El máximo órgano jurisdiccional de los tribunales del Poder Judicial chileno, la Corte Suprema, encargada de pronunciarse sobre diversos temas de relevancia nacional, está atravesando por un período de recambio de integrantes, luego de la salida de los jueces Jaime Rodríguez, Sonia Araneda y Adalis Oyarzún.
Alfredo Pfeiffer, Carlos Aranguiz, Juan Muñoz, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda son los cinco candidatos de la quina elaborada por el máximo tribunal, de la cual el Presidente Sebastián Piñera escogería un nombre para enviar esta semana a votación en el Senado, que debe ratificar por dos tercios la decisión del Mandatario.
En el marco de las negociaciones que se tendrán que dar entre el Gobierno y los parlamentarios del oficialismo y la oposición para lograr el consenso, debido al alto quórum que se necesita en la Cámara Alta, en La Moneda han optado por dirimir cada nombre por separado, a diferencia de que lo se ha hecho en ocasiones anteriores donde se ha negociado internamente “un paquete de candidatos”, para mantener equilibrios políticos.
El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, David Ibaceta, sostuvo que lo que está haciendo el Gobierno “es tratar de evaluar de la mejor forma posible a cada uno de los candidatos, el Presidente de la República intenta mantener los equilibrios internos al interior de la Corte Suprema, que no solo tiene que ver con sensibilidades políticas , sino con sensibilidades de carácter valórico o religioso incluso”.
Asimismo, también sería una manera de evitar posibles vetos y, con ello, un tropiezo que sirviera de obstáculo para imponer el criterio del Ejecutivo en el máximo tribunal, lo que ha sucedido varias veces en el transcurso de los últimos años.
Sin ir más lejos, el propio juez Alfredo Pfeiffer, ya fue vetado en 2008 por la Concertación debido a su apoyo a la Ley de Aministía, la investigación de la muerte de Jaime Guzmán y por condenar a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En la vereda contraria, Carlos Cerda fue rechazado por la derecha en 2006, debido la investigación que hizo sobre la fortuna de Augusto Pinochet y su participación en varios casos de Derechos Humanos.
En este sentido, David Ibaceta, sostuvo que si bien el proceso al interior de la Corte Suprema “es bastante transparente e intenta, en lo posible, hacer prevalecer elementos de carrera funcionaria y de contenido de sus decisiones jurisdiccionales por otras decisiones, el tema es que esas buenas intenciones pueden verse desvirtuadas más adelante por la decisión que pueda tomar el Presidente, o más tarde el Senado”, dijo.
Por parte del Gobierno, las negociaciones serán encabezadas, tanto en la Alianza como en la oposición, por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en cuanto el Presidente Piñera comunique el nombre del candidato.
Mientras, en el Senado, los parlamentarios han evitado referirse anticipadamente al tema, aunque se habla de una Corte Suprema “más transparente”, luego que el organismo se viera cuestionado este año por “conflicto de intereses”, como fue en el caso del voto a favor del proyecto Hidroaysén por parte del juez Pedro Pierry, quien es propietario de acciones de Endesa, prinicipal empresa detrás de la hidroeléctrica.
El máximo órgano jurisdiccional de los tribunales del Poder Judicial chileno, la Corte Suprema, encargada de pronunciarse sobre diversos temas de relevancia nacional, está atravesando por un período de recambio de integrantes, luego de la salida de los jueces Jaime Rodríguez, Sonia Araneda y Adalis Oyarzún.
Alfredo Pfeiffer, Carlos Aranguiz, Juan Muñoz, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda son los cinco candidatos de la quina elaborada por el máximo tribunal, de la cual el Presidente Sebastián Piñera escogería un nombre para enviar esta semana a votación en el Senado, que debe ratificar por dos tercios la decisión del Mandatario.
En el marco de las negociaciones que se tendrán que dar entre el Gobierno y los parlamentarios del oficialismo y la oposición para lograr el consenso, debido al alto quórum que se necesita en la Cámara Alta, en La Moneda han optado por dirimir cada nombre por separado, a diferencia de que lo se ha hecho en ocasiones anteriores donde se ha negociado internamente “un paquete de candidatos”, para mantener equilibrios políticos.
El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, David Ibaceta, sostuvo que lo que está haciendo el Gobierno “es tratar de evaluar de la mejor forma posible a cada uno de los candidatos, el Presidente de la República intenta mantener los equilibrios internos al interior de la Corte Suprema, que no solo tiene que ver con sensibilidades políticas , sino con sensibilidades de carácter valórico o religioso incluso”.
Asimismo, también sería una manera de evitar posibles vetos y, con ello, un tropiezo que sirviera de obstáculo para imponer el criterio del Ejecutivo en el máximo tribunal, lo que ha sucedido varias veces en el transcurso de los últimos años.
