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Mapuches exigen ser considerados en discusión por Ley de Pesca

En la cuarta sesión de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, que por primera vez se realizó en Santiago, el tema de discusión fue cómo las comunidades se han visto afectadas producto de la denominada Ley de Pesca y la necesidad de establecer una consulta sobre los temas que afectan directamente a los pueblos indígena.

Paula Correa

  Jueves 5 de julio 2012 14:55 hrs. 
pescadores

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“Pescador Artesanal, no habilita para ejercer actividad pesquera”, o “Buzo Mariscador Básico, no habilita para efectuar actividad pesquera” señalan las credenciales otorgadas por la misma Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante a miembros, pescadores artesanales, de la Identidad Territorial Lafkenche.

Estas son algunas de las incongruencias que permite la actual legislación y que, afirman, está amparando también la nueva Ley de Pesca que en estos momentos está en discusión en el Congreso, sin haber sido consultada con los mapuche que viven en el borde costero y que dependen de los recursos del mar, quienes llegaron a la cuarta sesión de la Comisión a denunciar estos hechos.

La Comisión se formó al finalizar la huelga de hambre de los presos políticos mapuche del 2011, que se extendió por 87 días, y tiene como objetivos la modificación de la Ley Antiterrorista, así como  la realización de un completo informe que dé cuenta de las violaciones de derechos de los pueblos indígenas.

En este contexto, Adolfo Millabur, vocero de los lafkenches, afirmó qu el Gobierno no  está respetando los lineamientos internacionales, pues el Convenio 169 de la OIT “da derecho a que cuando hay recursos naturales afectados los primeros beneficiados para poder acceder a esos recursos son los pueblos originario”.

“Si queremos hablar por la prensa, por los medios de comunicación y si hablamos de desarrollo, y sobre todo de desarrollo económico, aquí hay una oportunidad, los recursos pesqueros son una oportunidad para la sobrevivencia, pero también para generar economía en nuestro pueblo. Tenemos el legítimo derecho a ser incluidos en la distribución de los recursos naturales, especialmente en este caso”, añadió Millabur.

Efectivamente, la discusión de la ley está sólo a días de finalizar sin escuchar o si quiera invitar a su debate al pueblo Mapuche afectado.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, uno de los patrocinadores de la comisión, su directora, Lorena Fries, señaló que “nos parece inconcebible que no se haya generado ninguna instancia de consulta a través del Parlamento o del Gobierno, que son dos poderes del Estado distintos, que debieran tener procedimientos de consulta en ambos casos cuando se afecta directamente la sobrevivencia de los pueblos indígenas”.

En la instancia estuvo presente Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas del ministerio Secretaría General de la Presidencia,  quien a petición del Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, aceptó a gestionar una reunión con el ministro de Economía, Pablo Longueira, para que escuche de primera fuente las demandas de los lafkenche y las incorpore “en la medida de lo posible”.

Sin embargo, Abogabir reconoció que el ministro Longueira, principal impulsor de esta ley, ya está al tanto del conflicto.

En esa línea, Juan Valeria Quilapán de la Coordinación de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas instó al funcionario de Estado a velar porque se cumpla la legislación: “Para efectos de Chile, el Convenio 169 es ley. La consulta y la participación tiene que estar presente, no se puede reducir a escuchar e incorporar, en la medida de lo posible, las observaciones, porque no es así. En el ejercicio real de los derechos es que tiene que hacerse una consulta sí o sí, porque esa ley nos afecta directamente”, sostuvo.

Quilapán hizo un llamado también a priorizar el trabajo que permita establecer un procedimiento de Consulta consensuado, representativo y transparente, tanto al Gobierno como a los parlamentarios, para que no se sigan tramitando iniciativas que no cuentan con el respaldo de quienes son sus principales afectados.

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