esta causa.
Cabe señalar que a esta cárcel ingresaron personas procesadas a raíz de los hechos ocurridos en Wente Winkul Mapu, y considerando los nuevos conflictos en el sur, todo parece indicar que podría aumentar el hacinamiento del recinto.