Sin ir más lejos, el propio juez Alfredo Pfeiffer, ya fue vetado en 2008 por la Concertación debido a su apoyo a la Ley de Aministía, la investigación de la muerte de Jaime Guzmán y por condenar a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En la vereda contraria, Carlos Cerda fue rechazado por la derecha en 2006, debido la investigación que hizo sobre la fortuna de Augusto Pinochet y su participación en varios casos de Derechos Humanos.
En este sentido, David Ibaceta, sostuvo que si bien el proceso al interior de la Corte Suprema “es bastante transparente e intenta, en lo posible, hacer prevalecer elementos de carrera funcionaria y de contenido de sus decisiones jurisdiccionales por otras decisiones, el tema es que esas buenas intenciones pueden verse desvirtuadas más adelante por la decisión que pueda tomar el Presidente, o más tarde el Senado”, dijo.
Por parte del Gobierno, las negociaciones serán encabezadas, tanto en la Alianza como en la oposición, por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en cuanto el Presidente Piñera comunique el nombre del candidato.
Mientras, en el Senado, los parlamentarios han evitado referirse anticipadamente al tema, aunque se habla de una Corte Suprema “más transparente”, luego que el organismo se viera cuestionado este año por “conflicto de intereses”, como fue en el caso del voto a favor del proyecto Hidroaysén por parte del juez Pedro Pierry, quien es propietario de acciones de Endesa, prinicipal empresa detrás de la hidroeléctrica.
El máximo órgano jurisdiccional de los tribunales del Poder Judicial chileno, la Corte Suprema, encargada de pronunciarse sobre diversos temas de relevancia nacional, está atravesando por un período de recambio de integrantes, luego de la salida de los jueces Jaime Rodríguez, Sonia Araneda y Adalis Oyarzún.
Alfredo Pfeiffer, Carlos Aranguiz, Juan Muñoz, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda son los cinco candidatos de la quina elaborada por el máximo tribunal, de la cual el Presidente Sebastián Piñera escogería un nombre para enviar esta semana a votación en el Senado, que debe ratificar por dos tercios la decisión del Mandatario.
En el marco de las negociaciones que se tendrán que dar entre el Gobierno y los parlamentarios del oficialismo y la oposición para lograr el consenso, debido al alto quórum que se necesita en la Cámara Alta, en La Moneda han optado por dirimir cada nombre por separado, a diferencia de que lo se ha hecho en ocasiones anteriores donde se ha negociado internamente “un paquete de candidatos”, para mantener equilibrios políticos.
El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, David Ibaceta, sostuvo que lo que está haciendo el Gobierno “es tratar de evaluar de la mejor forma posible a cada uno de los candidatos, el Presidente de la República intenta mantener los equilibrios internos al interior de la Corte Suprema, que no solo tiene que ver con sensibilidades políticas , sino con sensibilidades de carácter valórico o religioso incluso”.
Asimismo, también sería una manera de evitar posibles vetos y, con ello, un tropiezo que sirviera de obstáculo para imponer el criterio del Ejecutivo en el máximo tribunal, lo que ha sucedido varias veces en el transcurso de los últimos años.
Sin ir más lejos, el propio juez Alfredo Pfeiffer, ya fue vetado en 2008 por la Concertación debido a su apoyo a la Ley de Aministía, la investigación de la muerte de Jaime Guzmán y por condenar a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En la vereda contraria, Carlos Cerda fue rechazado por la derecha en 2006, debido la investigación que hizo sobre la fortuna de Augusto Pinochet y su participación en varios casos de Derechos Humanos.
En este sentido, David Ibaceta, sostuvo que si bien el proceso al interior de la Corte Suprema “es bastante transparente e intenta, en lo posible, hacer prevalecer elementos de carrera funcionaria y de contenido de sus decisiones jurisdiccionales por otras decisiones, el tema es que esas buenas intenciones pueden verse desvirtuadas más adelante por la decisión que pueda tomar el Presidente, o más tarde el Senado”, dijo.
Por parte del Gobierno, las negociaciones serán encabezadas, tanto en la Alianza como en la oposición, por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en cuanto el Presidente Piñera comunique el nombre del candidato.
Mientras, en el Senado, los parlamentarios han evitado referirse anticipadamente al tema, aunque se habla de una Corte Suprema “más transparente”, luego que el organismo se viera cuestionado este año por “conflicto de intereses”, como fue en el caso del voto a favor del proyecto Hidroaysén por parte del juez Pedro Pierry, quien es propietario de acciones de Endesa, prinicipal empresa detrás de la hidroeléctrica.
